El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, cedió hoy a un ultimátum de su partido y anunció su renuncia con efecto inmediato, con lo que evitó así su casi segura destitución en una votación parlamentaria que estaba prevista para mañana luego de años de escándalos de corrupción. La renuncia de Zuma, un héroe de la lucha contra el apartheid que gobernó a Sudáfrica más de la tercera parte de su historia democrática, llegó luego de que el gobernante partido Congreso Nacional Africano (CNA) le diera a elegir entre renunciar antes de la medianoche de este miércoles o enfrentar mañana una moción de censura en el Parlamento.

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14 de febrero de 2018

La dimisión del veterano líder de 75 años pone fin a una aguda crisis de liderazgo en una de las mayores economías de África y sienta las bases para que los legisladores del CNA elijan a Cyril Ramaphosa, que con la renuncia pasó de ser vicepresidente a presidente en ejercicio, como el sucesor de Zuma en la Presidencia.

"He llegado a la decisión de dimitir como presidente de la república con efectos inmediatos", comunicó Zuma, que estaba en el poder desde 2009, en un discurso público realizado poco antes de la media noche, al filo del plazo otorgado por el CNA.

Pese a manifestarse en "desacuerdo" con la maniobra, Zuma explicó que siempre fue "un miembro disciplinado" del partido, cuyas normas internas obligan a todos sus afiliados a acatar las órdenes de la cúpula, incluidos los cargos electos. "El CNA nunca deberá estar dividido en mi nombre", recalcó, en una llamada a que no haya incidentes violentos debido a su marcha forzada, informó la agencia de noticias EFE.

Pese al acatamiento, Zuma dedicó la mayor parte de su intervención a argumentar que considera que la formación no siguió los cauces apropiados ya que es el pueblo, a través de sus representantes –los miembros del Parlamento–, el que debería encargarse de definir la salida de sus líderes.

"No acepté servir para salir con pactos o beneficios de la oficina del presidente. Es mi partido el que me pone a mí por encima de los representantes del pueblo", subrayó.

Tampoco consideraba, dijo, que la vía de la moción de censura hubiera sido humillante para él, como habían esgrimido varios altos cargos del CNA, ya que es el mecanismo apropiado establecido por la Constitución que él juró servir.

"Ningún líder debería buscar una salida fácil", opinó.

Asimismo, criticó que el partido en ningún momento le haya dado motivos concretos para dimitir, así como lo apresurado de los trámites, que se precipitaron después del que Ramaphosa asumiera la presidencia de la formación el pasado diciembre. Pese a todo, aseguró que seguirá al servicio del histórico movimiento de liberación, bajo cuyas siglas militaron figuras históricas de la lucha contra el apartheid, como Nelson Mandela.

El debate sobre la salida prematura de Zuma, que tenía mandato hasta 2019, venía detonado por su mala imagen y por los graves escándalos de corrupción que lo rodean. El ya expresidente está implicado en numerosas acusaciones, incluidos casi 800 cargos por corrupción relativos a contratos de armas de finales de los noventa o las investigaciones por haber usado el Estado para favorecer a empresarios afines con concesiones públicas millonarias. 

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14 de febrero de 2018

Hoy mismo, horas antes de renunciar, Zuma se había mostrado desafiante y había dicho que no había hecho "nada malo".

"No hice nada nada malo. Nadie me dio una explicación sobre lo que se supone que hice. Me parece injusto, muy injusto", se lamentó Zuma durante una entrevista con la cadena de televisión pública sudafricana, SABC.

En 2016, los tribunales le reabrieron al mandatario 783 cargos de corrupción que le habían sido retirados en 2009, relacionados con contratos públicos para la compra de armamento en 1999. También por una orden judicial, el Parlamento acordó iniciar los trámites para redactar un marco de reglas que regule la posible destitución del presidente del país.

Los jueces tomaron esta decisión tras considerar que el Parlamento incumplió su deber de exigir al presidente que rindiera cuentas por haber pagado la ampliación de su residencia privada con dinero público, lo que obligó a Zuma a devolver medio millón de euros, en 2016. La situación se puso más tensa en el entorno político de Zuma esta mañana cuando la policía sudafricana detuvo a uno de los miembros de la poderosa familia de empresarios Gupta durante el registro de uno de sus inmuebles. Según informó la televisión pública sudafricana, efectivos de investigación criminal registraron uno de los complejos de los Gupta en el norte de Johannesburgo y, además de incautar documentación y otros materiales, realizaron dos detenciones: la de uno de los miembros de la familia de origen indio y la de un asesor.

La pesquisa se inscribe en el caso denominado "Captura del Estado", surgido tras un informe publicado en 2016 por la entonces defensora del Pueblo sudafricana, Thuli Madonsela, en el que se acusaba al presidente y a varios altos cargos de ilegalidades en la concesión de contratos públicos millonarios. Madonsela sostiene que los hermanos Gupta, con intereses en sectores diversos como la minería, el transporte o la comunicación, tenían prácticamente bajo su poder el aparato del Estado.

El caso causó tal impacto en la opinión pública que la Justicia ordenó en diciembre al gobierno establecer una comisión de investigación a pesar de los intentos de Zuma por bloquear esa iniciativa. La imagen de corrupción e ineficiencia de Zuma se convirtió en un problema creciente para el CNA, que gobierna en Sudáfrica desde el fin del apartheid, en 1993, hasta el punto de que sus propios camaradas, liderados por Ramaphosa, iniciaron una campaña para que se vaya.