Hoy martes 2 de febrero, en Tribunales Federales, se dio continuidad al IV Juicio que se lleva a cabo en Mendoza desde el 17 de febrero de 2014 por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico-militar. El abogado querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, presentó sus alegatos contra los exfuncionarios de la Justicia Federal, detallando cinco casos. En ellos, y en más de 200 casos que acumula el megajuicio, el abogado sostiene que los magistrados tuvieron participación primaria.

Hacia el final de las exposiciones, Peñaloza pidió al juez Juan Antonio González Macías un cuarto intermedio para mañana poder proseguir con los alegatos, donde adelantó que tratará específicamente el hecho de que los magistrados faltaron al cumplimiento del régimen en materia de minoridad. Es decir, el letrado cuenta con pruebas suficientes para analizar el rol de la justicia con respecto a los menores de 18 años durante la dictadura. De esta manera, mañana a las 9.00 continuará la audiencia. También se espera que dé su palabra el abogado Pablo Salinas por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH) .

Durante el transcurso del juicio, la defensa de los acusados dio a conocer la muerte de uno de los imputados: Juan A. Oyarzábal, miembro de la Policía de Mendoza, subjefe del D2, condenado a perpetua en el 2do y 3er juicio por autor mediato de 47 hechos de privación abusiva de libertad agravada, homicidio doblemente agravado, robo agravado por el uso de arma de fuego, 36 hechos de tormentos agravados, 4 hechos de violación agravada por uso de la fuerza, autor material de lesiones graves y como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

La “megacausa” acumula alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad, que dan cuenta de más de 200 casos de violaciones a los derechos humanos. Incluye el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones ilegales, secuestros, torturas, violaciones, desapareciones y/o asesinatos contra más de 200 víctimas. Estos delitos fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas, la cúpula y subalternos de la Policía de Mendoza, Penitenciaría Provincial y cuatro funcionarios de la Justicia Federal: Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren.
 

Los alegatos

La querella expuso unos cinco casos en los que la Justicia Federal de aquellos años omitió investigar o tuvo algún tipo de complicidad. El primero de ellos fue el de Néstor Ortiz y Florencia Santamaría, detenidos en El Algarrobal en 1975, para realizar declaraciones forzadas. En ese momento no se les permitió realizar la denuncia ante los jueces.

El caso 95 hace alusión a Héctor Eduardo Mur y Bustos de Mur, quienes, tras 18 meses de detención, presentaron un pedido de Habeas corpus que más tarde fue rechazado por el juez Guillermo Max Petra Recabarren. En estos casos, el abogado Peñaloza acusa a los jueces de no avalar el trámite para interceder ante las detenciones ilegales.

Otro de los casos fue el de Edith Noemí Arito y Mario Roberto Gaitán. Edith testimonió anteriormente que, luego de haber sido detenida en 1976 en Dorrego y enviada al centro clandestino de operaciones D2, fue violada y golpeada. Relató, además, la tortura de Daniel Moyano y Edesio Villegas, quienes aún continúan desaparecidos. Tras 40 días detenida, quedó en libertad en marzo de 1979.  Fue al juez Luis Francisco Miret a quien le dieron aviso de los hechos, pero éste ignoró el oficio. En este caso, también se acusa a Otilio Roque Romano de desconocer y relativizar el derecho de la defensa del ciudadano.

El caso de Luz Amanda Faingold fue calificado como un caso sensible para la querella. En agosto de 1975, cuando tenía apenas 17 años, fue secuestrada y  trasladada al D2. Allí fue golpeada, violada y permaneció seis días incomunicada, con la anuencia del juez Miret y el fiscal Romano. Entre otras cosas, ninguno aplicó las medidas tutelares, por tratarse de una menor, previstas en la Ley de Patronato.

Finalmente, Peñaloza dio lectura al caso Celina Manrique Terrera, la nieta recuperada N.º 86, pues en 2007 se hizo pública su verdadera identidad. En 1977, Alfredo Manrique y Laura Terrera, junto a su hija, se dirigían a San Juan para visitar a unos familiares, pero fueron secuestrados en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Durante el año 1987, Romano decidió archivar la causa, a pesar de que la apropiación de menores estaba exceptuada de la Ley de Obediencia Debida.