La movilización popular logró que el gobernador Rodolfo Suarez diera marcha atrás con las modificación de la 7722, pero en realidad logró mucho más: abrió una puerta para debatir cómo se puede desarrollar Mendoza más allá de las actividades extractivas. Integrantes de las Asambleas por el Agua Pura, científicos y profesionales de distintas disciplinas aseguraron que es posible pensar en propuestas económicas más amigables con el medio ambiente, y que el desafío es pararse en otro lugar y ponerse a trabajar para colaborar con el lineamiento de nuevas políticas públicas.

Las regalías de los proyectos mineros, los puestos de trabajo que generarían y la posibilidad de superar con ello la situación de pobreza en la que vive el 40 % de los habitantes de Mendoza fueron el eje del discurso de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo para apoyar las modificaciones a la 7722. Entendieron –y defendieron– la idea de que la minería a gran escala era la respuesta a los problemas económicos de la Provincia y replicaron sobre la necesidad de ampliar la matriz productiva, que no es otra cosa que la forma en que se organiza una sociedad en términos de producción de bienes y servicios, así como la relación entre los actores que utilizan los recursos para concretar las distintas actividades productivas.

Sin grietas, el oficialismo y el PJ modificaron la Ley 7722

Esta vez no hubo grieta entre el oficialismo y el PJ: los y las senadoras y diputados aprobaron en sesiones especiales las modificaciones a la Ley 7722, que prohibía -hasta ahora- el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

De acuerdo a esa lectura, la minería era la respuesta para ampliar esa matriz productiva. Sin embargo, desde los sectores científicos y las asambleas de ciudadanos plantearon que no solo no es la única respuesta, sino que no cuenta con aval social para concretarse y que, en el contexto del cambio climático, es necesario pensar en proyectos más amigables con el medio ambiente.

Buscar respuestas por fuera de las industrias extractivistas es un desafío, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tienen estas actividades en la economía de Mendoza, que representan el 8,5 % del Producto Bruto Geográfico. Solo por dar un ejemplo, y de acuerdo a información provisoria publicada por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), en 2019 se recaudaron por regalías petrolíferas 6226 millones de pesos.

Deja vú legislativo

Fue un deja vú legislativo. El mismo lugar, la misma rapidez, las mismas palabras que se repitieron hasta el cansancio. La única diferencia, sustancial por cierto, fue que los y las legisladoras aprobaron la derogación de la ley a la que le dieron el visto bueno hace diez días, con lo cual volverá a regir en Mendoza la 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

Las propuestas

Antes de derogar las modificaciones de la 7722, doce investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) firmaron un escrito en el que se mostraron en desacuerdo con la idea de atar el futuro de Mendoza a una serie de actividades, por lo que propusieron repensar nuevas alternativas en las que el cuidado de los recursos naturales –especialmente el agua– sea el patrimonio central a proteger.

En ese comunicado, propusieron impulsar diversas actividades, como las turísticas, que permitan el uso sostenible de los ambientes naturales de la provincia, el desarrollo del ecoturismo, el impulso de la energía solar y eólica, así como el desarrollo de la industria del conocimiento.

A esa propuesta se sumó otra de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que en un comunicado invitaron a pensar a Mendoza por fuera del modelo extractivista. Acompañaron también la propuesta de los científicos “de generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería y con muchos mayores beneficios para la sociedad”.

Duro comunicado del Ianigla-Conicet contra la reforma de la 7722

Trabajadores de Ciencia y Técnica que integran el Instituto Ianigla-Conicet proponen repensar el futuro desarrollo socioeconómico, el uso del agua y la conservación de los ambientes naturales de Mendoza.

Jorge Silva Colomer, doctor en Ingeniería Agronómica, planteó que lo central es que seamos capaces de cambiar el paradigma, de corrernos del lugar en el que estamos parados, que es un modelo extractivista, y a partir de ahí, hacerse preguntas: ¿no habrá cosa?; ¿será posible emprender nuevos desarrollos?

Silva Colomer expresó que para cualquier actividad que se emprenda en Mendoza el agua es central, porque es un recurso escaso. Por eso, propuso salirse del blanco y el negro para pararse en los matices, escuchar al otro, atender a los profesionales que hace años escriben, estudian y aportan propuestas de proyectos válidos. El ingeniero subrayó que abrirse a otras posibilidades es todo un ejercicio, porque recalcó que es difícil salirse de la teoría del derrame y de ese concepto que ata el crecimiento económico a las actividades extractivas, en el que muchos profesionales fueron y son formados.

Para Daniel Oscar Funes, uno de los vecinos autoconvocados de San Carlos, luego del movimiento que obligó a la restitución de la 7722, se abrieron una oportunidad y un desafío enorme para pensar en actividades amigables con el medio ambiente que estén en consonancia con las alarmas mundiales por el calentamiento global.

Advierten que la temperatura media puede subir hasta cinco grados

La temperatura media de la Tierra puede subir 3,2 grados a lo largo del siglo XXI aunque se cumplan los compromisos de reducción de emisiones enmarcados en el Acuerdo de París, lo que traería "impactos climáticos destructivos" al estar lejos del objetivo de mantener el aumento por debajo de 1,5 grados, alertó la ONU.

Funes expresó que es indispensable fomentar la creatividad de los jóvenes y escucharlos, porque está convencido de que pueden tener respuestas superadoras, que tiendan a encontrar un modelo de desarrollo sustentable y más austero. Los vecinos autoconvocados de San Carlos ya delinearon una plataforma de desarrollo sustentable que incluye una serie de alternativas y proyectos que presentarán a las autoridades comunales.

María Marengo, integrante de la Asamblea por el Agua de Maipú, expresó que, luego de la restauración de la 7722, es esencial buscar alternativas económicas que estén en consonancia con la protección de los recursos naturales, especialmente el agua. Por eso expresó que apuntan al turismo sustentable o a la creación de áreas protegidas, como el caso de la propuesta que presentaron los vecinos de Uspallata, que duerme en los cajones legislativos.

Para la asambleísta y profesora de la cátedra libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Educación de la UNCUYO María Teresa Cañas, es imperioso impulsar un debate profundo sobre el modelo de desarrollo en un contexto de cambio climático, de calentamiento global y de escasez de recursos esenciales como el agua. Dijo que esas propuestas deben surgir de un debate de los ciudadanos, siempre anclado a un contexto y a un lugar, en este caso a Mendoza.

Cañas explicó que, frente a la profundización del modelo extractivista que impulsan muchos gobiernos y sectores empresarios, la propuesta en la que ella se encolumna es lograr la soberanía alimentaria, es decir que los locales produzcan los alimentos, siempre respetando la cultura del lugar e impulsando proyectos que respeten el medio ambiente.