Un proyecto de ley para que las personas condenadas en segunda instancia judicial no puedan presentarse en ninguna lista hasta que no se resuelva su situación procesal se presentó hoy en la Cámara de Diputados bonaerense. La iniciativa, del diputado del Frente Renovador Ricardo Lissalde, pretende que aquellas personas que tengan causas por corrupción o enriquecimiento ilícito estén temporalmente inhabilitadas para presentarse a cargos públicos electivos en la provincia, así como a cargos partidarios. 

En un comunicado, se detalló que se pretende que no puedan ser precandidatos en elecciones primarias ni generales a cargos públicos electivos provinciales "aquellas personas que estén condenadas, con fallo en segunda instancia, por delitos como enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, corrupción, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros". 

De aprobarse el proyecto, esas personas tampoco podrán ocupar cargos en las conducciones de los partidos políticos. Para ello, la iniciativa parlamentaria modificará la Ley de Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas (PASO) y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Lissalde afirmó: "El antecedente más cercano es el caso de Brasil, donde a través de la Iniciativa Popular Ficha Limpia, organizado por entidades de la sociedad civil, reunieron más de 1,6 millones de firmas con el objetivo de aumentar la idoneidad moral de los candidatos políticos a cargos electivos". 

"Este mecanismo de participación ciudadana está previsto en la Constitución Federal de Brasil de 1988", contó y añadió: "El tema de la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades modernas, enquistado en todos sus niveles, tanto en los ámbitos gubernamentales como civiles".

"Para lograr que la sociedad retome la confianza con los políticos, es necesario este tipo de iniciativas que den garantías de transparencia en un país donde la corrupción fue y es protagonista", dijo Lissalde.

La condena, una utopía

Si bien el proyecto de Lissalde tiene buenas intenciones, claramente el problema del sistema judicial argentino sigue siendo estructural. Es que sólo el 2 % de los acusados por cometer delitos vinculados con la corrupción (sobre todo, enriquecimiento ilícito) han sido condenados. Este dato estadístico lo informó el año pasado una auditoría que derivó en un informe del Consejo de la Magistratura y replicaron diarios nacionales, entre ellos, La Nación.