Con la aprobación de la Reforma de su Estatuto, la Universidad Nacional de Cuyo ha dado un salto institucional que seguramente quedará en las efemérides que demarcan su trayectoria, así como también se convertirá en un punto de referencia a nivel nacional ya que, si bien no es la primera universidad en establecer la elección directa como sistema electoral, sí es una de las más antiguas y concurridas en hacerlo.

A través de la convocatoria a dos asambleas universitarias, se aprobaron una serie de puntos que implican un antes y un después para la Universidad. El punto más importante seguramente es haber logrado establecer un sistema de elección directa, obligatoria, secreta, simultánea y por listas de los mandatarios.

Un hecho que cambiará de alguna manera toda la cultura política preexistente y que lanza a la institución a una nueva etapa en la que se prevén marcos institucionales de confrontación de proyectos de gestión, debate público y, sobre todo, la emergencia de un ámbito donde los candidatos discutirán con la comunidad universitaria abiertamente acerca de los puntos sustanciales que atraviesan la vida y función universitaria.

Si bien la discusión política siempre existió con el sistema indirecto de elecciones –en el que las autoridades eran elegidas por los consejeros directivos (decanos/as y vicedecanos/as) y superiores (rector/a y vicerrector/a)–, hasta ahora el debate no había sido impulsado por el propio sistema electoral, que en el caso de la nueva modalidad establece la obligación de los candidatos de presentar una plataforma de gobierno y prevé el establecimiento de un tiempo de campaña para que se divulguen las propuestas.

Otro de los puntos a considerar ha sido la forma de elección de los docentes titulares que hasta el momento solo podían ser elegidos por su propia categoría. De esta forma se concentraba un alto grado de representatividad en una baja cantidad de personas. En función de ello, en una de las últimas sesiones de la Asamblea se estipuló que de aquí en adelante los titulares sean elegidos por todo el claustro docente, con lo que se promueve una representación más identificada con los intereses de todos los subclaustros.

Otro aspecto modificado fue la duración de todos los mandatos de gestión. Pasaron de tres a cuatro años los de autoridades universitarias y de unidades académicas, como así también el de los docentes. Por su parte, estudiantes, egresados y personal de apoyo duplicaron su tiempo de mandato a dos años. Esta medida transformará de alguna manera los tiempos de la gestión, muchas veces escasos para llevar adelante medidas de aliento a mediano y largo plazo.

El sistema electoral previsto para la elección de los consejeros directivos y superiores es el D'Hont, dado que a través del mismo se prevé la representación de las minorías, algo que no ocurría con el antiguo sistema electoral por mayoría simple. Por ejemplo, en el caso de egresados o estudiantes, una fuerza política podía hacerse de toda la representación con la sola diferencia de un voto.

La incorporación al Estatuto de la visión y la misión establecidas en el Plan Estratégico 2021 de la UNCUYO fue otro de los puntos destacados. Esto impacta de lleno en la identidad universitaria y marca posición frene a un profundo debate que gira en torno a cuál debe ser la función universitaria, donde se disputa un sentido humanista de la educación contra uno de orden instrumental o de mercado.

Según se señala en la misión y visión incorporadas en el texto fundamental de la UNCUYO, esta institución comprende a la educación como un derecho humano que es responsabilidad de Estado y cuya función se dirige a colaborar en la satisfacción de las necesidades y el desarrollo de toda la sociedad, sea a nivel provincial como nacional. La toma de partido de la UNCUYO en torno a la proclama humanista funciona como una suerte de reflejo del gran momento que atraviesa el debate en toda Latinoamérica con respecto a qué tipo de universidad se aspira.

Otro de los cambios es el paso de atribuciones legislativas de la Asamblea al Consejo Superior. Esto es con el objetivo de poder llevar adelante los tres componentes centrales del Plan Estratégico 2021, destinados a garantizar en un sentido inclusivo el derecho a una educación superior de calidad y pertinente, la participación de la Universidad en el desarrollo local y regional, y el desarrollo y optimización de los procesos administrativos como un medio para llevar los dos objetivos anteriores.

En este momento, avanzan los trabajos de una comisión de reglamentación electoral que fue constituida ad hoc con representantes de todas las Unidades Académicas y del Consejo Superior. Su función es generar una propuesta de reglamento para el desarrollo de las primeras elecciones directas de la UNCUYO.



