El Gobierno nacional presentará en el Congreso un proyecto de nueva ley de alquileres. La iniciativa, de acuerdo con lo comentado en ámbitos oficiales, está destinada a la clase media, sector más afectado en general por la inestabilidad de la economía. 

De esta manera, según el proyecto de ley, los alquileres inferiores a unos 26 mil pesos, es decir, el equivalente a 650 UVA, serán ajustados por una formula en partes iguales que surge entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte). Este resultado será elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central. De hecho, utilizaría las mismas variables que las que se usan para actualizar las jubilaciones. 

Actualmente, unas 100 mil familias alquilan en Mendoza y el valor promedio de un alquiler de un departamento céntrico de dos habitaciones ronda los 10 mil pesos. En tanto, uno de tres dormitorios en una zona similar puede ascender a 15 mil pesos. Los datos surgen de una nota publicada por el diario Los Andes.

Referentes del sector inmobiliario mendocino coincidieron en señalar en que, de aprobarse, la ley va a perjudicar a quienes supuestamente pretende beneficiar. Según dijeron, cada vez que el Estado intervino en el mercado inmobiliario, fue un “desastre”, ya que se termina trasladando al precio del alquiler que pagan los inquilinos.

En diálogo con Ámbito, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, sostuvo que no fueron consultados por el Gobierno para la elaboración de esta iniciativa, pero celebró que el tema vuelva al Congreso “porque hay que aggiornarlo”. Consideró que hay puntos del proyecto con los que acuerda y otros con los que no, y detalló que es necesario que “los alquileres puedan indexarse para darle transparencia al mercado”, pero que habría que “debatir el método, que sea un equilibrio de partes entre propietario e inquilino”.

Puntos de la iniciativa

La iniciativa a la que accedió este medio plantea que los alquileres se ajustarán a través de la evolución del índice de precios y salarios. En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler se fijará como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual, para contratos de menos de 650 Uvas –$ 26 600–, solo se podrán realizar ajustes utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el BCRA.

En tanto, establece que no quedarán a cargo del inquilino el pago de honorarios por la intermediación de un corredor inmobiliario, gastos de publicación, certificación de firmas y cualquier otro en el que incurriere el intermediario a efectos de perfeccionar o renovar un contrato. Los plazos del contrato de alquiler serán por dos años, aunque llegado el día de vencimiento del contrato, la locación se prorrogará obligatoriamente por un año, salvo notificación fehaciente del locador o el locatario manifestando su intención de no renovarlo.

Otro punto de importancia es el de las garantías. Se podrán presentar la garantía de otro inmueble, un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente. Además, los contratos de locación de inmuebles deberán ser declarados por ante AFIP.