El 5 de octubre de 1975, un comando de la organización Montoneros intentó la toma del Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio José Warnes” y  del Aeropuerto El Pucú; la acción fue bautizada con el nombre de “Operación Primicia”. Años más tarde esa fecha fue consagrada, a nivel provincial, como el Día del Soldado Formoseño. Para rematarla, después de la derogación de las leyes de impunidad, el 5 de octubre fue instituido como el “Día Nacional de Homenaje a las Víctimas de la Subversión”. Cada año, el acto central se realiza en la Plaza San Martín, del barrio de Retiro en Buenos Aires y se replica en los ciudades más importantes del país organizado por AFaViTa (Asociación de Familiares de Víctimas del Terrorismo en Argentina); los manifestantes que se dan cita para la conmemoración suelen identificarse con el discurso de la Dictadura. Sin ir más lejos, el 5 de octubre último, aquí en Mendoza la organización invitó a un acto de reconocimiento a quienes “ofrendaron su vida defendiendo a nuestro País y a las Instituciones de la República Argentina, de la agresión terrorista que la azotaba”; el lugar propuesto para la concentración fue en la Plaza San Martín de Ciudad, con resultados desconocidos.

Sin duda, tanto el desgraciado suceso como la fecha del 5 de octubre son emblemáticas para la corporación militar que busca reinstalar la hipótesis de la guerra interna, sostenida por Videla, Menéndez y cuanto militar toma el micrófono en los juicios por Delitos de Lesa Humanidad. Incluso el sentido común de algunos sectores de la sociedad sostiene que el conmocionado clima de aquella época se debió a un enfrentamiento entre bandos, sin advertir que las organizaciones guerrilleras aparecieron durante la Dictadura de Onganía, como reacción a décadas de gobiernos surgidos de golpes militares y en pleno auge de los movimientos de liberación. Un ligero análisis permite entender que, en un régimen impuesto a punta de fusil, quienes se rebelan no son precisamente comparables a quienes ejercen la violencia desde el poder.  Dicho más sencillamente, ni política ni jurídicamente merece igual tratamiento el opresor que el oprimido.

Los militares gobernantes en los 60 y 70 dieron cumplimiento a la Doctrina de Seguridad Nacional, que señalaba la existencia de un enemigo interno: otros argentinos y argentinas “comunistas”, a quienes había que combatir y eliminar. Aun al amparo del gobierno de Isabel Perón, las fuerzas dominantes contaron con el aparato del Estado para el exterminio de los movimientos de resistencia política y social. De suerte tal, que solo es dable hablar de represión, en lugar de abonar la hipótesis de “guerra interna”, como pretende inferirse de la ley presentada como “Ley de la justa memoria”.

Además, la norma va a contrapelo de la interpretación histórica, sustentada en las actuales políticas públicas, que condena al Terrorismo  de Estado y promueve la revisión de aquella etapa.

Una ley peligrosa

El expediente fue preparado por Ricardo Buryaille de la UCR, en sociedad con Juan Carlos Díaz Roig del FPV, ambos de Formosa, y tiene por objetivo indemnizar a los familiares de los que fallecieron tras la “Operación Primicia”. El proyecto generó un áspero debate dentro del FPV, ya que reinstala el planteo de la “guerra interna”, sostenido por los represores, y abona la teoría de los dos demonios. Como resultado de las diferencias, 18 diputados votaron por la negativa y hubo 43 abstenciones de distintos bloques.

Ricardo Buryaille, radical surgido de CRA –Confederaciones Rurales Argentinas-, tras el conflicto del campo por la 125, insistió, por segundo año, en resarcir a la totalidad de los caídos en defensa del Regimiento: soldados, militares, policías y civiles. Consiguió que su proyecto llegara al recinto para ser tratado sobre tablas pero generó diferencias en el seno del FPV; ante la posibilidad que quedara trabado, esgrimió: "Este proyecto lo hemos trabajado, lo hemos acordado y hemos cumplido pactos políticos con algunos amigos del oficialismo. Se trata de dar solución a «soldaditos» que fallecieron en el año 75 en Formosa". 

El dato relevante es que la reparación  no es sólo para “soldaditos” si no, también, para los militares. Cabe recordar que el mismo Regimiento 29 se convirtió en un Centro Clandestino de Detención –CCD- meses después del intento de copamiento y tuvo como Jefe de Inteligencia el ex Capitán Ángel Spada, hoy imputado por crímenes de Lesa Humanidad en la megacausa “Carrillo”, por haber ordenado fusilamientos de dirigentes, campesinos y militantes políticos durante la Dictadura .

Por otro lado, si bien en la Operación Primicia fallecieron civiles y soldados conscriptos cuyos familiares deben ser reparados, no es menos cierto que las instituciones del Estado provincial y nacional tiene resortes para pagar a las víctimas sin sancionar una ley que retrotrae el debate, fortalece la pretensiones de la corporación militar y es un peligroso gesto político.

El 28 de noviembre último, la ley recibió media sanción de la Cámara de Diputados, a pesar de la resistencia de un sector del oficialismo. Para lograr que se aprobara, la kirchnerista Juliana Di Tulio consiguió que Buryaille retirara los fundamentos y eludiera hablar a favor de la ley. No obstante esto, el FPV quedó partido: de los 97 legisladores presentes en la sesión, 51 optaron por el “Afirmativo”, 30 se abstuvieron y 16 votaron en contra. Entre todos los bloques, la norma mereció el rechazo de 18 diputados y 43 abstenciones. En cuanto a los legisladores nacionales por Mendoza, el recuento permitió revelar que Roberto Pradines-PD-; los radicales Mariana Juri, Enrique Vaquié y Jorge Albarracín, así como los peronistas Enrique Thomas y Omar Félix, respaldaron la ley. Guillermo Carmona se abstuvo, mientras que Anabel Fernández Sagasti y Dante González estuvieron ausentes en esa sesión. El proyecto pasó a Senadores para ser tratado en el próximo período.

Por su parte, los organismos de DDHH  rechazaron la norma, argumentando que revive la teoría de los dos demonios y pone en riesgo lo avanzado durante el actual gobierno; además, coloca a las FFAA en condición de víctimas y sienta un antecedente de imprevisible alcance. Las y los ex-presos políticos expresaban: “Esta ley crearía un nefasto precedente del que se prenderían las huestes de 'Memoria Completa', siempre a la espera de que los militares delincuentes sean reivindicados”; mientras, la veterana Liga por los Derechos del Hombre proponía: “Exhortamos a los Senadores de la Nación a que actúen de acuerdo al mandato popular y no den lugar a retrocesos de este tipo. Llamamos a todos aquellos que se sientan comprometidos con el resguardo y la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia a manifestar su más enérgico repudio”