Marcha de las Antorchas: varios gremios se unieron al SUTE para pedir la reapertura de paritarias

Actualidad

Ante la reacción de sindicato, la DGE aclaró la situación. “Con esto se busca limitar el ingreso de personas ajenas a los establecimientos educativos y que cuando los alumnos estén en el aula no se haga otra cosa más que dictar clases", explicó a El Sol Sebastián Boulin, director de Asuntos Jurídicos de la DGE.

“Queríamos hacerlo gradualmente. Por la pandemia de coronavirus, no era urgente porque no ingresaban personas, pero ahora la actividad volvió a la normalidad. Lo hicimos con las iglesias y, ahora, de un modo similar con los sindicatos”, afirmó.

El Gobierno determinó que las asambleas “deberán finalizar quince minutos antes del inicio de la jornada escolar o comenzar después de transcurridos quince minutos de la finalización del horario de clases”, dijo el funcionario.

La resolución dice, además, que no podrán desarrollarse sin previa notificación de su fecha y hora de realización, con 48 horas de anticipación. En este sentido, Boulin indicó que sobre los gremios ya pesaba este deber: “Si no avisaban, la directora podía no permitir la asamblea”.

“Es razonable. Es pedirles que cuando estén en clases no realicen asambleas. Tenemos que cumplir con ciertos días de clases. La prioridad es la seguridad de los chicos. A veces se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan”, dijo Boulin, que añadió que hubo casos de conflictos durante estas reuniones, pero que la resolución no parte de eso, sino que tiene un carácter más bien “preventivo”.

La postura del gremio

Los gremios, por su parte, reaccionaron frente a esta disposición, en medio del conflicto que mantienen con la provincia por aumentos salariales. Por eso, el Ejecutivo aseguró que convocarán en la última semana de julio a discutir un incremento. Sin embargo, los sindicalistas siguieron presionando con medidas de fuerza. El pasado viernes 8, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro con movilización a la Casa de Gobierno.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que prepara un paro tras el receso escolar los días 26 y 27 de julio, pedirá la impugnación de la resolución por ser “restrictiva en términos de libertad sindical y de expresión”.

“Quieren regular, pero eso no se hace con menos derechos. Pretenden frenar el conflicto de manera autoritaria. Para resolverlo, pueden recurrir a medidas más democráticas que esta. No somos ajenos al sistema educativo”, planteó Gustavo Correa, uno de los representantes del gremio docente.

Por su parte, ATE aseguró que “es una medida fuera de lugar, irregular e inconstitucional porque ningún gobierno puede regular las medidas de acción directa”.

Al respecto, el director de Asuntos Jurídicos de la DGE respondió: “Decir que es inconstitucional es un disparate. Es reglamentar los derechos de los sindicatos para que coexistan con los de los chicos”.

Normativa provincial vigente

La Ley 23551 garantiza el derecho a la libertad sindical; al mismo tiempo, los empleadores, en este caso el Estado, tienen la facultad de organizar las actividades de los trabajadores, siempre y cuando no vayan contra esa norma. Esa ley, en su artículo 4, establece que las asociaciones tienen derecho a "reunirse y desarrollar actividades sindicales". A su vez, el artículo 23 dice que esas reuniones pueden realizarse "sin necesidad de autorización previa".

“Buscan limitar a los trabajadores y a los sindicatos. La asamblea es parte del derecho a huelga. En el caso de los servicios esenciales, como la salud, no puede interrumpirse una cirugía, eso ya está regulado. No pueden meter otra regulación”, opinó el secretario general de ATE, Roberto Macho, que sostuvo que la medida del Gobierno es “una práctica desleal'' y “un bochorno”.

Los gremialistas sostienen que las asambleas, en ocasiones, se realizan durante el horario de clases porque se debaten temas vinculados, por ejemplo, a las condiciones de trabajo o edilicias, y que no solo se tratan cuestiones paritarias. Respecto de los aumentos salariales, eje del conflicto, la Provincia anunció en junio que adelantaba a julio la franja de ajuste del 5 % prevista para noviembre y que pasaba para este mes la realización de la convocatoria a negociaciones que debía hacerse en septiembre.

"Dispóngase que toda actividad (...) que implicare la realización de asambleas o reuniones de personal (...) y que se realicen en los lugares de trabajo, deberán finalizar quince minutos antes del inicio de la jornada escolar o bien, comenzar después de transcurridos quince minutos de la finalización del horario de clases", marca el artículo 1 de la normativa firmada por José Thomas.

"No pudiendo en ningún caso, desarrollarse en horario de prestación del servicio educativo y sin previa notificación fehaciente de su fecha y hora de realización, con 48 horas de anticipación", agrega el mismo artículo.

En el caso de las escuelas albergue, reza además, estas reuniones no podrán realizarse mientras "dura la albergada de los alumnos en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal".

Entre los argumentos de la medida, el director general de Escuelas cita "el derecho superior de los niños, niñas o adolescentes a tener acceso a una educación con estándares de eficiencia, calidad y en miras a la excelencia". "En aras de la protección de los alumnos y de la educación en general, es que no deben superponerse la realización de las asambleas sindicales con la permanencia de los estudiantes en los establecimientos educativos", agrega.

boletin_20210818 by Unidiversidad on Scribd