El presidente Alberto Fernández anunció a fines de julio, desde la Casa Rosada, un proyecto de reforma de la Justicia Federal, tal como lo había mencionado en la apertura de sesiones ordinarias el 1.° de marzo. Los aspectos centrales de la iniciativa del Ejecutivo que ya se trata en el plenario de comisiones en el Congreso, en esta nota.

Justicia Federal Penal con 46 juzgados 

El mandatario, en su discurso, afirmó: “Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”. Con esta frase, justificó la necesidad de unificar el fuero Penal Económico con el Criminal y Correccional Federal.

Es que el proyecto busca crear una nueva Justicia Federal Penal con 46 juzgados de primera instancia: los 12 juzgados actuales de Comodoro Py, los 11 juzgados en lo Penal Económico y otros 23 nuevos juzgados. Con este esquema, el Presidente sería quien nombre a, al menos, la mitad de los miembros de la Justicia que decidirá sobre las causas más relevantes del país.

Como cada uno de los tribunales que ya existen tiene dos secretarías, continuarán funcionando con una y la otra se transformará en secretaría de los 23 nuevos juzgados. Fernández aclaró que la creación de nuevos tribunales no afectará el principio de “juez natural” de las causas que actualmente están en curso. Habrá, por otra parte, cuatro cámaras federales de apelaciones y 17 tribunales orales federales (así, se sumarán cinco nuevos, con la posibilidad de nombrar a 15 magistrados más).

La reforma presentada por el Presidente tiene algunas diferencias con el proyecto original de reforma que el entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, había presentado en 2004, durante la gestión de Néstor Kirchner. Ese proyecto proponía la unificación total de los fueros Criminal y Correccional Federal, el fuero Penal Económico y la Justicia Nacional porteña que trata delitos ordinarios, y no planteaba la creación de nuevos tribunales ni cargos. Esto daba como resultado un nuevo fuero con más de 80 juzgados de primera instancia. En la propuesta actual, la llamada Justicia Nacional porteña queda afuera de los cambios.

Fernández: "Digamos nunca más a una política que judicializa los disensos"

El presidente Alberto Fernández destacó este miércoles que propone "organizar mejor la justicia federal" y que "el poder decisorio no se concentre en poco magistrados", porque eso fue lo que llevó a que ese fuero "se politizara", que "los procesos no se desarrollaran con eficacia" y se "manipularan los tiempos en función del clima político imperante", al presentar el proyecto de reforma judicial en Casa Rosada.

Subrogancias

Mientras se realicen los concursos para los nuevos juzgados penales federales se aplicará un sistema de subrogancias que contará con la participación de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación, que deberá dar acuerdo a los magistrados que hagan alguna suplencia. Sobre el Consejo y las designaciones, Fernández propuso nuevas políticas de transparencia en los concursos para que todo el procedimiento sea registrado en soporte de imagen y sonido.

Transferencia de la competencia penal a la Ciudad

Otro aspecto es la transferencia total de los delitos ordinarios de la Ciudad a la Justicia porteña. Serán transferidos a esa órbita los jueces, funcionarios y empleados que manifiesten de forma expresa su consentimiento a ser transferidos. La Asociación de Magistrados y los gremios se oponen a esto. No está claro qué sucederá con los que no presten consentimiento, aunque el proyecto prevé que puedan subrogar los nuevos juzgados hasta que tengan nuevos jueces titulares.

Unificación de fueros

La otra unificación que busca el Ejecutivo es la del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo Federal. “Se ha considerado la experiencia que da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”, señaló Fernández.

El fuero Contencioso tiene 12 juzgados de primera instancia. Es el que trata los conflictos entre el Estado y los particulares y es, a su vez, el que tiene a cargo el control de los actos administrativos del Gobierno nacional, por ejemplo, el análisis sobre la constitucionalidad de un decreto o una ley. El Civil y Comercial Federal tiene menos juzgados (son 11 en total) y menos exposición. Trata temas del derecho privado, como cuestiones de derecho marítimo y aeronáutico, demandas sobre prestaciones de salud y conflictos sobre marcas y patentes.

