“Quiero que ser abogado del Estado sea un honor”

Según el artículo 177 de la Constitución, que es de 1916, el Fiscal de Estado es el órgano jurídico independiente y extra poder con competencia para defender el patrimonio del Estado en todo juicio que se inicie contra él. En la práctica, ese organismo siempre funcionó bajo el ala del poder de turno, tan sólo tres pisos por debajo del despacho del gobernador, y tiene más de 15 mil demandas pendientes, sin contar las que están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algunas por montos millonarios.

Si algo no se puede negar es que la participación en el presupuesto siempre fue escasa y casi el 90 por ciento iba a parar al pago de juicios. De hecho, en la última pauta aprobada ese organismo logró 67 millones de pesos, pero unos 62 millones debieron destinarse a pagar juicios con sentencia firme. Se trata del 92 por ciento de la pauta que se desvió en 2014 a ese organismo; el resto (8 por ciento) se destinó a financiar bienes y servicios. Así, lo que recibe este organismo y que no irá destinado a pagar sentencias son 5 millones de pesos, unos 416 mil pesos cada mes. 

El nuevo Fiscal de Estado, Fernando Simón, jurará el lunes próximo. Lejos del escándalo por las bolillas que sobraban y el voto secreto, aceptó dialogar con Edición UNCUYO sobre el futuro del organismo que conducirá.

Sus primeros pasos en política fueron de la mano de un peronista, Angel Cirasino, quien fue ministro de Gobierno de Arturo Lafalla. Después trabajó en la reforma policial de 1999. Una vez asumido el radicalismo en el poder, participó de los primeros años de la gestión de Roberto Iglesias. Luego se fue a Buenos Aires para desempeñarse en el Ministerio de Justicia de la Nación y, ya en diciembre de 2007, su figura cobró relevancia porque se convirtió en la mano derecha de un hombre siempre polémico y cuestionado, el exsecretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Esto fue durante la gestión de Celso Jaque, cuando se desempeñó como secretario Legal y Técnico y participó de decisiones clave para la provincia, como la renegociación de las concesiones petroleras, la adjudicación de áreas revertidas y la quita de Obras Sanitarias a los concesionarios privados.

Con su banda preferida de fondo, porque en su estudio prefiere trabajar acompañado por las notas de Lisandro Aristimuño, respondió algunas preguntas; otras, prometió estudiarlas para cuando asumiera en su cargo.

¿Cuáles son las demandas más importantes que tiene la provincia?

Una de las más preocupantes es la de La Pampa por el trasvase del Río Atuel. En este caso hay dos reclamos: uno que ya fue contestado y el otro, cuyo plazo de presentación de la respuesta vence en junio. Además, preocupa la demanda de Azurix, es una de las más importantes para la provincia.

¿Por qué nunca se presentó la demanda general por daños ambientales por la cual se le iban a reclamar 480 millones de pesos a los concesionarios que incumplieron con las inversiones en la ex-Obras Sanitarias?

Algunas cosas no las puedo contestar porque aún no he asumido. Sé que la situación es compleja y que Mendoza entró como querellante en el concurso de acreedores.

En cuanto a las renegociaciones petroleras, usted cumplió un rol clave en 2011 porque armó el pliego para las extensiones. ¿Por qué cree que la curva de producción no muestra un crecimiento y cree que Fiscalía tendrá intervención en el control de las inversiones prometidas?

Hay varias causas por las que la curva de producción decae, no sólo es por falta de inversiones. El año que viene se cumple el primer quinquenio, por lo que de seguro voy a sentarme a revisar si hubo incumplimientos. Si es así, serán sancionados.

¿Por qué cree que las empresas de servicios públicos demandan tanto al Estado? Hay una decena de reclamos por inconstitucionalidad en la Corte que se elevaron tras sellarse acuerdos que les permitían desembolsos para sus empresas.

Aún no estoy adentro de la Fiscalía de Estado. Ya me comuniqué con el abogado de la provincia en Buenos Aires, que es quien lleva a cabo la mayoría de las demandas, y le pedí un listado. Se trata de Juan María Díaz Madero. Cuando él me lo entregue, nos podemos volver a reunir.

Usted ha expresado su voluntad de reubicar fiscalía fuera de Casa de Gobierno. ¿Por qué ha tomado esa decisión?

La idea es trasladar la Fiscalía a un ámbito más accesible a la ciudadanía. Lo que quiero es que el controlador no esté adentro del controlado, que si vas a hacer una denuncia no tengas que ver a las personas que vas a denunciar.

Pero el presupuesto de Fiscalía es muy bajo como para tomar esa decisión. ¿De dónde cree que saldrán los fondos?

Estamos analizando que sea en algún edificio público que esté en desuso y cerca de Tribunales.

¿Qué otras reformas internas planea?

Las direcciones se mantendrán. Ya me contacté con los cuatro directores y me dijeron que sí se quedan. Incluso el fiscal subrogante, Javier Fernández, se quedará en Asuntos Administrativos. Quiero una fiscalía más eficiente, implementar herramientas de seguimiento. Lo que intentaré es que haya abogados de dedicación absoluta en Fiscalía de Estado. Quiero llegar al bloqueo de título. La idea es ir hacia el abogado dedicado exclusivamente al Estado y que llegar a ser abogado del Estado sea un honor.

¿Implementará el ingreso por concurso? Una idea anunciada una y otra vez pero no ejecutada.

Sí lo haré. Además, habrá una carrera profesional dentro de la fiscalía, pero será muy exigente para que la gente pueda crecer.

¿Hay una industria del juicio contra el Estado?

No le llamaría así, pero hay abogados que aventuran sus demandas y otros que son serios. Pero urgente hay que bajar los índices de litigiosidad, en especial los laborales, porque son muy altos.

¿Cree que el Estado está realmente tan mal de fondos como para poner en riesgo bienes del Estado, como el auto que transporta al gobernador?

Todos los pagos de juicios tienen un camino legal y nadie puede saltearse ese orden ya preestablecido.

Pero hay juicios que ya tienen orden de pago y sentencia firme desde hace más de un año y no se pagan; por ejemplo, el del profesional que reclama sus honorarios y que, tras embargar el auto del gobernador, ahora amenaza con una subasta del vehículo oficial porque sus honorarios no fueron cancelados.

La verdad es que voy a revisar esos casos cuando ingrese, pero lo que sí está claro es que todos deben recorrer el mismo camino legal y de eso me voy a encargar.