Mendoza, 13 de Junio de 2013

Al Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Francisco Pérez:

El Organismo Contra la Violencia Institucional (OcoVI) se dirige a Usted a fin de exponer nuestro rechazo al proyecto de construir una nueva Cárcel para jóvenes en Cacheuta, en las cercanías de las cárceles de Almafuerte y la próximamente Federal. Consideramos que dicho proyecto viola leyes provinciales y nacionales y tratados internacionales con rango constitucional.

Desde el marco de la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, nos oponemos firmemente a la construcción y, por ende, al traslado de jóvenes de la DRPJ a las inmediaciones de Cacheuta. Considerando que estas medidas no hacen más que contradecir aquellas conquistas históricas y retroceder en materia de Derechos Humanos.

El artículo 3 de la mencionada ley hace énfasis en el concepto de interés superior. El mismo hace alusión a la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la misma, esto abarca el respeto por: la condición de sujeto de derecho; el derecho a ser oídos y que su “...opinión sea primordialmente tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte...” (Art. 27 b); como también al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. Refiere también al respeto por su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, por el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común. Este artículo habla del respeto por su centro de vida, el cual se entiende como el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Esta idea de centro de vida y respeto por el mismo, creemos que es interesante a la hora de tomar decisiones y posición frente a la medida de crear cárceles cada vez más alejadas de las ciudades, más aisladas de las comunidades de donde provienen los y las jóvenes.  Donde no existen posibilidades de intercambio con el exterior, dándole hermeticidad al espacio de encierro que de por sí es hostil por agudizar la lejanía de los afectos. Y que dicho espacio se contradice con las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores cuando plantea que “...se deberán utilizar todos los medios posibles para que los menores tengan una comunicación adecuada con el mundo exterior, pues ella es parte integrante del derecho de un tratamiento justo y humanitario y es indispensable para preparar la inserción de los menores en la sociedad...”.

Creemos que esta medida no presenta solución a las problemáticas que hoy se plantean. Consideramos que es una respuesta contundente a aquellos que imaginan que más cárceles, más aislamiento, leyes de “mano dura” y hasta baja en la edad de punibilidad, sería lo más paliativo a cuestiones de “inseguridad”, que lejos de tener una única solución, solo es mayor control y represión. Esto ni siquiera llega a constituir un “paño de agua fría”.

Entendemos que este proyecto conlleva un gasto económico innecesario, sin pensar la posibilidad de priorizar recursos para abordajes que tengan que ver no solo con dar respuesta a las situaciones generadas en el adentro, sino en aquellas que pueden servir para evitar que jóvenes lleguen a esta instancia y/o a medidas alternativas a la privación de libertad. Además, desde la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional en nuestro país, Reglas de Beijing, la misma Ley 26061 y hasta la Ley Provincial 6354 establecen que la privación de libertad debe ser una medida de último recurso y durante el período más breve.

Además, el nuevo Paradigma de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, establece una infancia integrada, a diferencia del Paradigma de la Situación Irregular, el cual separaba y diferenciaba a los niños de los “menores”. Por lo mismo, debemos entender que los derechos son igualmente exigibles y garantizables para todxs lxs niñxs y adolescentes. Este proyecto es contradictorio en base a estos principios, ya que garantizará el derecho de centro de vida para solo algunxs jóvenes, privando y violando de este derecho fundamental a “otrxs”, seguramente alegando criterios selectivos propios de un paradigma tutelar, en la actualidad totalmente inconstitucional y a la vez, generando estigmatización y criminalización en lxs jóvenes que fueran trasladados a Cacheuta.

Por otra parte, sabemos que estos intereses de trasladar la institución a Cacheuta se deben también a un reclamo, de ciertas clases acomodadas económicamente, por alejar estos centros de detención de la ciudad, alegando cuestiones de “inseguridad”. Ante esto también se debe destacar que el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes establece: “(...) Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros...”. Es decir que siempre deben priorizarse los derechos de lxs niños y adolescentes, en este caso, que no sean alejados de su centro de vida.

Las cárceles, los hospitales neuropsiquiátricos, conventos y hasta los hogares de niñxs, son espacios tan cerrados que se vuelven herméticos e indescifrables para quienes estamos del otro lado del muro. Esto significa que aquella información que se nos presenta difícil de enterarnos, más aún lo será estando en un lugar con características de desierto.

Estamos convencidos de que seguir construyendo cárceles no es la solución para disminuir la violencia y el delito, solo fomenta que lxs jóvenes sean etiquetados de peligrosos y no se trabaje con ellos sino se lxs aísle más, se continúe con una lógica que criminaliza la pobreza y se estigmatice una y otra vez y se sigan violando sistemáticamente los derechos de quienes se encuentran privadxs de libertad.

Es por eso que sostenemos firmemente que la construcción de un nuevo centro de detención en Cacheuta, además de vulnerar derechos mencionados anteriormente, vulnera también el derecho de lxs jóvenes a mantener contacto con sus familias, siendo que las frecuencias del trasporte son escasas por las distancias y el valor del pasaje potencia las dificultades económicas de las familias. Por ende, se presenta esto como un factor para que lxs jóvenes no tengan contacto con sus afectos. Contradiciendo así lo estipulado por los convenios y tratados que especifican que para ”facilitar las visitas, se internará al niño en un centro situado lo más cerca posible del lugar de residencia de su familia...”.

Nuestra propuesta: Compromiso político para el real ejercicio de los Derechos

Apostamos al desafío de un espacio en el que verdaderamente se garanticen los derechos de los y las jóvenes que se encuentran temporalmente privados de libertad, que tengan acceso a una adecuada atención médica, a actividades de recreación que apunten a la expresión, a la educación, a la real efectivización de sus derechos. Que tenga acceso a la justicia, donde no se lxs someta a malos tratos, donde las reglas del juego no sean predeterminadas por unxs pocxs que hagan abuso de ese poder, que se lxs respete por su condición humana.

Como Organismo de derechos humanos, también planteamos el desafío a un sistema que no utilice la privación de libertad como regla, sino verdaderamente una excepción, como lo declaran las normas legales provinciales, nacionales e internacionales. También creemos imperiosa la necesidad de revertir la mirada que los medios de comunicación suelen transmitir, mediante una imagen negativa de lxs jóvenes, lo cual contribuye a que se forme un estereotipo discriminatorio, estigmatizante y negativo de ellxs.

Estamos segurxs de que el cambio depende del compromiso de todxs. Es real que la voluntad política juega un papel trascendental, por lo que es preciso que quienes se encuentren en los lugares donde sus decisiones median las trayectorias de vidas de todxs, y más aún las de lxs jóvenes, deben declarase competentes bajo el discurso de derechos humanos, en cuanto tiene que ver con su deber político. Quizás vale también recordar aquella frase del luchador sudafricano Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor".

Firman integrantes del ORGANISMO CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL:

Ana Sosino, Ana Totera y Gretel Godoy, por Educadores en Contextos de Encierro.

Eduardo Toledo, por Xumec.

Adriana Recchia, Oscar Guidone, Eugenio París y Fernando Rule por Asociación de Ex Presas y Presos Políticos.