Un funcionario de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) ratificó en la Justicia que hubo irregularidades en la causa judicial por la deuda de la empresa Correo Argentino -de la familia Macri- que el gobierno de Cambiemos quiso cerrar con un acuerdo que luego retiró por las críticas que recibió, según publica Infobae.

Se trata de Guillermo García, quien en abril último realizó una auditoría sobre el expediente judicial y hace dos semanas declaró como testigo en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el acuerdo al que llegaron la empresa y el Gobierno.

"Hubo una demora inusual en el período de exclusividad y entiendo que lo que correspondería era la etapa de salvataje de la empresa que estaba ordenada en el año 2004", declaró García el 12 de julio pasado ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni.

También señaló que las decisiones que se toman en estos expedientes vienen "de la autoridad política".

García fue el director de Auditoría de la PTN y dejó el cargo para asumir como coordinador general del cuerpo de abogados del Estado. "Mi renuncia no tuvo nada que ver con la auditoría del Correo Argentino, o con la renuncia del Dr. Balbín, yo ya había programado esa renuncia y me pidieron que la demore. Jamás recibí presiones en esta auditoría ni en las que he hecho desde el año 1995", dijo García en la declaración a la que ese portal accedió en fuentes con acceso al expediente.

Carlos Balbín es el extitular de la PTN que también deberá declarar como testigo en la causa. Lo hará por escrito porque por su cargo de juez de la ciudad tiene esa facultad.

En junio del año pasado, el gobierno de Macri, a través del Ministerio de Comunicaciones que estaba a cargo de Oscar Aguad, llegó a un acuerdo con el Correo para saldar la deuda que la compañía tiene con el Estado desde 2001 cuando dejó de abonar el canon de concesión. El arreglo era el pago 296 millones de pesos en 15 cuotas anuales (que vencían en el 2033) con un interés del 7 % anual.

La fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó en contra porque calificó el acuerdo como "abusivo y perjudicial" para el Estado ya que implicaba una quita del 98,2 de la deuda debido a que no se actualizaban los intereses, lo que en pesos eran 4.227 millones.

El caso generó una fuerte crítica política porque el gobierno de Macri condonaba una deuda a una empresa de su familia. El Correo es de Socma, cuyas acciones el presidente cedió en 2009 a sus hijos.

El Gobierno dio marcha atrás y retiró a mediados de marzo el acuerdo. Además, dispuso que la PTN haga una auditoría sobre la causa. Paralelamente legisladores del Frente para la Victoria denunciaron penalmente a Macri, a Aguad y al director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó en representación del Estado el acuerdo con el Correo. Todos fueron imputados por el fiscal Zoni. Luego sumó a la investigación a directivos del Correo, a síndicos del concurso y a la jueza comercial Marta Cirulli.

La auditoría estuvo a cargo de García. El auditor concluyó el 10 de abril pasado que desde 2001, cuando se inició la causa, hasta la actualidad hubo una deliberada demora por parte de las autoridades políticas de cada gobierno para no avanzar. "Con la mayor franqueza, no alcanzo a descubrir otra estrategia que no sea la de dejar correr el tiempo, con el perjuicio que ello acarrea a los intereses del Estado Nacional", señaló.

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