En el Día Internacional por la Salud de las  Mujeres, en Mendoza –así como en el resto del país– se realizará el lunes 28 a las 17 un pañuelazo verde en la explanada de Casa de Gobierno, una de las actividades previstas para apoyar el proyecto de legalización del aborto que se analiza en el Congreso.

El pañuelazo verde es una de las actividades que organizó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde que la iniciativa ingresó al Congreso nacional.

El pañuelazo federal y su capítulo mendocino se realizarán en una jornada especial, teniendo en cuenta que el 28 es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres y que en esa fecha, pero de 2005, se presentó el primer proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Julia López, integrante de la Campaña Provincial por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, explicó que el objetivo del encuentro es visibilizar el apoyo al proyecto de ley, que es el séptimo que se presenta en el Congreso. En el encuentro en la explanada de Casa de Gobierno está prevista la instalación de una mesa informativa y distintas intervenciones artísticas.

El debate

El 13 de junio será un día clave, ya que en esa jornada se tratará el proyecto en Diputados. El debate en el recinto se realizará luego de que los legisladores hayan escuchado a más de doscientos expositores que fundamentaron su apoyo o su rechazo a la iniciativa.

El proyecto se presentó el 5 de marzo con la firma de 71 diputados y el aval de quienes integran la Campaña por el Aborto Legal.

Desde el 10 de marzo, los legisladores integrantes de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal escucharon los fundamentos de médicos, juristas, profesionales de diversas áreas y representantes de organizaciones sociales. Algunos de los expositores a favor de la iniciativa fueron la escritora Claudia Piñeiro, el periodista Luis Novaresio, la actriz Carla Peterson, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; Nelly Minyersky, de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir; Gastón Chillier, del CELS; el secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana, y el jurista Marcelo Alegre. En tanto, algunos de los que expusieron en contra del proyecto fueron el sacerdote José María Di Paola, el exjuez de la Corte Rodolfo Barra, la especialista en Sociología Jurídica María Angélica Gelli, el constitucionalista Alberto Bianchi y la médica experta en bioética Raquel Graciela Bolton, entre otros.

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Daniel Lipovetzky, titular de la comisión cabecera, confirmó que esa es, en principio, la fecha prevista para tratar el proyecto en una sesión especial. La Campaña por el Aborto Legal prepara distintas actividades.

Claves del proyecto

La iniciativa prevé que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional, así como a acceder a esta práctica en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 días desde su requerimiento.

Otro de los artículos detalla que –sin perjuicio de lo dispuesto en el primero– es posible interrumpir el embarazo en los siguientes casos: si el mismo fuera producto de una violación (con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente), si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, y si existieren malformaciones fetales graves. En estos casos, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito.

La propuesta también determina que el sector público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y los agentes que brinden servicios médico-asistenciales deberán incorporar la cobertura integral de la interrupción del embarazo como prestaciones médicas básicas obligatorias, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro de los artículos prevé que las autoridades de los establecimientos asistenciales deberán garantizar la realización de la interrupción del embarazo y que la práctica se efectivizará sin autorización judicial previa.

Por otra parte, también se establecen diferencias respecto de la edad de las mujeres que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo: si son mayores de 16 años, se detalla que tienen plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la ley de acuerdo al Código Civil; también establece que entre los 13 y los 16 años, la adolescente tiene aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar su consentimiento. En cambio, si es una chica menor de 13 años, se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

El texto de la norma también prevé que si se trata de una persona con capacidad restringida judicialmente y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la iniciativa, entonces podrá prestar su consentimiento informado, requiriendo, si lo deseare, la asistencia del sistema de apoyos previsto en el Código Civil. En cambio, cuando se trate de una persona incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o, a falta o ausencia de este, la de un allegado según lo estipulado en el Código Civil.