Como una veintena más de proyectos, tanto de pedidos de informe como iniciativas de ley, la idea de declarar la emergencia ocupacional en Mendoza no ha tenido buena recepción entre los legisladores del oficialismo en la Cámara Alta.

Su autor es el justicialista malargüino Juan Carlos Agulles, quien fue hasta el año pasado intendente de la comuna sureña. También es uno de los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) que insisten, sesión a sesión, en que se aprueben los pedidos de informe –que pasan sin éxito por el hemiciclo sin que el frente Cambia Mendoza los avale– y el que avisó que iría a la Fiscalía de Estado para exigir que se cumpla la ley que pone plazos para que los organismos públicos aporten la información requerida.

Esta vez, lo que quiere Agulles es que se sancione una norma que impida los despidos en el sector público por el lapso de un año, en virtud de la crisis económica por la que está pasando el país y los consecuentes incrementos en las tasas de desocupación.

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es que busca retrotraer los despidos en el sector público a partir del 9 de diciembre, fecha en la que Cornejo se hizo cargo de la gobernación y a partir de la cual se dieron de baja decenas de pases a planta realizados, según adujo el nuevo Gobierno, fuera de las leyes vigentes. Entre los justificativos, el malargüino aduce: “Desde la asunción de Alfredo Cornejo, se han producidos despidos masivos en el sector público con total y manifiesta arbitrariedad, carentes de sustento jurídico y con absoluta mala fe de parte del Poder Ejecutivo Provincial, desestimando e incumpliendo todas las normativas provinciales pertinentes, menoscabando la estabilidad del empleo público y principalmente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

Además, la iniciativa incluye la creación de una oficina de emergencia laboral, una entidad pública que serviría para supervisar el cumplimiento de la legislación. Agulles no ha logrado aún que la iniciativa se debata en la cámara.