“Es difícil colaborar con las provincias cuando no hay información, ni un proyecto unificado y mucho menos coordinación”. Con esas palabras, el subsecretario de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Marcelo Rozas Garay, pidió en la Legislatura que Mendoza adhiera a un sistema nacional de prevención y asistencia ante cualquier tipo de riesgos, como sismos, incendios o inundaciones.

La Casa de las Leyes fue el sitio que eligió el funcionario nacional, para solicitar que Mendoza adhiera al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo (Sinager), a través de la aprobación de un proyecto que presentó el diputado demócrata Marcos Niven.

La ley nacional fue aprobada por unanimidad, pero hasta el momento sólo adhirieron Córdoba, Catamarca y Río Negro. En el resto de las provincias, como en el caso de Mendoza, se presentaron proyectos, pero no se trataron o aún no fueron sancionados.

El subsecretario de Riesgos de Desastres explicó los objetivos del sistema, acompañado por la vicegobernadora, Laura Montero; por el ministro de Seguridad, Gianni Venier, además de representantes de Defensa Civil de las comunas.

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Las falencias

Rozas Garay explicó que el objetivo central del sistema nacional es poner en marcha un mecanismo que permita prevenir, atender la emergencia y el día después en forma ordenada, planificada y con fondos específicos. Aseguró que, en la actualidad, cada provincia habla un idioma distinto, que cada una elabora mapas de riesgo y sistemas de alerta con criterios propios, lo que impide una respuesta eficiente frente a problemáticas tan diversas como un sismo, un incendio o una inundación.

El funcionario explicó que el sistema estará formado por un centro coordinador –que dependerá del Jefe de Gabinete–, por las provincias y las comunas, a las que consideró una pata esencial ya que son las primeras que asisten al vecino. También está incluidas las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Rozas Garay resaltó la ardua tarea de las organizaciones civiles y la solidaridad de los argentinos frente a los riesgos, pero aclaró que el Estado tiene la responsabilidad de coordinar esas acciones y evitar así que cada uno actúe según un criterio propio, porque eso puede crear caos, cuando se necesita una respuesta rápida y clara.

El funcionario explicó que también trabajan con un comité científico para conformar una central de alerta y monitoreo, y elaborar mapas de riesgos y sistemas de alarma, con criterios unificados para todo el país. También destacó que otro inconveniente que enfrentan es acceder en forma rápida a un presupuesto para enfrentar riesgos. Por eso, señaló que la ley incluye la formación de dos fondos: uno para la prevención y otro para la emergencia. Dijo que esto permitirá acceder a financiamiento específico, sin las trabas burocráticas con las que generalmente se topan.

La necesidad de que las provincias adhieran a la norma nacional, ya que la intención del Ejecutivo es presentar el plan nacional 2018/2023 los últimos días de noviembre en la ciudad de Bariloche, es vital para el subsecretario nacional.