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El diputado justicialista Gustavo Arenas, se reunió con Raquel Tiramonti, presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS). Trataron temas vinculados con la implementación de la norma nacional en las provincias, así como la posibilidad de obtener recursos para concretar en Mendoza proyectos de infraestructura relacionada con la problemática, brindar capacitación, y descentralizar en los municipios los programas de la atención y rehabilitación de personas en situación de discapacidad.
El encuentro tuvo lugar este mediodía en la oficina porteña de la presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Raquel Tiramonti. El legislador Arenas es impulsor del proyecto que planeta que Mendoza esté incluida en las políticas de protección de los derechos de las personas con discapacidad, un tema que en los últimos meses ha promovido innumerables reclamos ante la casa de las leyes por parte de los padres de chicos que sufren alguna discapacidad.
El diputado considera que “el Estado no puede desentenderse, sino que debe garantizarle el acceso a la salud a toda la población, fundamentalmente a los sectores más vulnerables”, y bajo esta consigna es que desde hace meses vienen movilizándose al respecto.
El objetivo de Arenas, según explicaron desde su entorno, es que se logre la adhesión de nuestra provincia a la Ley Nacional Nº24.901 Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. La misma fue aprobada y promulgada en 1997 con el fin de de establecer “un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”.
Durante el encuentro, el diputado y Tiramonti plantearon la posibilidad de que la próxima reunión del Consejo Federal de Discapacidad se realice en Mendoza, lo que sin dudas dará mayor impulso a la adhesión provincial a la medida .
También comunicó que en la reunión se analizó la manera de obtener recursos para concretar en Mendoza proyectos de infraestructura relacionada con el tema de la discapacidad, brindar capacitación y descentralizar en los municipios los programas de atención y rehabilitación de personas con que padezcan esta problemática.
Es necesario recordar que el diputado del Frente para la Victoria presentó el 28 de setiembre pasado , ante los padres autoconvocados que encarnan el reclamo, el proyecto de ley de su autoría que declara la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº24.90.
La iniciativa propone la obligatoriedad de que los jueces provinciales hagan su aporte a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).
“Quienes pretenden plantear primero el financiamiento y negar un derecho seguramente también utilizaban el mismo argumento para cuestionar la implementación de la asignación universal por hijo y la estatización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones”, argumentó Arenas en el momento de la presentación.
Por eso, Arenas plantea una reforma a la carta orgánica de la OSEP que promueva el aporte obligatorio a la prestadora local de los 260 jueces locales que no contribuyen con la misma. La letra del proyecto expresa que se trata de un monto aproximado a los 5.600.000 pesos.
Por último el legislador aseguró ante la prensa que planteará el tema para se que encuentre una solución inmediata al gobernador y al vicegobernador electos, Francisco Pérez y Carlos Ciurca.
Además, evaluó como “muy positivo” el encuentro con la titular de CONADIS, lo que habilita una esperanza sobre la concreción de un sistema de salud eficiente que termine repercutiendo en una cuota de mayor dignidad sobre la vida de las personas en condición de discapacidad.
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