Este viernes es un día clave para el futuro de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Es que el gobernador Rodolfo Suarez volverá a la Ciudad de Buenos Aires –por segunda vez en la misma semana– para poner los papeles sobre la mesa y convencer a sus pares del desarrollo de la megaobra.

En este encuentro, el mandatario mendocino, que irá acompañado por Víctor Ibañez (Gobierno), se sentará a dialogar con el ministro del Interior, Wado de Pedro, y con los gobernadores de las provincias que integran el Comité de la Cuenca del Río Colorado (Coirco). Hasta este jueves, el resto de los mandatarios aún no definían si viajarían o si participarían a través de una videoconferencia.

La tensión saltó este mes cuando la Casa Rosada desarchivó un pedido de laudo presidencial de La Pampa para que se revise la declaración de impacto ambiental en el Coirco y, como consecuencia, el presidente Alberto Fernández puso en duda el financiamiento de la “obra del siglo”.

La reunión (pactada para las 16) será trascendental para la provincia, ya que el próximo 3 de julio esperan abrir los sobres de la licitación y el 28 de julio el Gobierno nacional debería transferir el cuarto desembolso de 18,5 millones de dólares.

"Portezuelo ayudará a hacer un mejor uso de toda la cuenca"

Portezuelo del Viento, la presa hidroeléctrica planeada en Malargüe, avanza en camino sinuoso mientras no hay definición en el Coirco, el comité interprovincial del río Colorado que tiene en vilo a Mendoza y que este viernes tendrá una reunión clave para el futuro de la megaobra en el sur provincial.

Es por eso que el lunes Suarez se adelantó y llevó su propuesta a Buenos Aires. A Wado de Pedro le propuso que se realice una auditoría durante el proceso de construcción, además de la creación de un fideicomiso de 5 millones de dólares que podrá usarse en caso de incumplimientos de la provincia.

Ante esta propuesta, La Pampa adelantó su rechazo. El gobernador de esa provincia, Sergio Ziliotto, hizo saber que no negociarán si el Coirco no es autoridad de aplicación y si no se hace el estudio de impacto ambiental dentro del marco de la Ley Nacional de Obras Hidráulicas.

Según trascendió, provincias como Buenos Aires, Neuquén y Río Negro podrían “aflojar” su postura. Para eso, Mendoza deberá convencerlos. Además de garantizar que la obra no les generará daños, se podría pedir un manejo conjunto de la represa y la presencia de un veedor. Del otro lado, están los pesimistas, aquellos que señalan que la ejecución de la obra está supeditada a un problema “político”, lo que impide llegar a puntos de acuerdo.