El gobernador Alfredo Cornejo y el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, promueven una modificación a la Ley N.º 8008 de Ministerio Público que restringe la información judicial a la prensa. El polémico artículo 7 del proyecto permite solamente que los casos penales estén atados a un registro que ordena la publicación de novedades y avances, lo que condiciona la relación entre fiscales y periodistas. Tras el rechazo de los trabajadores del medio, algunos portales porteños levantaron la noticia.

La Nación resalta que uno de los principales objetivos de la gestión de Cornejo es combatir la inseguridad, la demanda que más afecta a la provincia. En su afán por proteger a los ciudadanos, dice que “el mandatario quiere controlar por ley la información y difusión de la tarea de los fiscales”. Según la nota publicada este martes 27, se considera que “impactará en el ‘normal’ flujo de datos, lo que podría resultar en menos casos policiales en los medios”.

Por su parte, Infobae agregó el rechazo de la oposición local, que encabeza el Frente para la Victoria (FpV). La reforma de la ley fue casi aceptada en su totalidad, salvo por el artículo , que despertó las críticas. El bloque del kirchnerismo no dio quórum para debatir la modificación de la ley, a pesar de que Cambiemos tiene la mayoría de votos para aprobar el proyecto.

“La información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General”, dice la corrección que despertó la polémica. Ante el control oficial, desde el periodismo mendocino detectan cierta “intencionalidad política” para que se reduzca la cantidad de noticias policiales en los medios de comunicación, con su posterior efecto en la percepción de la inseguridad. 
 

FOPEA condenó la reforma de Cornejo

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) publicó un comunicado de prensa expresando su repudio ante la “ley mordaza” impulsada por el Ejecutivo mendocino. Evaluó que la medida “implicaría una grave restricción al trabajo de los periodistas y un virtual condicionamiento de la garantía constitucional de la publicidad de los actos de gobierno”.

La modificación del artículo 7 fue definida como un “cepo judicial” que restringe a los fiscales al punto tal que los obliga a un mal desempeño de sus funciones y sanciones de grave implicancia. Según analizaron, las causas judiciales deberá someterse al “filtro de un control político”, derivando en demoras y alteraciones que afectarán el derecho a la información de los ciudadanos.

El Foro de Periodismo Argentino repudió la reforma y la definió como un "filtro político" que atenta contra la transparencia de la información. Foto: Twitter Fopea. 

“Periodistas y fiscales son profesionales, cada uno en su ámbito de competencia, conscientes de la sensibilidad de los asuntos que conciernen a la seguridad y los casos que son motivo de investigación penal”, concluye el comunicado oficial de Fopea. En lo referido a transparencia periodística, destacaron que ya existe un marco jurídico que regula estos asuntos y que el cambio de Cornejo implicaría “transgredir el espíritu y la letra de la Constitución y las normas supracionales”.