Gullé participará del debate de la reforma judicial

Este martes 18 de agosto el debate por la reforma judicial tendrá a dos mendocinos exponiendo en diferentes reuniones donde se analizarán los cambios propuestos por el gobierno Nacional. El procurador General de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, quien dio positivo de COVID-19 pero no tiene síntomas, y el juez Omar Palermo.

Justicia Penal Federal en las provincias

La reforma prevé, dijo Fernández, un fortalecimiento de la Justicia federal en el interior del país. Según sostuvo el Presidente, la iniciativa recoge el texto de un proyecto presentado por senadores de la oposición, en su mayoría de Juntos por el Cambio.

El proyecto propone fortalecer la Justicia federal con asiento en las provincias con la creación de 94 nuevos juzgados penales. De esta manera, los juzgados ya existentes, que en muchos casos tienen competencia múltiple (penal, electoral, civil, tributaria), dejarán de abocarse a las causas penales y solo se ocuparán del resto de las materias.

Creación del Consejo Consultivo 

Otro punto importante es la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. El decreto que crea esta comisión ya fue publicado en el Boletín Oficial. Si bien el Presidente no anunció ninguna reforma vinculada a la Corte Suprema, este Consejo elaborará recomendaciones sobre los criterios para la selección de sus jueces, la competencia que la Constitución le atribuye al tribunal y la fijación de plazos procesales, entre otras cuestiones.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, existió algo comparable a este Consejo que fue el Programa Justicia 2020. Este espacio lo coordinaba el abogado Ricardo Gil Lavedra y tenía el objetivo de elaborar políticas, proyectos e iniciativas vinculadas con el Poder Judicial. De ahí salió la llamada “ley del arrepentido”, entre otras normas.

También existieron en distintos gobiernos comisiones que tuvieron a cargo el diseño de la reforma de diversos códigos. Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, funcionó una comisión que elaboró un proyecto de reforma del Código Penal, vigente desde 1921, coordinada por Raúl Zaffaroni. Ese anteproyecto, sin embargo, no tuvo los consensos necesarios y no avanzó. Durante el macrismo, se elaboró otra comisión con la misma misión y la coordinó el juez de la Casación Federal Mariano Borinsky. El proyecto elaborado fue enviado al Congreso, pero sigue en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Con Macri desde Francia, Juntos por el Cambio ratificó su rechazo a la reforma judicial

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) reafirmaron este lunes, en un encuentro partidario virtual del que participó el expresidente Mauricio Macri desde Francia, el rechazo a la reforma judicial impulsada por el Gobierno.

Voces en contra de la reforma

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) se manifestaron en contra de la reforma judicial impulsada por el Gobierno en varias oportunidades. El aspecto más resistido por la oposición parece ser la integración de la Corte Suprema. Además, debido a la pandemia de COVID-19 y la crisis económica en la que se encuentra el país, consideran que este no es el momento adecuado para esas modificaciones.

"Nosotros consideramos que la reforma judicial puede tratarse en otro momento, pero la economía y la seguridad no pueden esperar. Mucho menos pueden esperar los miles de trabajadores registrados que quedaron en la calle, las miles de empresas que quebraron, los miles de comerciantes que bajaron la cortina”, dijo Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, a través de un comunicado. El legislador Luis Petri (UCR), por su parte, manifestó en varias oportunidades que el Gobierno está buscando "la impunidad de Cristina Kirchner". Alfredo Cornejo, exgobernador de Mendoza y actual diputado nacional, en declaraciones a Radio La Red, afirmó: “Me preocupa porque viene de un Gobierno que tiene un interés decidido en influir en la Justicia, en particular en las causas de corrupción. Hay un afán notable en frenar causas como Hotesur o Cuadernos”.

El "Banderazo" contra el Gobierno Nacional se sintió en el microcentro mendocino

Sociedad Unidiversidad por Unidiversidad. Fuentes: Clarín/ Mdzol.com/ Diario UNO/ Los Andes / Publicado el 17 DE AGOSTO 2020 Mendoza adhirió a la marcha anticuarentena que se convocó para hoy a partir de las 16 en todo el país.