Durante los últimos días de 2009, David Blanco y Fernando Rule, quienes fueran presos políticos de Mendoza, se constituyeron como denunciantes de las actuaciones de Otilio Romano y Luis Miret, respectivamente fiscal y juez de la Justicia Federal durante la última dictadura cívico-militar. Ambos seguían integrando la Cámara Federal de Apelaciones, junto a otros magistrados sospechados, y a partir de entonces las denuncias sobre todo ese ámbito judicial como garantes de la impunidad se multiplicaron. El impulso a las investigaciones dado por los organismos de derechos humanos mediante sus abogadas y abogados confluyó en las destituciones de Miret y de Romano, y tuvo como consecuencias el retiro anticipado o salidas de emergencia de parte de otros funcionarios ligados a la represión.

Los, por entonces, jueces federales Gabriel Guzzo y Evaristo Carrizo, junto al exdefensor oficial, Guillermo Petra Recabarren, no pudieron sin embargo eludir sus procesamientos. Se fue sustanciando así una megacausa respecto de las complicidades y participaciones de los federales en el genocidio local, aglutinada alrededor de la Causa F-636, “Fiscal contra Guzzo”. En 2011, el fiscal general Omar Palermo amplió el requerimiento hasta que se logró confirmar los procesamientos en 2012 y la definitiva elevación a juicio concretada a finales del año pasado.

En 2009 se abrió definitivamente la posibilidad de memoria, verdad y justicia en Mendoza, con el primer juicio celebrado en San Rafael. Luego se hicieron efectivos dos procesos más por delitos de lesa humanidad, ambos en la Ciudad de Mendoza, en el último de los cuales se dictó sentencia hace casi un año, el 22 de marzo pasado. Fundamentalmente estos últimos, pero también los aportes de otros juicios similares llevados a cabo en San Juan y San Luis, han incrementado de manera exponencial el grado de información y conocimiento acerca de la llamada “complicidad civil” que tuvo el aceitado grupo de funcionarios, tanto en dictadura como en democracia.

Edición UNCUYO traza el siguiente repaso de algunas de las audiencias más significativas del primer juicio de la Ciudad de Mendoza, con respecto a las denuncias que permitieron profundizar las investigaciones sobre las responsabilidades y el alcance real del accionar de los funcionarios. La primera audiencia se realizó el 23 de noviembre de 2010 y ya al día siguiente se hacía palpable lo conocido desde siempre: asesinatos, torturas, violaciones, apropiaciones, desapariciones de miles de personas en la Argentina, y de cientos en la región, no hubiesen sido posibles de no contar las fuerzas de seguridad con la llamada “pata civil”, hoy fundamento, en sus variantes empresarial, judicial o eclesiástica. Para el repaso se toman como referencias las crónicas elaboradas entonces por el blog de los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza.

Es el relato, su señoría

A pesar del consabido pacto de silencio por parte de quienes fueron responsables del terrorismo de Estado, entre “civiles” y “uniformados” el encubrimiento no es monolítico. En la jornada tercera, ante la lectura de su declaración indagatoria, se pudo saber por Juan Agustín Oyarzábal, agente y subjefe del D2, condenado entonces y procesado actualmente, que Miret conocía bien las condiciones de los y las detenidas:

“Sin duda, el testimonio de Oyarzábal se llevó toda la atención ya que involucró al fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Luis Francisco Miret. Oyarzábal declaró durante la indagatoria que él solo era jefe de Personal Interno y que no se hacía cargo de los prontuarios ni de las actas de ingreso. Según el acusado, esas tareas las realizaba en persona el Jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo, alias 'El Loco', y que el señor Sánchez junto con Miret realizaban visitas a los detenidos en dicha institución”.

En la audiencia siguiente, Fernando Rule, víctima y testigo, confirmó lo expresado por Oyarzábal y agregó la operatividad que tenían los funcionarios judiciales para “desempañar” su tarea, incluso en otras jurisdicciones:

“Del testimonio de Rule surgen nuevos nombres de víctimas con los que tuvo contacto o conocimiento, así como el nombre de otros represores. Entre otros, se destacan los de Fernando De Rosas, instructor de supervivencia de Aeronáutica, en el D2 a cargo de los interrogatorios bajo tortura; el excomisario Rico, del cual ya se tenían evidencias de su actividad represiva en el D2; el policía Escobar, después partícipe del homicidio de Sebastián Bordón; así como la presencia de jueces como Carrizo en la U9 de La Plata y, muy probablemente, por la coincidencia con la declaración de Oyarzábal, de Miret, en los calabozos del D2. De toda la declaración se pidió y se ordenó compulsa para que la Fiscalía siga investigando".

