El viernes 22 de febrero de 2013, la Corte Suprema de Justicia de Uruguay anuló la imprescriptibilidad de los casos de crímenes de lesa humanidad en aquel país. La medida anula la ley que fue sancionada a fines de octubre del 2011 y que establecía como imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos en Uruguay, sobre todo los perpetrados en la última dictadura que asoló al país oriental perpetrada desde 1973 hasta 1985.

Según señalaron desde la Corte, esta decisión se sostuvo en base a que la ley no puede actuar de manera retroactiva, por lo cual no se puede volver a juzgar a personas por causas en las que fueron eximidas oportunamente por la Ley 15.848.

La reciente medida de la CSJ apunta a garantizar nuevamente la exención de los criminales –tanto civiles como militares, materiales e intelectuales- de la dictadura uruguaya. Esto, luego de que en octubre de 2011, tras 25 años de la impunidad que fue asegurada por La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848), una norma que fue sancionada en 1986 e imposibilitó cualquier tipo de pretensión punitiva contra crímenes cometidos en el marco de la dictadura uruguaya, se fallara contra la prescriptibilidad de estos crímenes.

La medida ha obtenido el rechazo y la condena de innumerables organizaciones sociales y de derechos humanos, por lo cual se ha previsto la realización de una marcha el 25 de febrero, cuya cláusula es “Por verdad y justicia nos concentramos en silencio”. De la misma participarán diferentes sectores que integran el oficialismo (Frente Amplio) como sindicatos, familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otros.

Desde el gobierno de Mujica han señalado la posibilidad de establecer un juicio político contra los magistrados de la CSJ. La medida adoptada por los magistrado uruguayos halla parangón con las leyes de obediencia debida y punto final sancionadas en la Argentina durante la década del ochenta y resulta contradictoria respecto de normativas internacionales que prohíben la prescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.

Por ejemplo, esta media es contraria a lo establecido en la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad” de la Organización de Naciones Unidas, realizada en 1968 y entrada en vigor en 1970, donde se establece que los crímenes de lesa humanidad son delitos internacionales y como tales, son perseguibles en cualquier tiempo y lugar.

Estas cláusulas convenidas internacionalmente, además de las acciones que el gobierno de José Mujica pueda emprender contra la decisión de los magistrados, abren la posibilidad de que cualquier juez en el mundo pueda establecer una causa contra los genocidas uruguayos. Un precedente de esta situación lo representan las causas que el juez Baltasar Garzón abrió contra genocidas argentinos que contaban, dentro del marco legal argentino, con la impunidad que les aseguraban las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Dentro del mapa latinoamericano, el fallo de imprescriptibilidad sancionado en 2011 en Uruguay representó un importante avance en materia de justicia para la región. La reciente medida de la CSJ de aquel país posee el desmérito de plantear un nuevo retroceso para el subcontinente en materia de derechos humanos.

Cabe señalar que, más allá de los firmes avances que se observan en Argentina en materia de justicia respecto de los crímenes cometidos por la dictadura en el marco del Plan Cóndor, son muy poco los países que actualmente están juzgando efectivamente a sus criminales.

Actualmente, sólo en Guatemala se avizoran indicios auspiciosos, ya que en el país centroamericano se está a punto de realizar el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en base a la matanza de 1771 personas del pueblo maya ixil, perpetrada por la dictadura en aquel país (1960 – 1996) durante el año 1982 y principios del 83.