Residencias médicas: la pandemia develó problemas históricos

Sociedad

En la Asamblea participan cien delegados y delegadas, representantes de profesionales de la salud que realizan las residencias en distintos centros sanitarios públicos y privados, una etapa de formación y especialización para quienes concluyeron la carrera de grado no solo de medicina, sino también de kinesiología, de piscología y de trabajo social, entre otras.

Quienes integran el colectivo explicaron que la decisión de dejar atrás el mandato castrense de obedecer y callar tuvo impacto puertas adentro de los centros sanitarios. Algunos profesionales –los menos– los apoyaron, mientras otros los hostigaron, lo que se tradujo en más hora de trabajo, exámenes sin aviso ni criterio y hasta suspensión de las residencias.

En algunos casos, el hostigamiento funcionó y un grupo volvió al silencio. Otro mantiene su reclamo porque está convencido de que la pandemia marcó un punto de inflexión y la oportunidad de generar un cambio que beneficiará a las generaciones venideras.

Para la Asamblea, el caso paradigmático de ese hostigamiento fue el que sufrió la enfermera y médica Mercedes Barroso, que fue residente de Clínica Médica en el Hospital El Carmen. La mujer contó a Universidad que quedó muy afectada después del trabajo intenso que supuso la pandemia, pese a lo cual le tomaron siete exámenes en una semana, los que desaprobó, por lo que el 30 de septiembre la desafectaron de palabra del proceso de especialización.

Barroso explicó que el sistema de residencias es incoherente, injusto y no admite el disenso, y que por eso buscan modificarlo. “Estamos defendiendo la salud pública, porque es más fácil sacar un pasaporte que seguir en este sistema de formación injusto, pero nosotros apostamos por la salud pública. No estoy pidiendo un trato especial ni que no me tomen examen, simplemente pido trabajar en un lugar donde no tenga hostilidad, algo que ahora estoy viviendo en el ámbito privado, donde me siento conforme y cómoda con mis pares”, fueron sus palabras.

Una denuncia recurrente

Las denuncias sobre las inequidades y arbitrariedades del sistema son recurrentes desde hace años. Aunque con matices, las problemáticas se repiten: utilizan a los y las profesionales como fusibles del sistema de salud, y si comenten un error, son culpables; en muchos casos, se encuentran solos en una guardia o en un servicio y son asesorados por teléfono; cumplen jornadas extenuantes, sin tiempo ni espacios para descansar, almorzar o estudiar; soportan malos tratos o violencia y deben permanecer callados, porque el disenso no es una opción.

En 2016 se produjo un quiebre. Siete profesionales renunciaron a sus puestos en los hospitales Central, Lagomaggiore y Perrupato, y denunciaron maltratos y abusos por parte de sus superiores ante el Ministerio de Salud. Dos años después, la Legislatura aprobó una modificación a la Ley Provincial 7857 de Residencias Médicas, lo que les permitió volver a presentarse a un examen y retomar su formación a quienes habían renunciado.

El anestesista Arturo Salassa, que integra la asamblea, compartió con Unidiversidad su visión sobre la razón de la resistencia al cambio. “No creo que sea una cuestión perversa, que alguien está pensando en sostener esto. Creo que es falta de análisis, de capacidad de gestión, de abordar un problema complejo, y eso tiene que ver con el sentido común operante sobre el sistema, es decir, el sistema es así y hay que bancárselo. No, pará, ¿cómo el sistema es así? Pensemos otro. Es la colimba actual: uno sabe que va a entrar, le van a pegar, lo van a maltratar, la va a pasar mal, y uno lo asume también. Entonces, estamos esperando un caso Carrasco, y ya ha habido situaciones de intentos de suicidio, de deserciones. Por eso es tan importante la participación de los residentes en la búsqueda de soluciones”, explicó.

En el mismo sentido, la diputada Hebe Casado (PRO), que presentó el proyecto que logró el aval de todo el arco político, destacó la importancia del trabajo colectivo de la Asamblea, que superó el reclamo y delineó una propuesta de cambio que reconozca sus derechos y supere las desigualdades del modelo actual.

Casado, que es presidenta de la Comisión de Salud, aseguró que la propuesta de modificación integral de la Ley de Residencias comenzará a ser analizada en comisiones esta semana.

Los y las residentes son profesionales de la salud que ya obtuvieron un título de grado. Foto: ilustrativa/Télam

El proceso de las residencias 

Las residencias son una etapa formativa de especialización para profesionales de la salud. Para acceder a una plaza, deben acreditar el título de grado y aprobar un examen.

La cantidad de plazas que se abren y el lugar, así como las especialidades, son decisiones que se toman en el Ministerio de Salud en función de la necesidad de recurso humano. Las autoridades cuentan con la opinión del Comité Asesor Permanente de Residencias, un organismo colegiado.

Existen dos tipos de residencias. En las de primer grado, que duran cuatro años, la persona se incorpora a un servicio, por ejemplo, Pediatría, en el que se forma y gana autonomía de manera progresiva, siempre supervisada. En las de segundo grado, que duran tres años, se realiza una subespecialización; por ejemplo, alguien que ya completó la formación en clínica médica opta por seguir endocrinología.

Las residencias se pueden realizar en el sector público (el 90 %) o en el  privado y en cualquier provincia, siempre que se cumpla con los tres requisitos fundamentales:  la apertura de una vacante, tener el título de grado y aprobar el examen.

Quienes acceden a una plaza en el sector público cobran una beca: si es provincial, ronda los 60 mil pesos, y si es nacional, los 20 mil pesos, por lo que la diferencia la compensa el Ministerio de Salud de Mendoza. En cuanto al sector privado, no existe regulación estatal, por lo que el efector decide el monto.

Propuesta de cambio

El proyecto que consensuó la Asamblea contempla modificar los aspectos del sistema que no funcionan. Uno esencial es incluir la voz de residentes a través de un cuerpo de delegados que permita que sean partícipes del análisis de problemas y de las posibles soluciones.

Otros aspectos centrales son: considerar a cada residente como un trabajador en formación, con todos los derechos que eso implica, y no como un becario; unificar los criterios en cuanto a los programas de formación y al pago en los ámbitos públicos y privados, y que exista un control estatal en estos últimos. También contempla un límite de horas semanales y un descanso posguardia, algo que hoy no existe.  

El proyecto propone que los y las residentes sean considerados sujetos de derecho, ya que hoy, el único derecho que se les respeta, afirman, es el de aprender. Además, detalla que el trato entre colegas, con superiores y con cada paciente debe ser respetuoso y contemplar la perspectiva de género y la multiculturalidad. La iniciativa también propone vincular el procedimiento de sanciones con el Estatuto del Empleado Público para evitar las zonas grises y arbitrariedades que hoy existen.

Quienes integran la Asamblea de Residentes la definieron como un ámbito horizontal, participativo, apartidario, pero muy político, ya que su objetivo central es modificar la ley que rige su formación y a la que consideran burocrática e inequitativa. Un objetivo que comenzará a ser realidad esta semana, cuando la iniciativa sea analizada en en el seno de las comisiones legislativas.