Derecho humano como responsabilidad del Estado

La reforma del Estatuto de la UNCUYO ocurre en un escenario de intenso debate respecto del rol que debe cumplir la universidad pública. Durante el año 2008 ocurrió algo significativo en la historia de la educación en el subcontinente. En la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, realizada en Cartagena de Indias (Colombia) se definió a la educación superior como un derecho humano que es responsabilidad del Estado.

“La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad”, indica la declaración.

Aunque advierte que “la Educación Superior como bien público social se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta esta tendencia y que los gobiernos de América Latina y el Caribe garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones de Educación Superior públicas”.

El mensaje es claro: se define a la educación superior como un derecho humano sin dejar de advertir que existen quienes propugnan porque la educación sea considerada una mercancía. Estas dos posiciones son inconciliables, la definición como derecho humano obliga a los Estados y la sociedad a volcar todos los esfuerzos para su generalización y expansión. Para algunos, esto puede representar una verdad de perogrullo; sin embargo, la verdadera magnitud de esta proclama solo puede ser realmente dimensionada desde términos comparativos e históricos.

La declaración del CRES elevó la discusión a nivel mundial, dado que la idea de la educación como un derecho humano también influyó en el debate que se produjo en la Conferencia Mundial de Educación Superior celebrada en París durante 2009, donde existían, por parte de muchos, fuertes expectativas de llegar a un documento similar al texto “La Educación Superior. Lecciones de la experiencia”, producido por el Banco Mundial en 1995, donde se rechaza la inversión del Estado en Educación Superior  y se propone la privatización del sistema educativo.

Por el contrario, la conferencia de Cartagena de Indias marcó posición frente al mundo y reposicionó a la educación superior en el centro del humanismo que ha caracterizado buena parte de cierta tradición educativa latinoamericana. A un año de esta proclama, la conferencia de París no pudo hacer oídos sordos a la definición latinoamericana de la educación como un derecho humano y en su declaración final, si bien no se registran los alcances de Latinoamérica, se definió, como resultado de este debate, a la educación como un bien público que “es responsabilidad de todos los actores involucrados, especialmente los gobiernos”.



¿Una educación para pocos?

En una intervención reciente, el investigador Humberto Podetti no fue inexacto al indicar que, desde su milenaria historia, las universidades han tenido la tarea de formar élites. En el Foro de Valparaíso de 2010, Manuel Castells también realizó un diagnóstico histórico similar aunque señalaba que, en el caso de Latinoamérica, gran parte de las élites también se formaron exteriormente, asistiendo a universidades de otras partes del mundo.

Más allá de su origen como formadoras de élites, durante el siglo XX se desarrolla un sistema universitario de masas que tiene por objetivo elevar el nivel general de conocimiento y absorber una porción de las clases medias. En Europa, este sistema prolifera después de la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, en Latinoamérica los precedentes son anteriores, ya que es un proceso que tiene como punto de partida la reforma de Córdoba del año 1918.

Amediados de siglo, con el peronismo se produce una ampliación de las clases medias a través de la incorporación de los sectores trabajadores a la vida política e institucional del país, y se promueve el ingreso gratuito a la universidad con la sanción del decreto 29337, que estableció la gratuidad de los estudios universitarios, superando conceptual e instrumentalmente la predefinición elitista de universidad que había primado durante siglos.

Actualmente quedan vestigios de ese elitismo de la Educación Superior, que se expresan de manera más o menos regular en explosiones de sinceridad, como, por ejemplo, en las recientes declaraciones del filósofo italiano Umberto Eco, quien señaló en una poco afortunada declaración que la universidad debe ser para una élite, debido a que el exceso de alumnos entorpece la actividad académica. Como no podía ser de otra manera, un pensamiento tan retrógrado cosechó un repudio más o menos generalizado por parte de distintos referentes académicos e intelectuales.

 A modo de ejemplo, cabe mencionar por su locuacidad la respuesta que da el rector de la Universidad General Sarmiento, Eduardo Rinesi, quien opone a la imagen de desagregación hipotética que plantea el filósofo italiano, la firme consideración de la educación superior como un derecho social y humano. Rinesi advirtió que los estudiantes que ocupan las aulas de las Universidades son portadores de ese derecho y que no hay nada que demuestre la consigna ideológica lanzada por Eco, basada en el sostenimiento de que la relación entre calidad y cantidad de estudiantes es inversamente proporcional.

De esta forma el Rector de la Universidad Sarmiento marcó una posición que representa el saludable estado de situación del debate sobre educación pública que vive la región.