En las últimas semanas, unas 370 000 personas refugiadas rohingyas han huido a Bangladesh como consecuencia de la respuesta militar ilegítima y totalmente desproporcionada a los ataques de un grupo armado rohingya, según datos ofrecidos por la ONU. Amnistía Internacional explica la difícil situación de estas personas, la persecución promovida por el Estado que están sufriendo y las vastas consecuencias humanitarias de la crisis.

Los rohingyas son una minoría étnica predominantemente musulmana de 1,1 millones de personas que viven sobre todo en el estado de Rajine, situado en el oeste de Myanmar, fronterizo con Bangladesh.

En rojo, el estado de Rajine, hogar de los rohingyas.

Aunque viven en Myanmar desde hace generaciones, el gobierno de ese país insiste en que todos los rohingyas son inmigrantes ilegales de Bangladesh y se niega a reconocerlos como ciudadanos, lo que en la práctica los convierte en apátridas. Viven en condiciones deplorables debido a la discriminación sistemática. Están prácticamente segregados del resto de la población, no pueden circular libremente y tienen un acceso limitado a la asistencia médica, la escuela y el empleo.

Refugiados rohingyas que huyeron de las actuales operaciones militares en el estado de Rajine, Myanmar, en un campo de refugiados de Bangladesh. Foto publicada por Amnistía Internacional.

En 2012, las tensiones entre los rohingyas y la mayoría de la población, de etnia rajine –fundamentalmente budista–, degeneraron en disturbios, lo que llevó a decenas de miles de personas, sobre todo rohingyas, a abandonar sus hogares e instalarse en precarios campamentos de desplazados. Las personas que viven en los campamentos están confinadas allí y segregadas de las otras comunidades.

En octubre de 2016, tras unos ataques mortales cometidos por rohingyas armados contra retenes de la policía en el estado septentrional de Rajine, el ejército de Myanmar inició una represión militar contra toda la comunidad.

Amnistía Internacional ha documentado una amplia gama de violaciones de los derechos humanos de los rohingyas, tales como homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, violaciones y agresiones sexuales a mujeres y niñas, y el incendio de más de 1200 edificios, incluidas escuelas y mezquitas. En ese momento, la organización consideró que tales actos podían constituir crímenes de lesa humanidad.  

La violencia reciente

La última ola de personas refugiadas en Bangladesh es consecuencia de la respuesta militar de Myanmar a un ataque cometido el 25 de agosto por un grupo armado rohingya contra retenes de las fuerzas de seguridad. La respuesta militar es ilegítima y totalmente desproporcionada; trata a toda una población como enemiga. La información que llega del terreno describe la muerte de civiles y pueblos enteros quemados hasta los cimientos.

El gobierno de Myanmar ha declarado que al menos 400 personas han muerto hasta la fecha y ha afirmado que la mayoría de ellas eran “terroristas”. También ha habido denuncias de actos violentos cometidos por grupos armados rohingyas contra civiles de otras minorías étnicas y religiosas.  

¿Quiénes son las personas responsables?

El ejército de Myanmar ha llevado a cabo la mayoría de estas últimas atrocidades. Goza de una considerable independencia respecto del gobierno civil y no rinde cuentas ante los tribunales civiles. Por consiguiente, para Amnistía Internacional, los altos mandos de todos los rangos y los soldados son responsables de todos los crímenes cometidos durante la actual crisis.

Un soldado de Myanmar en el interior de Maungdaw, estado de Rajine, en agosto de 2017. Foto publicada por Amnistía Internacional.

Aung San Suu Kyi, consejera del Estado de Myanmar, líder del país, no reconoce la información sobre los abusos militares y no está reduciendo las tensiones. Este mes, su gobierno acusó a los trabajadores de ayuda humanitaria presentes en Myanmar de brindar apoyo al grupo armado rohingya, lo que ha suscitado temor por su seguridad. Asimismo, ha desoído los llamamientos realizados por Naciones Unidas y diversos líderes mundiales a intervenir para abordar la situación en el estado de Rajine.  

Catástrofe humanitaria

Según la ONU, cerca de 150 000 rohingyas huyeron a Bangladesh durante las dos primeras semanas de crisis, y están llegando más. La cifra fue actualizada hoy a 370 000. Las personas que llegan están heridas, hambrientas, traumatizadas y necesitan con urgencia ayuda humanitaria, como alimentos, cobijo y atención médica. Las autoridades de Bangladesh precisan ayuda internacional urgente que les ayude a brindar apoyo a las personas que lo necesitan.

En Myanmar, alrededor de 27 000 personas de otras minorías étnicas también han sido desplazadas en el estado de Rajine. Las autoridades han interrumpido el suministro de agua, alimentos y medicinas proporcionado por la ONU y otros organismos de ayuda a miles de personas –principalmente rohingyas– atrapadas en las montañas del norte del estado de Rajine.

Un gran número de rohingyas dependía de la ayuda para sobrevivir, incluso antes de esta última ola de violencia. Dichas restricciones han expuesto a decenas de miles de personas a más riesgos y han dejado patente un cruel desprecio por la vida humana, concluye Aministía Internacional.