Un grupo de organizaciones, dos municipios y particulares preparan acciones de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la ley 7722, que produjo movilizaciones masivas de ciudadanos para pedir el veto de la norma, pese a lo cual el Ejecutivo la promulgó y este jueves anunció que frenará su reglamentación hasta que haya consenso social.

El senador Marcelo Romano (Protectora) explicó que la intención es realizar las presentaciones ante la Suprema Corte de Justicia cuando concluya la feria judicial. Y expresó que las mismas serán acompañados con solicitudes de no innovar, con la intención de evitar que las empresas mineras avancen con las solicitudes de permisos y esto las habilite a futuros reclamos por perjuicios, hasta tanto se defina el tema en la Justicia.

El integrante de las Asamblea por el Agua Pura, geógrafo y profesor de la UNCUYO Marcelo Giraud confirmó que están trabajando en la elaboración de las presentaciones judiciales. Las autoridades de San Carlos y General Alvear confirmaron que realizarán presentaciones judiciales en el mismo sentido.

Sin grietas, el oficialismo y el PJ modificaron la Ley 7722

Esta vez no hubo grieta entre el oficialismo y el PJ: los y las senadoras y diputados aprobaron en sesiones especiales las modificaciones a la Ley 7722, que prohibía -hasta ahora- el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

Sesiones maratónicas

Las modificaciones a la Ley 7722, vigente desde 2007, fueron tratadas en sesiones especiales maratónicas y aprobadas por el oficialismo y el PJ. Esto generó movilizaciones, ya que los cambios fueron decisivos: la única sustancia que sigue prohibida es el mercurio, se dejó sin efecto la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DPA) y se puso en marcha un sistema de control que incluye la formación de una Policía Ambiental de Actividades Extractivas y una Comisión Bicameral de seguimiento.

Ni bien se aprobaron las modificaciones, Romano anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad, a lo que se sumaron luego las Asambleas por el Agua Pura y las comunas de San Carlos y General Alvear.

Finalmente el Gobierno promulgó los cambios a la Ley 7722

Este martes se publicó en el Boletín Oficial la norma enmendada en la Legislatura. Fue luego de las masivas protestas que se vivieron en la provincia.

El senador explicó que ahora trabajan en la letra de esas presentaciones para que todas respeten un mismo criterio y no existan contradicciones.

Todas las presentaciones compartirán dos fundamentos para plantear que las modificaciones a la 7722 son inconstitucionales porque violan dos principios contemplados en la Ley General del Ambiente, que rige desde 2001. Estos son el de no regresión, es decir que una vez logrado un piso de derecho ambiental no se puede volver atrás, y el de progresividad, es decir que en forma gradual se avanza hacia una protección mayor del ambiente.

Romano expresó que desde distintos puntos del país, e inclusive desde el exterior, fueron varios los letrados especializados en derecho ambiental que se ofrecieron a colaborar con la elaboración de las acciones judiciales.

Histórica movilización de productores contra la reforma de la Ley 7722

Mariana Baldearena, productora de Tupungato, habló con Radio U desde la movilización en Casa de Gobierno, donde una multitud exige que se vete la ley que reformó la 7722. "La norma protegía claramente el agua, indicando cuáles eran las sustancias que no podían utilizarse.

El papel de la Corte

Estas presentaciones se realizarán ante la Suprema Corte de Justicia, porque es el máximo tribunal el que tiene la prerrogativa de determinar si una norma respeta la Constitución y los tratados internacionales que Argentina firmó en la materia y que tienen rango constitucional desde la reforma de 1994.

Una vez que la Corte se expida, las partes tienen la posibilidad de acudir a una instancia superior, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte confirmó que la ley 7722 es constitucional

La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros. La decisión del máximo tribunal puso fin a la disputa entre la Provincia, que defendió la constitucionalidad de la norma, y los empresarios mineros, que presentaron diez acciones de inconstitucionalidad, sobre las que falló la Corte.

El máximo tribunal local ya se expidió sobre la 7722 en diciembre de 2015, cuando determinó la constitucionalidad de la norma. Fue a raíz de la presentación que hicieron los empresarios mineros.

Pedido de veto

Un puñado de legisladores peronistas que votaron en contra de la modificación de la 7722, a contramano de lo que hizo el partido opositor, presentará un proyecto de ley para que el Ejecutivo derogue la norma. Así lo confirmó el senador justicialista Gustavo Majstruk. El legislador expresó que el objetivo es realizar un gesto político, teniendo en cuenta la movilización que produjo la aprobación del proyecto del Ejecutivo.