¿Qué habría dicho el general Enrique Mosconi, fundador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales durante la década del 20, ante el anuncio de estatización realizado por la presidenta Cristina Fernández en abril de 2012? Es imposible saberlo; sí es posible conocer cuál era su visión con respecto al rol del petróleo en el desarrollo nacional.

“El petróleo tiene una importancia fundamental e irreemplazable y el crecimiento y progreso de la Nación será tanto más grande cuanto más firme mantenga esta en sus manos el control de sus yacimientos petrolíferos, es decir, cuanto más sometidos a su fiscalización efectiva estén los grandes sindicatos o trusts que explotan en el país el combustible líquido, pues si esa fiscalización fuera difícil o imposible de efectuar, más conveniente sería para la tranquilidad económica y política del país renunciar a la cooperación del capital extranjero”, explicó alguna vez el fundador de YPF.

El peso de las evidencias demuestra que esta situación descrita por Mosconi hace más de 70 años se ajusta perfectamente al diagnóstico que realizó el Gobierno Nacional con respecto al desempeño de la empresa española Repsol, luego de casi quince años de privatización total.

Lo cierto es que desde principios de la década del 90, en que Repsol compró el primer paquete accionario de la empresa estatal y obtuvo su control, jamás se realizó una fiscalización estricta sobre su nivel de inversiones, explotación, exportación y exploración. La empresa acaparó toda la línea de producción y distribución en condiciones de cuasi autofiscalización.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner y, luego, el de Cristina Fernández, la situación dejó de ser la de los 90 y, con un tipo de cambio al tres por uno y un precio internacional del barril elevado, Repsol entendió rápidamente que le resultaba más conveniente exportar el combustible que orientarlo al consumo interno.

Asimismo, en simultaneidad con la salida de la crisis y reactivada buena parte de la actividad productiva e industrial del país, se hicieron notar cada vez con más frecuencia la escasez y el desabastecimiento.

En este sentido, la empresa Repsol se convirtió tácitamente en un órgano regulador de la producción, lo cual la puso en una relación de tensión permanente con el Gobierno debido a su responsabilidad en la emergencia de una crisis energética crónica, intensificada en cada invierno desde el 2005 a la fecha, y que llevó a que en el año 2011 el país se convirtiera en importador neto de gas y petróleo por primera vez en 17 años.

Leyes

Se establece en el artículo 1º de la Ley de soberanía hidrocarburífera sancionada al momento de la expropiación: “Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

El paso conceptual que se dio con YPF durante 2012 fue significativo y se encuentra en los mismos lineamientos de lo que fue la (también histórica) reestatización de la Anses. Básicamente, estuvo dado en devolver el carácter público que determinadas instituciones nunca debieron haber perdido cuando quedaron en manos privadas.

Asimismo, se puede trazar un hilo histórico en algunos textos con respecto al relevante papel que tienen la ley y la Constitución en lo relativo a la noción de soberanía hidrocarburífera. Volviendo a las palabras del fundador de YPF, para quien resultaba fundamental que el “Estado, con unidad de criterio y de principios, pueda vigilar la explotación de esta fuente inapreciable de riqueza pública, caracterizada como una de las fuerzas vitales de toda soberanía y metodizar asimismo su técnica, regularizar su utilización, ejercer contralor en el mercado y evitar la organización de entidades poderosas que puedan causar al país perturbaciones económicas y políticas”.

Rrecuperando la letra de uno de los textos más avanzados que ha dado el constitucionalismo argentino, citamos algunos fragmentos del artículo 40 de la constitución de 1949, sancionada democráticamente y derogada luego de manera fáctica por la Revolución Libertadora.

Dice el art. 40: “La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución”.

En el párrafo hay toda una declaración de principios acerca del valor de la “riqueza pública” y los fines a los cuales debe estar sujeta. En el mismo sentido, en el propio texto, unas líneas más abajo se afirma que los recursos naturales representan una propiedad inalienable de la Nación, entre ellos, por supuesto, el petróleo.

“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

Sin dudas, la radicalidad de esta normativa hizo que el texto fuera derogado por la autoproclamada Revolución Libertadora y olvidado, de allí en más, por los gobiernos que la sucedieron durante los 50 años posteriores.

Los primeros catorce meses de gestión

Desde hace 14 meses a esta parte, YPF ha sido centro de una batería de políticas públicas orientadas a reconducir a la empresa fuera del letargo en el que se venía manteniendo con la conducción española.

Vale mencionar la audacia del gobierno al intervenir la empresa luego de su reestatización, ya que de esta manera impidió la realización de cualquier tipo de operación de “retirada” por parte de Repsol, y en la misma operación logró también que la actividad de la empresa no se viera interrumpida de forma alguna durante su traspaso.

Entre las medidas que se tomaron hasta ahora, se puede mencionar la creación de una Comisión Federal que tiene entre sus objetivos principales alcanzar el autoabastecimiento. La misma está integrada  por las diez provincias petroleras, cuatro representantes del Poder Ejecutivo de la Nación y los sindicatos del sector. Su función se basa en realizar el seguimiento de las actividades de explotación y exploración en torno a los objetivos planteados en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera.

En términos de inversión se crea, en conjunto con el Conicet, la empresa YPF Tecnología, con el objetivo de investigar, desarrollar, producir y comercializar tecnologías, conocimientos, bienes y servicios en el área de petróleo, gas y energías alternativas como biogás, biocombustibles o geotermia, entre otras. Según se indica en su página web, “sus primeros proyectos estarán enfocados en el desarrollo de recursos no convencionales y en la producción de yacimientos maduros del sector de hidrocarburos”.

Otra inversión relevante es la que se produjo aquí en Mendoza, en la destilería de Luján de Cuyo. Con una inversión de 2600 millones de pesos se construyeron dos nuevas plantas de hidrotratamiento de gasoil y naftas de YPF. La apertura de estas plantas representa la mayor inversión realizada en la destilería en los últimos 25 años.

Otro punto importante de la gestión de este primer año es el referido a la formulación de convenios de cooperación mutua con países de la región. En este sentido, se destaca la reciente firma de un memorando de entendimiento (MOU) con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el que se fija como objetivo la posibilidad de establecer proyectos conjuntos en toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera para Venezuela y Argentina.

Para finalizar, se está realizando una notable tarea a través del programa "La Universidad con YPF”, en el que el sistema de universidades nacionales colabora proponiendo las distintas visiones de sus científicos, tanto en lo que respecta a los aspectos tecnológicos referidos a la materia como en la promoción de una reflexión humanística en torno al valor social de una empresa como YPF.