Con el seminario "Análisis sistémico de la seguridad pública en Mendoza" el último viernes se retomaron las clases del Diplomado de Seguridad Democrática que se dicta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). El mismo estuvo a cargo del experto en la materia y actual concejal socialista de la ciudad, Alberto Montbrun. En ese marco NU Digital dialogó con el especialista sobre la relación entre los últimos hechos de gatillo fácil que se vivieron recientemente en la provincia de Buenos Aires  y el caso local de torturas y abusos de poder cometidos en la penitenciaría de Mendoza.

“Son hechos que responden a inercias que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años”, opinó Montbrun e inmediatamente lo relacionó con la reforma policial que se aplicó en la provincia durante la última etapa del gobierno justicialista de Arturo Lafalla a fines de 1998. En este punto es necesario recordar que en esa época el concejal se desempeñaba como senador provincial y pese a encontrase en desacuerdo con dicho proyecto apoyó activamente la creación del  Instituto Universitario de Seguridad Pública, como ámbito de capacitación y profesionalización para los policías.

Para Montbrun todo ese proceso de cambio que empezó a delinearse con Lafalla y el actual secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán - quien en ese contexto cumplió el primer cargo de ministro de Seguridad de la provincia- se inició con “mucho entusiasmo” pero su “declinación”  fue inmediata  a partir del recambio de autoridades de 1999, con la llegada del radical Roberto Iglesias a la gobernación.

Según explicó el especialista, ese “decaimiento” tiene que ver con el que el nuevo gobierno “descuidó” aquella  política de seguridad y no contribuyó a su consolidación. “Si bien hoy nuestra policía es mejor que la que se tenía en ese momento, muchas cosas quedaron sin resolverse, y tampoco veo que hoy esté trabajando en ellas”, consideró Montbrun.

Para explicar la osbolescencia del actual sistema de seguridad, Alberto Montbrun recalcó que dichos sistemas “están conformados por personas”, y que por lo tanto dependen de factores múltiples que de no estar coherentemente abordados y adaptados a los nuevos tiempos promueven hechos de gravedad como los ocurridos en el último tiempo a cargo de las propias fuerzas de seguridad. “Como toda organización donde participen seres humanos, nuestros sistemas de seguridad dependen de la capacitación que les brindo a los profesionales, del ambiente laboral que les creo, de la retribución que les otorgo”, detalló. Y siguió. “Si yo estoy auspiciando o concibiendo una cultura que tolere el tipo de conductas reaccionarias y violentas, que además no  sirven para nada en materia de seguridad  nos va a pasar esto una y otra vez”, dijo refiriéndose al caso del penal San Felipe donde los mismos agentes penitenciarios torturaban a los internos y a los casos de gatillo fácil, cuyas principales víctimas son jóvenes de clase baja.

El caso mendocino no fue el único ejemplo que utilizó el experto al momento de ilustrar los retrocesos que en materia de seguridad que se viven a nivel nacional. También evocó el caso de la reforma “profunda” y “posible” que en el período 2003 – 2007 encaró el ex ministro de Seguridad León Arslanian en la provincia de Buenos Aires y que tiempo después el gobernador Daniel Scioli frenó motivado por sus propios intereses.

“Por eso lo que hoy estamos pagando como sociedad son las consecuencias de que aún prevalezcan sistemas inerciados con corrupción,  que todavía no han sido abordados profundamente por la política democrática”, consideró Montbrun.

Como investigador en el área de políticas públicas de seguridad, Montbrun profundizó en su charla sobre modelos de sistemas de seguridad aplicable a distintas ciudades, considerando actores, problemas, e identificando los núcleos críticos para el abordaje. NU Digital le consultó sobre su propuesta específica para Mendoza a nivel policial.

“Es necesario generar un tipo de policía que es lo que se llama “policía de proximidad”, respondió el concejal. Explicó que se trata de  un profesional de la disfunción que opera en un ámbito territorialmente acotado y con un alto nivel de capacidad y decisión. También asociado al gobierno municipal, al gobierno provincial y a la red de ONGs para poder proveer respuestas a las amenazas que generen delito, desorden o temor.

Finalmente expresó a este medio que es necesaria una política social que “opere a mediano y largo plazo sobre los factores económicos del delito: la inequidad en el ingreso, la pobreza, el desempleo y la falta de educación”.