Las presentes ideas tienen como objeto contribuir al debate de las propuestas que se mencionan para la resolución, en el plazo más corto posible, de las situaciones de hambre y malnutrición que afectan a vastos sectores de la población de nuestro país.

Los datos oficiales (INDEC) indicaron para su medición del primer semestre del 2019, que el porcentaje de hogares bajo la línea de la pobreza en los 31 aglomerados urbanos que mide la EPH es de 25,4% (35,4% de personas) de los cuales el 5,5% de los hogares (7,7% de las personas) se encuentran bajo la línea de indigencia. Se espera que, dado que no se ha detenido el proceso inflacionario, las cifras relativas a pobreza e indigencia del segundo semestre del año sean peores. Esto ha sido corroborado por el reconocido estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que hace muy pocos días informó que, según su metodología, poco más del 40% de la población de nuestro país se encuentra por debajo de la línea de la pobreza (16 millones de personas), de los cuales casi el 9% son indigentes (3,6 millones de personas). Estas alarmantes cifras se tornan más lacerantes cuando, según el mismo estudio, observamos que casi 6 de cada 10 niñas/os y adolescentes se encuentran en hogares pobres.

En este acuciante contexto, confluyen diferentes ideas para, en palabras del futuro Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, detener la “caída” de las personas de los hogares pobres y vulnerables de nuestro país, en especial nuestras niñas, niños y adolescentes y garantizar, desde el próximo gobierno, las acciones de política pública que permitan el acceso indubitable a una alimentación saludable.

Entre las acciones que fueron nombradas en la que fue la primer reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre (https://www.cronista.com/economiapolitica/Argentina-contra-el-Hambre-como-es-el-plan-economico-que-Alberto-implementara-ni-bien-asuma--20191115-0004.html), se mencionaron varias que tienen como objetivo intervenir sobre la oferta de alimentos intentando abaratar sus costos mediante diferentes programas e incrementando la participación de la agricultura familiar y de productores de la economía social como participantes de la oferta de alimentos (que como ya sabemos presenta una estructura fuertemente oligopólica en nuestro país). En el mismo sentido se ha expresado Victoria Tolosa Paz, quien estará a cargo del Consejo Federal de Políticas Sociales, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y tendrá a cargo el funcionamiento del programa Argentina contra el Hambre. (https://www.pagina12.com.ar/235217-tolosa-paz-hay-que-repensar-la-matriz-productiva-de-alimento).

Mas allá de compartir los diagnósticos de que hay que repensar e intervenir en la matriz productiva de alimentos y del rol que en esta tarea tienen los productores de la agricultura familiar y de la economía social, me interesa aportar algunas opiniones respecto a las diferentes opciones que se plantean para responder de manera inmediata a incrementar el poder de compra de las personas y hogares que se encuentran en las condiciones de exclusión ya mencionadas. En este sentido, y opinando sobre los trazos gruesos que las/os futuros funcionarias/os han volcado en entrevistas mediáticas respecto a la implementación de una tarjeta para la compra de alimentos destinada a estos hogares y personas, es que voy a presentar algunas reflexiones.

Quiero llamar la atención sobre algunos aspectos negativos de algunas de las respuestas que se están mencionando para afrontar la crítica situación y que podrían presentarse luego de su implementación. Estas observaciones están basadas en la experiencia local de la provincia de Mendoza – seguramente deben existir similares en otras provincias del país - que en el año 2000 lanzó, en el marco de una situación socio-económica tan dramática como la actual, el Programa Ticket Vale-Mas que consistía en distribuir tickets (vales o “vouchers”) de compra entre los hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la provincia que permitían acceder a una limitada canasta de alimentos. Adicionalmente, la particularidad de estos tickets era que solo podían utilizarse en comercios minoristas barriales (almacenes) quienes, a su vez, podían utilizar los vales que acumulaban como forma de pago ante los mayoristas, quienes, finalmente, los canjeaban por dinero en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Algunos aspectos del sistema de implementación permitieron desvíos y actos de corrupción por parte de funcionarios que fueron denunciados y llevados a la justicia. Suponiendo que esta variable es totalmente controlable debido a la ventaja que supone la utilización de una tarjeta magnética, las objeciones se refieren a aspectos mas sustanciales de este tipo de políticas. Este Programa se mantuvo hasta el año 2017, con la denominación “Programa Tarjeta Ticket” asociado con otros de similares características (Programa Nutrifamilia y Plan Comer Juntos en Familia) (Guía de Programa Sociales, Subsecretaría de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Gobierno de Mendoza, http://www.desarrollosocial.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/21/2017/08/guia_programas.pdf )

En este caso, el potencial programa podría ser caracterizado como una variante de los ya conocidos Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI) que se aplican en América Latina desde hace muchos años1, con la particularidad de que la tarjeta permitiría la adquisición de una canasta de productos (alimentos definidos anticipadamente) para ser utilizada en determinadas bocas de expendio. Las preguntas que surgen son: ¿Qué tipo de alimentos? ¿Todas las marcas comerciales o solamente algunas de ellas? ¿Alimentos y bebidas? ¿Bebidas? ¿Cuáles? ¿Frutas y hortalizas? ¿Qué otro tipo de productos? ¿Pañales? ¿Elementos de aseo? ¿Elementos de higiene del hogar? ¿Cuáles?

En relación a lo anterior, una dificultad adicional que podría aparecer es que, en la medida en que se transfiera una determinada suma de dinero por hogar (¿integrantes del hogar?) mediante una tarjeta magnética, esto complicaría la utilización de la misma en negocios minoristas de barriadas populares que, con porcentajes variables según la zona del país, carecen de algún tipo de terminal para debitar el valor de los alimentos que se adquiriesen. Igual dificultad se presentaría si se pretendiese promover la compra de alimentos en ferias y/o comercios de la economía popular o solidaria que difícilmente cuenten con estas terminales para debitar lo adquirido.

