La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizó un pedido al gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, para regular las facultades y atribuciones de los efectivos de la seguridad pública de Mendoza.

“Como organismo defensor y promotor de los derechos humanos, recibimos con alarmante frecuencia noticias sobre arbitrariedades cometidas por algunos integrantes de la fuerza policial bajo su dependencia. A fines de fundar nuestra petición, adherimos a las manifestaciones de preocupación por la violencia institucional y “abusos cometidos por agentes de las fuerzas” que hiciera la ministra de Seguridad Sabina Frederic al hablar por teleconferencia con los ministros de seguridad del país. El Presidente lo planteó el domingo: si bien estamos en una situación excepcional, esto no debe dar lugar a atropellos de las fuerzas", dice el comunicado.

Frente a este pedido, Unidiversidad dialogó con la diputada provincial (FpV) Patricia Galván, copresidenta de APDH, que afirmó que desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se han vivido prácticas irregulares por parte de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales. Es por esto que se elevó esta petición para evitar situaciones de abuso de poder.

“Nos hemos enterado de casos de exceso de autoridad por parte de la Policía y desde APDH vimos preciso involucrarnos. Este amedrentamiento es innecesario, lo único que logra es fomentar la violencia y el miedo. Tratamos de que esta cuarentena sea llevadera para todos”, explicó.

Galván también recalcó el accionar de las autoridades del Gobierno nacional al advertir estas injusticias cuando, a principios de abril, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, manifestó su "preocupación" por "la violencia institucional" y los "abusos cometidos por agentes de las fuerzas", al hablar por teleconferencia con los ministros de Seguridad del país.

Diputada Patricia Galván

Por esta razón, el comunicado recordó a los ciudadanos cómo debe actuar el personal policial durante un control. Además de la identificación en el uniforme, el oficial deberá notificarse y explicar el motivo de su presencia; consultar los motivos por los que la persona está circulando. Debe tenerse presente que existen numerosas excepciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten el tránsito de personas que cumplan trabajos y/o brinden servicios en determinados rubros; de este modo, si la persona que se encuentra en la vía pública dice estar alcanzada por algunas de las excepciones, se solicitará que acredite esa circunstancia; si la persona se encuentra transitando el espacio público y acredita vivir por la zona, el personal policial puede acompañarla hasta su domicilio y asegurarse de que ingrese allí.

En caso de que se compruebe que la persona está violando la cuarentena, transitando una zona alejada de su domicilio y sin estar contempladao en las excepciones legalmente previstas, se comunicará a la justicia penal para que se evalúe la pertinencia o no de iniciar acciones en función del posible incumplimiento a los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino.

Si la persona es trasladada a la comisaría, deben hacerle conocer sus derechos de forma que sea comprensible. El personal policial y de las fuerzas de seguridad deberá informar sobre la razón concreta de la privación de libertad., así como el derecho a realizar una llamada telefónica a fin de informar del hecho de la detención y el lugar donde se encuentra detenido, y el derecho a designar abogado de confianza o un representante de la defensa pública y a solicitar su presencia inmediata para asistencia en las diligencias policiales o judiciales que correspondieren.