De acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente, la privación de libertad para niños, niñas y adolescentes debe ser utilizada solo como una medida de último recurso y durante el período más breve que proceda, teniendo como objetivo la integración o inserción social.

La construcción de la cárcel o centro cerrado en el distrito de Cacheuta, Luján de Cuyo, ya es un hecho. Allí se pretende alojar a los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad que actualmente se encuentran privados de libertad en las dependencias de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ – Ex-Cose) del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. La decisión, cuya fundamentación es ignorada por la legislatura provincial, se nos presenta como regresiva y en directa vulneración de derechos de los jóvenes privados de libertad.

A pesar de los antecedentes en relación con denuncias internacionales ante el Sistema Interamericano de DDHH y reiterados llamados de atención de parte de las ONG más importantes e influyentes del mundo en la materia, hoy Mendoza nuevamente se expone ante la comunidad internacional al construir y pretender alojar allí, alejados de la comunidad, a jóvenes en conflicto con la ley, en una clara omisión a los deberes y compromisos asumidos convencional y legalmente.

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura se opone en forma categórica a que se dé el destino antedicho a un establecimiento que está ideado y construido para inocuizar, estigmatizar y vulnerar derechos, contrariando disposiciones que, entre otras cosas, ponen en cabeza del Estado la obligación de respetar el interés superior de los niños/as, su derecho a opinar y ser oídos, el pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural y el resguardo del centro de vida como eje de su trato. Llamamos a repensar su destino, quizás teniendo en cuenta la acuciante sobrepoblación que el Servicio Penitenciario provincial padece en estos momentos.

Estamos convencidos de que seguir construyendo cárceles no es la solución a ninguna problemática que atraviese nuestra sociedad. En casos de niños/as, solo fomenta que los jóvenes que transiten por estos espacios sean etiquetados de peligrosos y sean excluidos de otros espacios que podrían ser inclusivos, como el educativo y el del trabajo.

Las escasas políticas y medidas alternativas a la privación de la libertad resultan ser una cómoda justificación para el encierro.