El 96 por ciento de las mujeres que ejerce la prostitución en forma voluntaria carece de cobertura de salud; el 51 por ciento no terminó la primaria; el 73 por ciento no tiene vivienda propia; el 86 por ciento es madre y la mayoría tiene dificultades para acceder a las políticas públicas, para sacar un crédito, para abrir una cuenta bancaria. Ese es el panorama que plantearon las integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), un panorama que, están convencidas, puede comenzar a cambiar con la aprobación de un proyecto de ley sobre regulación y reglamentación del trabajo sexual autónomo, individual e independiente que se presentó esta semana y que ingresará el lunes a la Legislatura provincial.

Las integrantes de Ammar, organización que nuclea a unas 5500 mujeres y varones, de las cuales 300 son mendocinas, saben que el debate será arduo. La secretaria general, Georgina Orellano, pide que se dejen de lado los prejuicios, la hipocresía, el miedo, que se las escuche y que nunca más hablen por ellas. 

El salón Islas Malvinas de la comuna de Las Heras fue el sitio elegido para realizar un debate sobre el proyecto de ley que las integrantes de Ammar elaboraron junto a la diputada Lorena Saponara, del Frente para la Victoria (FPV). La intención fue que los presentes escucharan de boca de las mujeres y varones cuál es su realidad y los problemas a los que se enfrentan a diario. El lunes la iniciativa será presentara en la Legislatura, lo que convertirá a Mendoza en la primera provincia donde se debatirá una norma que busca regular el trabajo sexual voluntario.

Saponara contó cómo nació el proyecto. Comentó que en marzo comenzó a trabajar con las integrantes de Ammar, que escucharlas le permitió modificar viejas estructuras de pensamiento e intentar avanzar más allá del ocultamiento y la hipocresía que rodea a las mujeres y varones que decidir ejercer en forma voluntaria el trabajo sexual.

La legisladora hizo un repaso de las leyes vigentes en el país sobre el tema. Expresó que en Argentina no está prohibida la prostitución, pero sí la explotación sexual –el proxenetismo– y la existencia de prostíbulos por la ley 12331, conocida como Ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas. 

A las leyes nacionales se suman normativas de las distintas provincias, como códigos de faltas, decretos y ordenanzas que restringen la prostitución. En Mendoza, por ejemplo, una ordenanza del Concejo Deliberante de Ciudad de 2012 prohibió la oferta de servicios sexuales de cualquier tipo, por lo que cabarets y whiskerías debieron cerrar sus puertas.

La legisladora también planteó las dos posturas existentes respecto del tema: la abolicionista, que entiende que la prostitución nunca es una elección libre, que es una forma de violencia en la que el cuerpo de la mujer es una mercancía; y la reglamentarista, que entiende que es un trabajo como cualquier otro y desde donde se ataca la hipocresía y exceso de moralidad con que se las trata sin dejarlas decidir.

Para Saponara, el debate sobre el proyecto de ley será la oportunidad de dejar de ocultar una realidad y de garantizar los derechos de todas las personas que deciden en forma voluntaria realizar un trabajo sexual.

La iniciativa prevé la creación de un registro de personas que ejerzan el trabajo sexual, definiendo al mismo como “toda actividad de ofrecimiento o prestación de servicios sexuales de manera autónoma, voluntaria, individual e independiente en domicilio particular debidamente declarado ante el registro correspondiente, por toda persona de uno u otro sexo, debidamente registrada/o según los medios establecidos por la presente ley, a cambio de una remuneración en dinero, especias o lo que se pacte según la libre autonomía de la voluntad de las partes. Para beneficio personal del/la trabajador/a sexual”.

En el artículo 3 se enumeran los deberes de las trabajadoras sexuales; entre ellos, asistir a cursos de capacitación, realizarse los controles médicos y psicológicos, la colocación de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la hepatitis B, y exhibir el carnet habilitante. En el siguiente artículo se establecen los derechos: al ejercicio libre de su trabajo en condiciones dignas, a organizarse sindicalmente, a un trato digno y respetuoso y al acceso a la seguridad social, entre otros.

La iniciativa establece la creación de la Secretaría Provincial de la Protección del Trabajo Sexual (Sppts) en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, que estará integrada por representantes de la citada cartera, la de Justicia, Trabajo y Gobierno, la Dirección General de Escuelas (DGE) y de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales. Este será el organismo encargado de crear el registro y quien otorgará la habilitación a las mujeres y los varones mayores de edad.

Las representantes de Ammar defendieron el proyecto. Fátima Olivares, de Mendoza, aseguró que el trabajo sexual autónomo es lícito, que necesita una urgente regularización y pidió que se respetaran su dignidad y sus derechos. Por eso solicitó a los legisladores que acompañaran la iniciativa.

Orellano reconoció que era impensado que Mendoza fuera la primera provincia que levantara la bandera del trabajo sexual autónomo. Y dijo que en un primer momento desconfiaron de que Saponara se comprometiera y presentara la iniciativa, tal como hará efectivamente el lunes.

La mujer explicó que cuando se formó la organización comenzaron a luchar para derogar ordenanzas que las criminalizan, pero luego entendieron que ese no era el problema de fondo. Por eso, trabajaron con el senador del bloque Nuevo Encuentro de Tierra del Fuego, Osvaldo López, y elaboraron y presentaron hace un año en el Congreso un proyecto para regular el trabajo sexual voluntario, que, dijo, está cajoneado.

Ahora la apuesta es comenzar el debate en Mendoza y luego extenderlo a otras provincias con proyectos similares en Santa Fe y Neuquén.

Para Orellano, la clave del problema es la clandestinidad, que genera violencia institucional y que imposibilita que gocen de derechos. “Mientras más clandestino es nuestro trabajo, más kiosquitos se generan alrededor nuestro, de la policía, de los dueños de cabarets”.

La secretaria general de Ammar aseguró que en los últimos años se mezclaron la trata de personas con fines de explotación sexual, a la que repudian, y el trabajo sexual autónomo. Dijo que algunas normas terminan perjudicándolas y no resuelven el problema de fondo de las mujeres que son captadas por redes de trata.

Orellano aseguró que no pretenden cambiar las ideas de los demás y mucho menos que todos compartan su pensamiento. Sólo pidió que respeten su decisión de elegir el trabajo sexual como modo de vida y que nunca más alguien hable por ellas.

La mujer también se refirió a quienes se encolumnan detrás de la postura abolicionista. Dijo que nunca entendieron su discurso y que sienten que las quieren dominar, que detrás de sus escritorios y de sus sitios de poder quieren decirles qué deben hacer.

Orellano dijo a los presentes que el proyecto de ley no le cambiará la vida a ninguno de ellos, pero sí a ellas, que viven a diario las consecuencias de la clandestinidad: no tener bono de sueldo, obra social, no aportar para una jubilación, soportar el trato de la policía y no tener acceso a muchas de las políticas públicas destinadas a todos los ciudadanos.

El debate está planteado. El lunes la iniciativa será presentada en la Legislatura y será el momento para fundamentar las distintas posturas.