De un lado, los problemas: creciente concentración de actividades y recursos, lo que produce desequilibrios territoriales, falta de conectividad y accesibilidad y la existencia de un dualismo productivo, en el que conviven una estructura tradicional y otra innovadora, que impide un crecimiento equitativo y sustentable. Del otro lado, las potencialidades: recursos naturales, bosques nativos, reservas, la vitivinicultura, la agroindustria, la ganadería; el petróleo, algunas producciones mineras y el turismo.

Las problemáticas y potencialidades de Mendoza vistas desde los aspectos económico y social forman parte de las conclusiones de un trabajo realizado por el Instituto de Cartografía, Investigaciones y Formación para el Ordenamiento Territorial (Cifot) de la UNCuyo, que será uno de los ejes para elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, un paso más para que entre en plena vigencia la Ley de Uso del Suelo.

Esta ley clave –que tiende a lograr una propuesta integral de desarrollo equilibrado y sustentable del territorio– fue aprobada en 1999, pero aún faltan algunos pasos para que tenga plena vigencia.

El propio texto de la ley marca el camino a seguir:  ya se formaron el Consejo y la Agencia de Ordenamiento Territorial, y el próximo paso es delinear el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, cuyos criterios seguirán los municipios para trazar sus propias líneas de acción.

Para elaborar el plan, los especialistas se nutrirán del análisis de tres componentes: el socio-económico, el físico-biológico y el político-institucional. Los tres diagnósticos son elaborados con el aporte del sector científico-técnico, de las municipalidades, de las organizaciones de base y de las comunidades. 

El diagnóstico del subsistema socioeconómico fue el que concluyó un grupo de profesionales del Cifot y que permitió determinar cuáles son las problemáticas y las potencialidades de Mendoza.
La titular del Cifot, María Elina Gudiño, explicó que no se trata de un diagnóstico descriptivo, sino que se identifican las problemáticas, se las jerarquiza y se determina dónde están concentradas y a quiénes afectan.

La doctora en Geografía resaltó la importancia de los talleres que se realizaron con referentes comunitarios, que no solo les permitieron validar los datos estadísticos, sino agregar problemáticas que solamente puede vislumbrar alguien que habita el territorio.

Cuatro zonas definidas

Para poder elaborar el diagnóstico socio-económico, los profesionales analizaron y entrecruzaron distintos componentes como población (distribución y dinámica), equipamientos sociales (escuelas, centros de salud, destacamentos policiales), servicios básicos (acceso al agua potable, a la luz y al gas), viviendas y las condiciones de vida. A esto le sumaron información referida a las actividades económicas y a la infraestructura territorial, que posibilitan el desarrollo y la movilidad de la población.

Como resultado de este trabajo –al que se sumó el aporte de las comunidades– se distinguieron cuatro zonas conforme a su desarrollo socioeconómico.

El sector con mejor desarrollo es el de los departamentos que conforman el área metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de población, de riqueza y de empleo, así como actividades comerciales, industriales y de servicios.  Pese a esto, se destaca que el desarrollo no se traduce en bienestar para todos los ciudadanos, debido a que las condiciones de vida son buenas en Capital, regulares en Maipú y Godoy Cruz y deficitarias en Guaymallén, Las Heras y Luján de Cuyo.

La segunda zona con un importante nivel socioeconómico está conformada por los departamentos de San Rafael y General Alvear, dado su Producto Bruto Geográfico (PBG) agrícola y pecuario, pero con un nivel de empleo y población menor que el área metropolitana y con regulares condiciones de vida.

El estudio determina una tercera zona con grandes disparidades socioeconómicas: el Noreste (Lavalle, Santa Rosa y La Paz), el Este (San Martín, Junín y Rivadavia) y el Centro Oeste o Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), cuyo común denominador es la práctica de la actividad agropecuaria.

El informe destaca que el Este acumula la mayor riqueza en la actividad vitivinícola y presenta buenas condiciones de vida en Junín y Rivadavia, y regulares en el caso de San Martín. En cuanto al Valle de Uco, posee un nivel de especialización bajo y un menor aporte al PBG, pero con gran dinamismo por la tecnología incorporada y la exportación de su producción.

Según el diagnóstico, la zona posee condiciones de vida de regulares a buenas, lo que señala la coexistencia de dos estructuras productivas que no logran integrarse: una tradicional y otra innovadora.

Respecto del Noreste, el informe detalla que es una zona marginal, en la que hay escasa generación de riqueza, las actividades que se desarrollan son agropecuarias, la población es escasa y vive en condiciones deficitarias.

La última zona que detalla el diagnóstico corresponde al departamento de Malargüe, donde el nivel de desarrollo económico es alto gracias a la actividad petrolera, pero las condiciones de hábitat y de trabajo –especialmente en la actividad ganadera de tipo extensiva y de subsistencia– son malas debido a la carencia de equipamiento e infraestructuras.

Los usos del suelo

En cuanto a los usos del suelo, el diagnóstico detalla la existencia de tres espacios: el primero comprende los asentamientos urbanos, actividades productivas, servicios, equipamiento y mayor infraestructura; el segundo son los rurales de oasis, en los que se destaca la actividad agrícola gracias al aprovechamiento de las cuencas hídricas y de infraestructura, y un tercero que es el rural en tierras sin irrigar, en donde aparece la actividad ganadera, infraestructura energética para la actividad minera y petrolera y las áreas protegidas por su valor ambiental y patrimonial-cultural.

En el primer espacio –que es poco significativo respecto de la superficie total de la provincia– habita más del 90 por ciento de la población, por lo que las condiciones ambientales se tornan más frágiles y propensas a ser degradadas. Además, se destaca que la distribución de la población muestra un gran desequilibrio y que se realizan procesos de expansión descontrolada hacia sitios vulnerables y de gran valor agrícola.

En cuanto a los espacios rurales de oasis irrigados, el informe detalla que si bien son los que concentran la mayor actividad productiva y las tierras de mayor valor agrícola, la cantidad de agua se reduce y su calidad decrece, siendo el oasis Norte el más comprometido.

En cuanto a este recurso elemental, el estudio detalla que la presión sobre este espacio provoca el riesgo de escasez hídrica debido al aumento de la demanda, la baja eficiencia en el manejo del mismo y la contaminación con residuos sólidos urbanos y efluentes domésticos e industriales.

También se destaca que en algunas zonas de la provincia la contaminación salina de las aguas subterráneas pone en riesgo su utilización futura para el abastecimiento de la población y para el uso agrícola, y que el ascenso y salinización de la capa freática está degradando los suelos en importantes superficies de los tres oasis, pero especialmente en el Norte.

El diagnóstico también incluye la realidad de los espacios rurales sin tierras irrigadas, en donde aparecen ecosistemas naturales que corresponden a la montaña, el piedemonte y la llanura, que presentan una alta fragilidad natural y ocupan aproximadamente el 97 por ciento del territorio provincial.

Es en este sector donde se destaca la actividad minera, principalmente de minerales de segunda categoría, rocas de aplicación y petróleo.

Otra actividad potencial que aparece es la turística, gracias a la existencia de reservas naturales. Sin embargo, muchas de esas áreas protegidas poseen también recursos mineros y/o petroleros, por lo que se produce una incompatibilidad en cuanto a los usos del suelo.

El informe recalca que este territorio se presenta desarticulado, con escasa población que vive en puestos o centros distritales con perfil rural, con escasos servicios o sin ellos, a lo que suman las escasas fuentes laborales. Pese a esto, este sector es objeto de una fuerte especulación inmobiliaria demostrada a través de la compra de tierras por grandes empresas o capitales extranjeros.