Ante la seria posibilidad de que el homicida de Tania Páez y Lorena Castro, perteneciente a las fuerzas de seguridad, se vea beneficiado con un arreglo judicial por juicio abreviado, el abogado Lautaro Cruciani, integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional Mendoza, elevó recientemente una notificación al Procurador General del Ministerio Público de la Provincia para denunciar la disconformidad ante la posible realización del juicio abreviado al efectivo policial Antonio Cruz, imputado tras acabar con la vida de las adolescentes Tania Páez (17 años) y Lorena Castro (16 años), y causar severas heridas en Malannie Pereira (15 años) el pasado 9 de diciembre, luego de atropellarlas mientras conducía en estado de ebriedad y a contramano.

A partir de haber tomado conocimiento desde la Campaña sobre la situación de la causa que hoy yace en el Cuarto Juzgado Correccional, acerca de la posibilidad de que se realice un procedimiento abreviado en el marco de los artículos 418 y concordantes del C.P.P. (Ley N.° 6730), el colectivo manifestó su disconformidad y solicitó, a través de una notificación, que se ordene al Fiscal correspondiente no realizarlo.

"Si bien no desconocemos que la opinión vertida no resulta vinculante, la adelantamos por cuanto, a resultas de la audiencia, puede suceder que el Fiscal decida no consentir el procedimiento y ejercer la acción penal en el juicio respectivo o munirse de mayores elementos a la hora de individualizar la pena a imponer. Según indica la Ley Orgánica del Ministerio Público (ley 8008), el Procurador General es el superior jerárquico de los funcionarios y magistrados que desempeñan el Ministerio Público y es, por lo tanto, responsable por la gestión de quienes tiene a su cargo", dijeron en un comunicado de prensa.

Entre los argumentos esgrimidos, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional Mendoza dijo que "el proceso en cuestión no permitiría discutir cabalmente todas las circunstancias que hacen a la correcta valoración del hecho investigado, y, en consecuencia, no se vería satisfecho el derecho al debido proceso legal de todas las partes involucradas".

En relación con esto, el colectivo afirma que "las garantías judiciales establecidas en el art. 8 de la Convención Americana no están previstas sólo para los imputados. De hecho, respecto de quién puede ser titular de ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática al señalar que 'el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona', por igual, independientemente de su condición como parte acusadora, acusado o incluso tercero en el marco de un proceso. A esto se encuentra asociado el derecho a la verdad que tienen ciertos familiares de las víctimas y a una manera de reparar a las víctimas".