A su vez, la exdetenida Silvia Ontivero confirmó la responsabilidad de Carrizo y el grado de desprecio por la vida que caracterizaba a los funcionarios:

“Después de 18 días de secuestro y cautiverio en el D2 fue presentada, tambaleante  ante el juez Carrizo. 'Mire como estoy, doctor', le dijo. A lo que el Juez le respondió: '¿No se habrá caído?’; entonces Silvia  le ofreció exhibirle las quemaduras de la picana que tenía en el vientre pero el Juez se negó a verlas. La audiencia cerró con el pedido del abogado querellante Salinas, quien solicitó  compulsa para que el Juez Rolando Evaristo Carrizo décuenta de este hecho”.

El recordado David Blanco, preso político durante toda la dictadura, fue primero absuelto por la Justicia Federal  y luego condenado por un  Tribunal Militar. En su testimonio aportó elementos que echan luz sobre el círculo de complicidades entre Guzzo, Romano y Miret:

“Finalmente, a pedido de la querella, el expreso dejó en claro que fue absuelto por el Juez Guzzo, quien dejó constancia en acta de las torturas verificadas en su cuerpo y dio por no válida la declaración firmada en el D2. Por su parte, el entonces fiscal Roque Romano no investigó la tortura, revocó el sobreseimiento dictado por Guzzo y, con el aporte de Miret, el testigo quedó preso hasta 1983”.

Otro exdetenido, Gerónimo Morgante, ratificó en las testimoniales de 2011 otros modus operandi de aquel círculo:

“Fue sometido a Consejo de Guerra, pero este se declaró incompetente; la pena a seis años de prisión por atentado contra la democracia le fue asignada tres años después de que lo detuvieran y en pleno gobierno de facto. Dicha sentencia lleva la firma de Otilio Roque Romano, que en ese momento oficiaba de secretario del Juzgado del cual era titular el juez Gabriel Guzzo. Las irregularidades de los jueces fueron remarcadas reiteradas veces en las declaraciones del testigo: ´Nadie puede creer con el nivel de impunidad con el que se manejaban´ expresó. En tanto señaló que lo paradójico es que el propio Guzzo fuera juez durante un gobierno democrático".

La llamada “Causa Fiscal contra Rabanal” fue una de las estructurantes del juicio y volverá a ser analizada en el actual. El virulento grado de persecución ejercido contra las y los luchadores políticos y sociales antes del golpe, y la implicancia que tuvo sobre el destino de las personas la connivencia de la Cámara Federal con la represión, realzan el testimonio brindado por Daniel Rabanal:

“Rabanal, detenido antes del golpe, llegó a ser procesado por la Justicia Federal. Veinte días después de su arresto, hecho un despojo humano fue presentado ante el Juez Rolando Carrizo, quien se limitó a identificarlo sin atender al estado de deterioro en el que se encontraba. Allí se le informó que su defensor era Guillermo Petra Recabarren aunque este nunca ejerció como tal. De esta intervención judicial seguida por el Juez Guzzo surgió la condena a cadena perpetua por la muerte del agente Cuello, convalidada por otro proceso dos años después. Finalmente, tras la revisión de la causa, fue absuelto por la muerte del agente Cuello pero se lo sentenció a 16 años por otros cargos”.

La “Causa Rabanal” incluye el caso por la desaparición forzada de Ricardo Sánchez Coronel, militante peronista y delegado gremial del Banco de Mendoza, secuestrado en su lugar de trabajo. Los testimonios dieron cuenta de las contradicciones expuestas entre los jefes militares, Jorge Maradona y Tamer Yapur, respecto a los habeas corpus presentados por sus allegados y de la habitual práctica de rechazarlos sistemáticamente y de obligar con las costas a sus familiares.

En ese marco, “el testimonio de Vicente Antolín despuntó nuevas aristas de la complicidad de la Justicia Federal con la represión y sus autores. También develó que en 1975 el D2 ya se encargaba de la represión, como lo prueban expedientes propios de Inteligencia: la orden de allanamiento sin fundar firmada por el ex juez Miret y ejecutada por el Jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo. Y la comprobación del trabajo coordinado: Miret lo allanó, lo indagó y fue su defensor ante el Juzgado Federal. Allí Antolín es condenado por el juez Guzzo a ocho años de prisión, con el aporte de Sánchez Camargo que declara ´anormalidad en la forma de vida del detenido´. Otros testimonios de empleados del Banco de Mendoza revelaron en el juicio que Julio Demetrio Petra pertenecía al directorio”.