Una caja millonaria es motivo de una interna con final abierto en el Gobierno. Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, con el aval del presidente Mauricio Macri, buscan quedarse con parte del dinero que utiliza su par Germán Garavano para mantener el funcionamiento del Ministerio de Justicia. Según publica La Nación, el objetivo es la recaudación de más de $15.000 millones que entregan los registros de propiedad del automotor.

Se trata, además, de un servicio históricamente ligado a favores políticos y nombramientos clientelares.

El primer paso será la implementación de la plataforma de trámites a distancia para registrar y transferir vehículos sin concurrir a un registro. La segunda etapa, aseguraron fuentes cercanas al Presidente, es cerrar los registros de autos, motos y maquinaria agrícola, que en el país son poco más de 1500.

Ibarra le presentó la iniciativa a Macri hace diez días y el Presidente no dudó: pidió avanzar con celeridad. Será el puntapié inicial de un plan que tiene como objetivo desarmar los citados registros, uno de los negocios más preciados de la política.

Los registros, que ya comenzaron a realizar trámites y operaciones por vía digital, dependen de la Dirección Nacional del Registros Nacionales del Registro Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

Si bien en el Ministerio de Justicia evitaron dar cifras oficiales, se trata de una caja de al menos $15.000 millones. Aunque, según pudo saber ese diario, esa suma podría duplicarse. Parte de ese dinero es el que utiliza Garavano para pagar los sueldos de gran parte del ministerio, prácticamente todos los contratados.

Cerca del ministro se mostraron molestos con la decisión. "Una cosa es mejorar los procesos, con lo que estamos de acuerdo. Pero si se quedan con la caja, que digan cómo se va a financiar el Ministerio de Justicia", se quejaron fuentes oficiales.

Desde que se hizo cargo del área de Justicia, Garavano implementó varios cambios para modernizar el sistema de Registros de la Propiedad Automotor. En primer lugar, se opone a la eliminación, "ya que eso generaría inseguridad jurídica, en cuanto al origen de los autos que se compran y venden, por la legalidad de las transferencias". Además, argumentaron allegados al ministro, sin un sistema nacional centralizado "no podríamos evitar que se genere un mercado negro de venta de autos que se roban en un lugar y se venden y transfieren en otra localidad".

Hoy, del total de impuestos que se cobran para transferir un automóvil, que ronda el 7% de su valor, solo el 1,20% corresponde a la tasa de transferencia -con Garavano ese impuesto bajó un 40%-; el resto son impuestos locales y provinciales.

Además, se pusieron en marcha los trámites online, transferencias digitales, pedidos de turnos por internet, pedidos de informes online, inscripciones iniciales digitales y el título digital.