El aumento de las jubilaciones y pensiones por la Ley de Movilidad se transformó en un nuevo escándalo político, luego de que el Gobierno comunicara que había modificado la normativa reglamentaria que especifica cómo hacer el cálculo. Ese cambio da como resultado una baja en el porcentaje de aumento de las prestaciones. El tema quedó en suspenso y se definiría hoy, luego de que el presidente Mauricio Macri se comprometiera con diputados oficialistas a rever la cuestión.

Según publica La Nación, el miércoles 15, a media tarde, la Anses anunció que los haberes previsionales, los pagos por hijo y otras asignaciones familiares subirían el 12,65 %, con lo cual la jubilación mínima pasaría de $ 5661 a $ 6377 y la máxima, de $ 41 474 a $ 46 721. De hecho, el organismo previsional ya tiene hechas las liquidaciones para los pagos de marzo con la aplicación de ese nivel de incrementos. Como consecuencia, una marcha atrás en la nueva disposición obligaría al organismo a hacer una compensación posterior.

De no aplicarse la nueva resolución oficial, la suba de las jubilaciones sería del 12,96 %. Las prestaciones mínima y máxima llegarían a $ 6394,60 y $ 46 849 en cada caso.

Horas antes de que se produjera una fuerte reacción política en el Congreso contra la resolución, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, explicaba que las modificaciones fueron hechas para que el cálculo fuera exacto, ya que con la metodología usada hasta ahora había una "pequeña" sobreestimación de los porcentajes. Concretamente, según las explicaciones oficiales, la metodología aplicada hasta ahora sobrevaloraba la variación de la recaudación de los recursos tributarios que se destinan al pago de jubilaciones. Como resultado, no se reflejaba fielmente la evolución en la disponibilidad de recursos.

En el organismo previsional insistieron en que no se había realizado un cambio de la fórmula, que está fijada por ley, sino en la reglamentación. Pese a ello, en un momento de la noche había trascendido que Macri podría mandar el tema al Congreso, donde se originó anoche el rechazo. Fue en la Cámara de Diputados, justo cuando se estaba por votar la ley para reformar el régimen de riesgo del trabajo (ART). La aprobación de esa iniciativa estuvo, de hecho, a punto de naufragar.

El rechazo a la medida provino tanto de la oposición como del oficialismo. La más dura fue Elisa Carrió (Coalición Cívica), que planteó una cuestión de privilegio "contra el Poder Ejecutivo" y, a la salida del recinto, anticipó que si no había marcha atrás, pediría la renuncia de Basavilbaso.

Desde la oposición, y en contra del proyecto que se debatía, el Frente para la Victoria (FPV) abandonó el recinto. El Bloque Justicialista y el Frente Renovador, que apoyaban la ley de ART, se abstuvieron en señal de protesta, hasta que, finalmente, las autoridades del interbloque Cambiemos, Mario Negri y Nicolás Massot, obtuvieron el compromiso del Presidente de rever la medida.

Macri se había reunido horas antes con Basavilbaso para analizar el anuncio. Entre los cuadros enviados con el comunicado se había incluido una explicación de la modificación del cálculo.

El director de la Anses había destacado que el porcentaje de movilidad sería superior a la inflación del segundo semestre de 2016 (el 8,8 %, según el Indec) y a la variación de precios proyectada por el organismo para el período de septiembre a marzo. En 2016 los aumentos a las jubilaciones dados en marzo y en septiembre acumularon el 31,7 %, frente a una inflación muy superior, estimada en el 40 %.

Más allá de cuál sea finalmente el porcentaje, esta será la primera vez que el sistema de la movilidad impactará sobre el impuesto a las Ganancias: la reciente ley de modificación de ese tributo estableció que, aunque deben cumplir algunas otras condiciones, en líneas generales no tendrán el descuento impositivo quienes cobren hasta seis jubilaciones mínimas. En marzo, esa base pasa de $ 33 966 a una cifra que, en cualquier caso, será superior a $ 38 mil.

La suba por movilidad llegará a 6,9 millones de beneficiarios del sistema previsional de la Anses, a 1,5 millones de personas que cobran pensiones no contributivas y a 8,9 millones de niños por los que sus padres perciben la asignación universal por hijo (AUH) o la asignación familiar del sistema de la seguridad social. Con la suba del 12,65 %, la AUH y la asignación que cobran los asalariados y monotributistas de ingresos más bajos iba a ser de $ 1243. Para ingresos más altos, la cifra se reduce progresivamente hasta que se llega al tope de ingresos para acceder a la prestación.

Ese tope fue incrementado, pero no por el porcentaje de movilidad, sino por el nivel de suba que tuvo este año el menor salario alcanzado por el impuesto a las ganancias. El ingreso familiar máximo para acceder a las prestaciones quedó en $ 73 608 y el ingreso individual, en $ 36 804.