El conflicto entre La Pampa y Mendoza por las aguas del río Atuel tendrá un nuevo capítulo. Será el 18 y 19 de agosto, cuando los integrantes de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación se trasladen a la provincia gobernada por Carlos Verna para escuchar los fundamentos del reclamo de los pampeanos.

Hasta el momento no habrá ningún representante de Mendoza en el encuentro. Desde el área de prensa de Fiscalía de Estado informaron que no recibieron ninguna invitación para participar en la reunión.

La noticia de que la Comisión de Ambiente se trasladará a La Pampa fue confirmada a El Diario de La Pampa por la senadora Norma Durango, quien resaltó que ya comprometió su presencia el presidente y senador del proyecto Sur Unen, Fernando Solanas. En reiteradas oportunidades, el cineasta reclamó a las autoridades de ambas provincias que logren un consenso en el uso del agua del Atuel y propuso la formación de un comité de cuenca como el que funciona para el Colorado, al tiempo que señaló que los ríos interprovinciales no son propiedad de una sola jurisdicción.
 

Un encuentro en Mendoza

Mucho antes del encuentro en La Pampa, el jueves 28 de julio se reunirán en Mendoza los integrantes del Comité de seguimiento del conflicto que se formó en el sur provincial. En la reunión participarán el intendente de General Alvear, Walther Marcolini, y los abogados Guarino Arias y Marcelo Romano, que representan a los regantes y bodegueros del sur.

Según confirmaron desde prensa de Fiscalía de Estado, también participará en la reunión el titular del organismo, Fernando Simón, y el director de Asuntos Ambientales, Amílcar Moyano, además de un representante del Departamento General de Irrigación (DGI), que expondrá sobre el caudal del río.
 

Claves del conflicto

El conflicto entre La Pampa y Mendoza por las aguas del río Atuel se remonta a 1947, cuando se construyó la represa Los Nihuiles. En 1987 la Corte de Justicia de la Nación dirimió el litigio: determinó que Mendoza tenía derechos adquiridos para regar hasta 75 mil hectáreas y el resto debía destinarse a La Pampa, y se expresó a favor de que ambas provincias negociaran y celebraran convenios para acordar la regulación en el uso del curso hídrico.

Pese a esto el conflicto continuó, ya que en mayo de 2014 La Pampa demandó a Mendoza ante la Corte, argumentando que la provincia fue la causante de daños sociales, económicos y ambientales por no permitir la utilización de las aguas del río.

Mendoza respondió a esa demanda. En el escrito resaltó la disposición del fallo del máximo tribunal, que estableció que la provincia tenía derecho a regar hasta 75 771 hectáreas y, a partir de ese número, compartir el caudal con La Pampa. En este sentido, detalló que los agricultores mendocinos no llegan a regar 50 mil hectáreas en producción, porque falta agua.

En la contestación de la demanda, Mendoza también destacó que invirtió 150 millones de pesos en obras de mejoramiento del sistema, a diferencia de la vecina provincia que no realizó inversiones de peso en infraestructura.

En junio de 2016 se conoció el dictamen de la Procuración de la Nación, que dio el aval a la demanda impulsada por el gobierno de La Pampa. Es decir que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia a través de un juicio.

La otra novedad se conoció a mediados de julio, cuando dos expertos de Naciones Unidas (ONU) pidieron al Gobierno argentino que se resuelva el conflicto para garantizar “el acceso equitativo al agua y que se respeten los derechos de miles de personas afectadas desde hace seis décadas". Pese a esto, el fiscal de Estado Fernando Simón aseguró que no fue notificado sobre el pedido de los expertos, por lo que evitó opinar hasta tener una confirmación oficial.