Mariano Rajoy anunció ante la junta directiva de su Partido Popular (PP), que la intervención "seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente", y aclaró que "no hay margen para ser presidente a distancia ni por delegación ni por otro tipo de trampa".

La advertencia presidencial tiene lugar dos días antes de que se forme el nuevo Parlamento catalán surgido de las elecciones del 21 de diciembre, que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas. 

Puigdemont, líder de los independentistas catalanes, podría ser elegido otra vez jefe del gobierno regional, pero huyó a Bruselas tras ser destituido el 27 de octubre por Madrid. Si regresa a España será detenido por diversos delitos que se le imputan en relación al plan independentista que impulsó. 

Los abogados de "Parlament" también rechazaron una posible investidura telemática de Puigdemont al indicar en un informe que es "imprescindible" que el candidato a presidir el gobierno catalán asista al pleno debido a que debe debatir de forma directa con todos los grupos, y de no hacerlo contraviene el reglamento de la Cámara. 

El gobierno de Rajoy adelantó que recurrirá a la Justicia ante un nombramiento de Puigdemont a distancia. La incógnita sobre el futuro de Puigdemont deberá resolverse antes del 31 de enero, cuando será la primera sesión de investidura.

Diputados vinculados al plan independentista

Por otro lado, están siendo investigados 17 diputados catalanes electos por delitos vinculados al plan con el que Puigdemont abrió la crisis institucional más grave de las últimas décadas en España. 

Ocho de los diputados se encuentran especialmente complicados, tres de ellos se encuentran en prisión provisional en Madrid incluído el ex vicejefe del Gobierno regional Oriol Junqueras, mientras que otros cinco huyeron a Bruselas junto con Puigdemont y serían detenidos por los mismos cargos que este si vuelven a España.

En coincidencia con la opinión del Tribunal Supremo español, el informe de los letrados del Parlamento expone que los tres detenidos pueden delegar el voto a otro diputado, pero rechaza esa posibilidad a los cinco que se encuentran en Bélgica.