“Cuando termine el proceso voy a hablar, no quiero nada que interponga a la justicia”, fueron las palabras del exintendente de Guaymallén al salir de la audiencia preliminar, y agregó: “Si alguien quiere que esto salga rápido soy yo”. Luis Lobos está acusado de contratar a la empleada doméstica de su suegra y a su hijo en el municipio, reteniéndoles una parte del sueldo. El excacique no hizo declaraciones a los medios luego de la audiencia y se fue a su casa, después de sufrir un revés por parte de la Justicia: no le unificarán las diferentes causas que tiene en su contra.

Cerca de las 8 de la mañana del lunes, se presentaron las pruebas en una de las causas que involucra a Luis Lobos, junto a su esposa, Claudia Sgro, y su suegra, Elena Fernández. En la audiencia, la defensa pidió la unificación de todas las causas que involucran al exintendente, pero la fiscalía rechazó el pedido alegando que aún no hay identidad de los hechos. Incluso, los imputados no son los mismos. De esta manera, deberá enfrentar todas las causas de forma individual.

En la audiencia, la cámara aceptó una prueba de la querella, que integra el actual intendente del municipio de Guaymallén, Marcelino Iglesias, sobre una auditoria que relaciona este caso con otros similares de la Dirección de Administración y Recursos Humanos de la Municipalidad de ese departamento, que implicó un relevamiento del personal ingresado a planta durante los últimos cuatro años y que entendía que resultaba útil, ya que demostraba la modalidad con la que se hacían las designaciones. Ahora la cámara tiene entre 5 y 30 días para notificar si eleva la causa a juicio.

¿Por qué se lo investiga?

Todo comenzó en 2011, cuando Lobos estaba al frente del Concejo Deliberante de Guaymallén y se extendió hasta 2015, cuando entregó la intendencia. En la causa se acusa a Luis Lobos; a su esposa, Claudia Sgro, y a su suegra, Elena Fernández, de utilizar a la empleada doméstica de Fernández y a su hijo para que figurasen como empleados municipales y así cobraran un sueldo.

Según informa el diario Los Andes, el sueldo de Laura Fara, la empleada doméstica, era de $ 2700 y ella recibía solo $ 500. El resto era retenido por la suegra del exintendente, quien se encargaba de cobrarlo.