Recientemente en los medios estuvo circulando la intención del Estado nacional de multar a las tarjetas de crédito, débito y medios de pago electrónicos por la denuncia que se presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por haber realizado “prima facie” conductas anticompetitivas y abuso de posición dominante de mercado. Esta es una de las aristas en las que puso la mira el Gobierno, pero hay muchas más y datan de largo tiempo.

La Ley 22262 de Defensa de la Competencia rige en la Argentina desde 1980. Su aplicación está a cargo de la CNDC, organismo que depende pura y exclusivamente de la Secretaría de Comercio de la Nación, dirigida hoy por Miguel Braun. Tanto la ley como la Secretaría deberían servir para batallar contra los actos o conductas que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en el mercado de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico nacional.

Dado este escenario, si se diera el caso de un grupo empresarial que fuese dueño del 80 % de la cuota de mercado porque compró todas las empresas que competían en esa misma cuota y, por ende, tienen la potestad para manipular los aumentos de precios –incrementando cada vez más sus márgenes de rentabilidad–, estaríamos ante un claro ejemplo de falta de competencia en el mercado y de abuso de posición dominante de estos grupos. Es aquí donde la ley y la CNDC deben hacer su trabajo.

Lamentablemente, esta situación denunciada por el Gobierno se repite en la mayoría de las industrias, principalmente en el sector de producción de alimentos. Tal es la concentración del mercado de alimentos que ya en 2011 el diario Página/12 publicaba los datos de la concentración del mercado argentino.

El 80 % del aceite que se consume dentro del país lo producen dos empresas: Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. En lácteos, el 78 % lo manejan La Serenísima y SanCor. En enlatados, la posición dominante la ejerce Arcor, que concentra el 70 %. El 75 % del azúcar que se consume es de Ledesma. La firma mexicana Bimbo compró en 2011 la totalidad de la empresa de panificaciones Fargo (que incluye a Lactal), quedándose con el 76 % de la venta de panificaciones en la Argentina. En adquisiciones más recientes, El Cronista Comercial anuncia la suma de La Salteña al Grupo Bimbo.

La concentración oligopólica no sólo existe en los alimentos. Empresas productoras de cemento, acero, aluminio, entre otras, elevan sus márgenes de rentabilidad y sus precios por encima de cualquier indicador nacional o internacional. Estas industrias son clave en cualquier economía ya que son la base para la generación de nueva infraestructura, lo que encarece todo proyecto que se realice.

No sería casualidad que sean estos mismos empresarios los que se nieguen a una apertura internacional del acero cuando su interés se desplaza de la preocupación por la industria nacional hacia el terror de perder sus elevados márgenes de rentabilidad. Ejemplo de esto es el precio interno y externo del acero durante 2001-2011. Mientras que para el mundo el precio del acero se incrementó el 300 % (datos del Banco Mundial), en la Argentina sufrimos subas de hasta el 700 %.

Todo esto sólo logra que los precios se inflen cada vez más, que los empresarios engorden cada vez más sus ganancias y que todos los consumidores tengan un poder adquisitivo cada vez menor, así como una menor calidad de vida. Lo menos que puede hacer el gobierno es defender nuestros derechos de estas empresas oligopólicas.