Reynaldo Colmenares todavía no cae. Desde que lo llamaron para contarle que aprobaron la ley para indemnizar a los exempleados de YPF, volvieron los recuerdos de veinte años de lucha, las sensaciones del día que lo echaron, la desesperación de no saber qué hacer, el trabajar de cualquier cosa, el reclamo junto a sus compañeros, los cortes de ruta y, sobre todo, el acompañamiento de su familia. Dice que la plata que le paguen, sean uno o cien mil pesos, será de sus seis hijos e hijas, porque fueron ellos los que lo sostuvieron puertas adentro de la casa para que no cayera, para que siguiera reclamando.

Desde su casa en Carmensa, General Alvear, Reynaldo se desesperó por corroborar la noticia: encendió la radio y la televisión. Necesitaba una confirmación de que no era mentira que al fin, después de tantos años, se había hecho justicia, les habían reconocido sus derechos, esos que les fueron despojados desde el mismo día que los dejaron en la calle.

Reynaldo es uno de los 4000 extrabajadores mendocinos y uno de los 36 mil en todo el país que reclamaron durante más veinte años que les pagaran la indemnización que les correspondía por haber sido echados de YPF. Parecía que nada conmovía a los funcionarios ni a los legisladores, que estaban esperando que se murieran de viejos.

Gracias a la terquedad de los que siguieron peleando, eso cambió la semana pasada, cuando los diputados convirtieron en ley el proyecto que establece una indemnización por parte del Estado a favor de los exagentes de YPF, de sus herederos o derechohabientes, que no adhirieron al Programa de Propiedad Participada, o que habiéndolo hecho, no hubieran recibido el efectivo traspaso a su nombre de las acciones. La norma prevé que también podrán acceder al beneficio quienes no hayan percibido las indemnizaciones determinadas en sentencias judiciales, o los que sí las hayan percibido, pero les corresponde una diferencia a su favor.

Cada uno de los 36 mil exagentes recibirá un monto que será equivalente a la suma de 956 acciones de YPF, para las que se estableció un valor mínimo de 311 pesos. Es decir que cobrarían alrededor de 350 mil pesos.

La historia se remonta a 1991, cuando YPF pasó de ser Sociedad del Estado (SE) a Sociedad Anónima (SA), luego se privatizó y se prometió a los trabajadores el cobro de las acciones del Programa de Propiedad Participada. Pero en los dos años siguientes, la nueva conducción despidió al 75 por ciento de los empleados, los que quedaron sin posibilidad de cobrar, por una resolución del exministro de Economía, Domingo Cavallo, que dispuso que sólo podían obtener el dinero de las acciones los operarios en funciones.

En el 2001 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Estado debía pagar las acciones a quienes eran empleados de YPF al 1.º de enero de 1991. Después de más de veinte años, se acatará la decisión.
 

Orgullo de trabajador

Reynaldo disfruta de la sensación de justicia después de tantos años de no encontrarla, de que los trataran de locos, de sentir que los echaron de un plumazo sin importar a nadie sus vidas ni las de sus familias.

El hombre, que actualmente trabaja en un proyecto productivo, rememoró su historia, casi un calco de la que vivieron otras 36 mil personas. Recuerda que mientras estudiaba Ciencias Políticas y Administración Pública, concursó –junto a otros 100 estudiantes– para ingresar a YPF: sólo ocho pasaron la prueba y él fue uno de ellos.

Desde el día que Reynaldo ingresó con 26 años al departamento de Contrataciones de la firma en 1979, que estaba en Godoy Cruz, su vida cambió. Recibía un buen sueldo, tenía una excelente obra social y las autoridades de la empresa los incentivaban en forma permanente para que propusieran mejoras. Él ideó un nuevo sistema para controlar la producción de los pozos, que le valió un premio.

Para Reynaldo, trabajar en YPF era un orgullo. Tenía la marca grabada desde pequeño ya que su padre, Segundo Colmenares, ingresó al sector de exploración de la compañía en 1948. Entonces empezó la vida de nómade de su familia, que los llevó a General Alvear, Palmira, Rivadavia, Río Gallegos. Su padre se jubiló en 1976 y, aún hoy, Reynaldo recuerda el número de su legajo: 48864.

Con la privatización de la compañía, esa vida acomodada se terminó. Primero los obligaron a participar en cursos de perfeccionamiento que no les servían; luego les ofrecieron retiros voluntarios inconvenientes y, finalmente, los echaron. Para darles el golpe final, Cavallo decidió que los despedidos no tenían derecho a cobrar las acciones.

La vida de Reynaldo, al igual que las de sus compañeros, cambió radicalmente y para siempre. Se encontró parado frente a sus –en ese momento– tres hijos e hijas sin saber qué hacer, por dónde empezar. En ese camino de desesperación, hizo lo único posible, es decir, de todo: vendió un semanario, vendió publicidad, administró los bienes de una vecina, fue asesor en el Concejo Deliberante e hizo todas las changas que le ofrecía la iglesia de la zona para ayudarlo.

Reynaldo recuerda que sentía una preocupación constante, pero su familia fue el pilar en el que se apoyó y no lo dejó caer. Cuenta que para muchos otros, en cambio, el despido significó el fin. Algunas parejas no soportaron la presión, hubo compañeros que se suicidaron y otros, muchos, que se murieron esperando a una justicia que no llegó hasta ahora.

Los exempleados se mantuvieron en contacto, se reunieron y un día decidieron defender sus derechos. Reynaldo destaca especialmente a Oscar Landeiro por su fuerza, por su inquebrantable espíritu, por su lucha permanente, por haber soportado las calumnias de las que algunos medios masivos de comunicación se hicieron eco.

Landeiro –cuenta Reynaldo– fue uno de sus compañeros en las marchas, en los escraches y, sobre todo, en los muchos cortes de ruta que hicieron en el ingreso a la Destilería, en Luján de Cuyo, y en el Acceso Este. Sentían que algunos ciudadanos apoyaban su reclamo, pero que no les importaban sus vidas, que querían que los dejaran circular.

Durante uno de esos cortes de ruta, a Reynaldo le quedó grabada una conversación que mantuvieron con el juez federal Walter Bento, que fue hasta el lugar para pedirles que despejaran la ruta porque estaban cometiendo un delito. "¿Y qué hacemos entonces?", le preguntaron los exypefianos, a lo que el magistrado contestó que debían acudir a la Justicia. "¿Cuál es el máximo estamento de la Justicia?", le repreguntaron, a lo que el juez les contestó que la Corte Suprema. Fue en ese momento cuando le dijeron que ya tenían sentencia firme del máximo tribunal, pero que nadie la cumplía. Silencio. Reynaldo fue uno de los ex trabajadores que acudió a la Justicia, logró una sentencia firme, pero de todas formas nadie le pagó.

Hoy, todos esos días de lucha vuelven a su cabeza. Reynaldo asegura que lo salvó su familia, que fueron su gran fortaleza. Por eso dice que lo que cobre, sean uno o cien mil pesos, será de sus hijos e hijas que no lo dejaron derrumbarse, será para sus bastiones: Laura, Elena, Exequiel, Eugenia, Carla y Gabriel.

Reynaldo todavía no cae en la cuenta. Aunque ya escuchó la noticia, aunque ya leyó los diarios, no puede creer que a los 68 años y después de una lucha de más de 20 años, por fin, se hizo justicia.