Ley de Alquileres: “Esta suspensión dejaría un panorama para nada alentador y con mayor incertidumbre”

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Además, se supo que un equipo de especialistas trabaja en la cuestión y estudia la implementación de beneficios fiscales para los propietarios con el objetivo de aumentar la oferta de unidades. Se suspenderá el pago del Impuesto a los Bienes Personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler y también el pago del impuesto a las Ganancias sobre los nuevos contratos.

Sin embargo, para las o los inquilinos o propietarios/as estos trascendidos solo generan incertidumbres más que certezas pues bien aún no se conoce la letra chica de esta medida. Para buscar claridad, Unidiversidad dialogó con Roberto Irrera, actual presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, quien sostuvo: “Aún no se conoce nada al respecto sobre esta propuesta de Massa a Fernández”. 

“Todavía el Gobierno no nos ha convocado. Sinceramente, a raíz de esto, la Federación Inmobiliaria, a la cual pertenecemos a nivel nacional, ha solicitado un pedido de informe de la situación y una audiencia para saber a cómo de debe proceder y así atender los efectos como de poder dar información certera para no generar incertidumbre ni para el propietario ni para el inquilino”, expresó.

¿Qué pasará con los contratos? ¿Puede haber nuevos contratos?

Según indicó el presidente de la Cámara Inmobiliaria, en la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.

“Cabe la posibilidad que en los contratos vigentes se siga aplicando la ley actual (27.551) recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley. Para los que ajustan o renuevan contrato en este mes de abril es del 92,59%. Hasta que no sea suspendida, nos seguimos manejando con la misma ley”.

En tanto, Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, afirmó: “Lo que el  gobierno debería hacer es la derogación en el congreso como corresponde”.

“Las leyes no son retroactivas, es decir, que todos aquellos contratos que estén bajo esta ley seguirán estando en esta órbita hasta que terminen. Un DNU de nada sirve y la opción más fehaciente es cambiar, de la ley actual,  dos puntos:  el plazo mínimo pasarlo a dos años y que la actualización pueda ser en forma trimestral de común acuerdo entre las partes”, detalló.

En sintonía, Maxi Vittar, presidente de Movimiento Inquilinos Nacionales, destacó a medios provinciales que, “lo trascendido los tomó por sorpresa”. 

“Venimos de un debate en donde tuvimos casi un mes debatiendo la ley en el congreso. Se discutieron diferentes puntos y no se llegó a nada. No vemos que el decreto ni mucho menos unificar los dos artículos  que pide la oposición sea la solución. La situación es compleja, simplificar el problema que hoy tienen las familias que alquilan y la situación habitacional en dos artículos de la ley es preocupante y es desconocer la problemática profunda que tiene la Argentina”, remarcó.

En abril, los alquileres tendrán un ajuste del 92,59%

El cuarto mes de 2023 llegará para las y los inquilinos  que renueven contrato con un nuevo aumento, como lo estipula la vigente ley. El precio de los alquileres sufrirá un salto que complica la economía de muchas familias ya que el aumento es del 92,59%. 

“Hasta que no se decida lo contrario, los inquilinos deben saber que para la actualización de su contrato se aplica la fórmula de indexación. Para calcular el aumento se consulta el ICL que publica el Banco Central y que contempla por partes iguales la variación de la inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC del Indec) y de los salarios según Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). detalló Irrera.

Abril entonces, arrancará “con un 92,59% de aumento”. Este incremento lleva a afilar el lápiz y a achicar algunos gastos. Aquellos mendocinos/as que planeaban independizarse o mudarse de locación deberán sacar cuentas nuevamente.

“Con este nuevo ajuste de abril, el precio de un monoambiente, el más básico, va desde los 40 mil pesos aproximadamente. Si hablamos de un departamento de dos dormitorios, cuestan entre 60 mil y 85 mil pesos. Ese sería el precio de partida pero luego hay que sumar otros aspectos como: las condiciones del edificio, la zona, amenities, pero ese es el precio inicial en promedio al que también se suman las expensas cuyos aumentos dependen de cada consorcio y de sus costos”, comenzó a remarcó Irrera.

Según el presidente de la  presidente de la Cámara Inmobiliaria, ese es el promedio general del Gran Mendoza y siempre hablando de lo más básico y barato. 

“En zonas de Las Heras y Guaymallén, se pueden encontrar departamentos de 35 mil pesos. Lo mismo sucede en las periferias de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Capital. Aquí la diferencia es que quizás tienen más metros cuadrados pero el precio no varía mucho”, agregó.

Casi tres años regulando el mercado inmobiliario

En noviembre de 2019, momento de su discusión, la Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo y fue aprobada por la Cámara de Diputados, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. 

La aprobada ley introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.

Ante la incertidumbre de las y los propietarios, uno de los primeros efectos no deseados de la ley fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Apenas unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Esto hizo que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y el tema fue uno de los lemas de campaña de la oposición en las elecciones legislativas.

Finalmente, en noviembre de 2021, Massa -que por aquel entonces presidía la Cámara de Diputados- anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para analizar el tema. Unos meses después, el 1º de marzo de 2022, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el propio presidente Fernández también pidió avanzar con cambios y reconoció problemas con el valor de los alquileres. Incluso se habló de suspender la ley por 90 días, lo que generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Pero nada de eso avanzó.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla, pero ninguno logró avanzar. En mayo de 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictamen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.

Para la oposición, esos puntos -el plazo y los índices de actualización- eran precisamente los temas centrales a modificar con opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.

Ahora, con lo trascendido en los últimos días, solo queda esperar para saber qué sucederá con la ley vigente.