Si bien la noticia del apoyo de las Naciones Unidas (ONU) a La Pampa se hizo pública ayer, 20 de julio, la Fiscalía de Estado de Mendoza, que encabeza Fernando Simón, no se ha pronunciado ya que no ha sido notificada de manera oficial de la declaración de la entidad internacional.

Por medio de dos expertos, la ONU le pidió al Gobierno nacional que brinde una solución definitiva a la disputa de las dos provincias por la regulación del uso del río Atuel a fin de garantizar “el acceso equitativo al agua” y para que “se respeten los derechos de miles de personas afectadas desde hace seis décadas".

“El Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que vivieron durante décadas sin acceso adecuado al agua”, señaló el relator del organismo global sobre agua y saneamiento, Leo Heller.

Asimismo, exhortaron a los gobiernos de ambas provincias a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia que determina la interprovincialidad del río Atuel y a que regularicen la utilización del agua de forma compartida.

Por su parte, el diputado mendocino Gustavo Villegas (UCR) opinó que el pronunciamiento de los relatores de la ONU es “una acción declarativa que no constituye un alegato legal”.

El legislador indicó que “este es un proceso lento que ahora está judicializado” y que La Pampa no sólo tomó la vía judicial a través de la demanda interpuesta contra Mendoza sino que también buscó “aliados a nivel mundial”, en lugar “de poner la energía donde debería ponerla, que es en obras que permitan conservar el agua” en esa cuenca del norte de la vecina provincia.

En tanto, el diputado pampeano Martín Berhongaray (Frente Pampeano Cívico y Social - Frepam) aseguró que “la declaración de la ONU sobre el río Atuel es similar a las declaraciones que hace sobre Malvinas y que es un elemento más que fortalece la posición de La Pampa”.

El conflicto

Ya en mayo de 2014, La Pampa había demando a Mendoza ante la Corte Suprema para que se declare el incumplimiento al fallo del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del curso hídrico, en medio de un conflicto que tiene seis décadas.

La respuesta de Mendoza ante el máximo tribunal argentino se basó en otra disposición del mismo fallo, la cual establece que esa provincia tenía derecho a regar hasta 75.771 hectáreas, y luego compartir con La Pampa usos futuros.