Finalmente se modificó la Ley de Residencias Médicas

Sociedad

La semana pasada, este grupo de residentes se movilizó y paró 48 horas en reclamo de mejoras salariales, laborales y en defensa de su derecho de aprender, de especializarse, que es la razón de ser de una residencia. Sin embargo, la protesta fue más allá porque permitió exponer esos problemas históricos que es necesario modificar para avanzar.

El reclamo fue contundente y el Ejecutivo escuchó. Convocó a Ampros a participar en una comisión negociadora, cuyo primer encuentro se realizó este lunes en forma virtual.  

Esta no es la primera vez que las problemáticas que arrastra el régimen de residencia salen a la luz. En 2016, siete profesionales renunciaron a sus puestos en los hospitales Central, Lagomaggiore y Perrupato y denunciaron maltratos y abusos por parte de sus superiores ante el Ministerio de Salud. A raíz de esa denuncia, la Legislatura aprobó dos años después una modificación a la ley que rige las residencias, que les permitió volver a presentarse a un examen y retomar su formación a quienes habían renunciado.

El sistema de residencias

Salassa explicó que el sistema de residencias está regido por una ley provincial (7857) y que su objetivo es formar en especialidades a profesionales médicos, de la psicología, la kinesiología y nutrición, entre otras, que ya tienen título de grado. La persona se inscribe en un concurso que abre el Ejecutivo y rinde un examen general, por el obtiene un puntaje que le permite ingresar al sistema, de acuerdo a los cupos existentes.

Quien ingresa a la residencia comienza un proceso de formación de 4 años, en el que pasa de un modelo de aprendizaje universitario, que es en general pasivo, a otro más práctico, con tareas asistenciales que se realizan en forma progresiva y supervisada.

De acuerdo a la ley, un residente debe cumplir 9 horas de trabajo al día (de 8 a 17), más 4 horas los sábados, y realizar 8 guardias al mes. La tarea se paga a través de becas: unas las otorga Nación (18 mil pesos), y otras, la provincia (55 mil pesos); la diferencia entre ambos montos la compensa el Gobierno mendocino.

En el sector de gestión privada también existen residencias, aunque Salassa recalcó que allí el monto es mucho menor porque las entidades pagan las becas y no existe un mecanismo de compensación.

Un punto de inflexión

Salassa explicó que, a raíz de la pandemia, los y las residentes fueron reasignados a trabajar en la primera línea, en consultorios, en terapia de pacientes COVID, algo que consideró entendible frente a la emergencia, y ante lo que demostraron una enorme capacidad de trabajo. El problema –expresó– es que se eternizaron en esos puestos, fuera de su especialidad, sin que nadie les brindara muchas explicaciones.

El profesional marcó otro de los problemas que, a su modo de ver, arrastra el sistema: la verticalidad extrema. Cuando comenzaron a bajar los casos de COVID-19, explicó, los y las profesionales pidieron volver a su especialidad, a su práctica, y la respuesta en muchos casos fue violenta, despótica y agresiva.

“Esto generó muchísima frustración, sensación de abuso. Se está usando a los residentes como fichas para que los terapistas se tomen vacaciones o los ponían solamente los fines de semana, sin contemplar la vuelta a la actividad formativa, de una manera abusiva”, expresó.

A lo largo de estos dos años, los y las residentes también enfrentaron inconvenientes para tomarse los días descanso y hay personas que tienen 70 días acumulados, que los pierden si no se los toman en un año, explicó el especialista. A esto se sumó que en junio cobraron con un descuento de 7000 pesos, que, según les explicaron después de días, se debió a una “compensación” entre lo que pagan Nación y provincia, lo que generó un enorme malestar.

Problemáticas de fondo

El médico, que coordina todas las tareas de las residencias de anestesiología en el hospital pediátrico, explicó que el reclamo no está relacionado solo con el monto de las becas o los horarios extenuantes de trabajo, sino también con formas que es necesario cambiar. Por ejemplo, que el régimen de prácticas tiene un sesgo verticalista y autoritario, que no favorece el aprendizaje.

“Sobre todo en los primeros meses, existe una lógica como si fuera un entrenamiento militar, porque se supone que tenés que curtirte, no sé para qué. La tarea diaria debe ser supervisada, debés estar acompañado por un especialista, no necesariamente de la mano, pero sí ir a un coordinador que te supervise, pero la ley tampoco es clara con eso, tampoco describe cómo es el trabajo de la supervisión. Entonces tenés casos muy frecuentes en que las guardias quedan a cargo solo de residentes de distintos años; por ejemplo, en el Schestakow de San Rafael, quedan absolutamente a cargo de residentes de primer año sin ningún tipo de supervisión”, expresó.

Salassa subrayó otra problemática: que se abren cupos de residencias donde no existe servicio de esa especialidad, o donde no están dadas las condiciones mínimas para acompañar y supervisar a profesionales en formación. Además, explicó que en cuanto al programa de las residencias, existen especialidades para las que los pasos a seguir están detallados y fueron validados por el Ministerio y universidades, y otras que no cuentan con un plan estipulado, lo que va en detrimento del proceso de formación. .