Mas allá de estas dificultades operativas, que no nos parecen menores, entiendo que restringir el dinero transferido a determinados bienes y productos en una especie de segunda focalización (la primera sería determinar las características de los hogares y las personas receptoras del mismo), conlleva implícito – aunque no sea la motivación de los promotores de la política – una suerte de tutela paternalista sobre las capacidades de las personas y familias vulnerables en la utilización del dinero a la hora de adquirir los productos satisfactores de sus necesidades básicas y elementales de alimentación, vestimenta, aseo personal, limpieza del hogar, etc. La experiencia del mencionado Programa Ticket Vale Mas (del que lamentablemente no hay trabajos de investigación o informes de evaluación disponibles) recogida verbalmente de algunos de los funcionarios que actuaron en su momento es que, a la hora del canje del ticket o vale en los comercios minoristas, las personas adquirían productos por fuera de los especificados inicialmente pagando un precio mayor por los mismos. En realidad, para los productos que no estaban previstos en el programa (que eran pocos y casi con exclusividad para alimentación y con determinadas marcas), los comerciantes recibían los tickets con un descuento de su valor nominal. Es decir, estas cuasimonedas se depreciaban al momento de concretarse las micro-transacciones en los comercios barriales. Como he mencionado, no está documentado, pero numerosos testimonios de la época reflejan que se constituyó una suerte de “mercado paralelo de cambios” de los vales por dinero con la consecuente y obvia perdida de valor para los portadores de los mismos.

Entiendo que estas objeciones estarían salvadas debido a la utilización de la tarjeta magnética, pero aun así nos parece discriminatorio para las/os receptores la obligatoriedad del uso del dinero implícito en la transferencia para bienes definidos con anticipación.

¿Qué propongo? Adherir a la propuesta de Claudio Lozano de aumentar el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a los valores que surjan de aplicar las equivalencias del INDEC cuando calcula la canasta básica y ampliada para el cálculo de pobreza e indigencia. En una nota reciente Lozano mencionaba que esto supondría llevar la AUH de los poco menos de $3.000 por niña/o y adolescente menor de 18 años de la actualidad a alrededor de $6.700 por hija/o. Esto significaría que un hogar que tiene dos hijas/os menores de 18 años que se encuentre actualmente comprendida en la política AUH (no hablamos de plan ni programa2) recibiría un poco mas de $13.000 pesos que se acerca al valor de la canasta básica para superara la indigencia. ( https://contrapoderweb.com/2019/10/10/claudio-lozano-se-puede-rescatar-a-37-millones-de-indigentes-subiendo-la-auh/ )

Sostengo que fortalecer y, tal vez, “relanzar” la AUH requiere que se la comprenda no como un “plan” sino como una equiparación de los valores que perciben en el sistema de asignaciones familiares contributivas los/as trabajadoras/os formales. Es decir, que el Estado al reconocer la “equivalencia” de las/os hijas/os menores de 18 años de las personas en condiciones de desempleo o empleo informal, fortalece la concepción de que estos millones de argentinas y argentinos son trabajadoras/es del mercado informal por una deficiencia del funcionamiento de la estructura económica y no por vicios o carencias individuales. Potenciar la interpelación que como trabajadoras/es (desempleados, informales, monotributistas, etc) propone originalmente la AUH, permite disputar y contrarrestar el sentido común que supone que una parte de la población es subsidiada y sostenida por el Estado (“planeros”).

Esto implicaría una fuerte campaña de información publica respecto a las características de funcionamiento y formas de financiamiento del sistema de seguridad social en Argentina. Especialmente explicar que las/os trabajadoras/es informales contribuyen al financiamiento del sistema de seguridad social por la vía de impuestos indirectos debido a las dificultades de sustentación del mismo desde hace décadas. Asignar una cifra equivalente por medio de la AUH al hijo/a del desempleado o trabajador/a informal es un acto de reparación distributiva, y por lo tanto de justicia social, y no la aplicación de una focalización compensatoria. El rol de las organizaciones territoriales y sociales podría consistir, si esta fuera la decisión, en colaborar en la promoción de la oferta efectiva de los diferentes productos de la economía social en distintas bocas de expendio como manera de contribuir a romper los aspectos oligopólicos de la oferta de alimentos y bienes esenciales en la economía argentina.

Adicionalmente, fortalecer y relanzar la AUH permitirá que, hasta tanto la economía se ponga en funcionamiento y recupere la generación de puestos de trabajo, las personas en condiciones de vulnerabilidad extrema puedan, de manera autónoma, decidir la adquisición de los bienes que consideren adecuados para la superación de sus condiciones de privación material.

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1 Desde los pioneros Bolsa Escola (1995) de Brasil y PROGRESA (1996) de México, Cecchini, Simone y Bernardo Atuesta (2017), Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe. Tendencias de cobertura e inversión, CEPAL.

2 Como hemos mencionada en otros trabajos, desde su lanzamiento los discursos hegemónicos han intentado catalogar a la AUH como un plan desconociendo su pertenencia al campo de la seguridad social como tan claramente lo expone Pilar Arcidiácono (2017) (La masividad de las transferencias de ingresos y los márgenes de la burocracia para recrear la política pública. Una mirada sobre la Asignación Universal por Hijo en Argentina) y a pesar de otras autoras que incluyen a esta política entre los ejemplos de los PTCI tal vez confundidas por la existencia de las condicionalidades. Esta confusión aparece en Cecchini, Simone y Aldo Madariaga (2011), (Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe, CEPAL.)