La Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia son las tres patas que controlan y defienden los intereses del Estado provincial. La primera actúa en asuntos legales, la segunda fiscaliza el uso de recursos públicos y supervisa a agentes estatales que cometen irregularidades, mientras que la tercera controla los movimientos financieros internos de la provincia. En definitiva, son los organismos que les permiten a las personas que viven en Mendoza saber si la provincia está funcionando bien e incluso demandar las actuaciones puntuales que realiza el Estado.

Ahora bien, las preguntas que surgen sobre la base de esta estructura son: ¿las personas que viven en Mendoza ciertamente pueden llevar un control legal y financiero sobre el Estado?; ¿ciudadanos y ciudadanas pueden denunciar al Estado por malas actuaciones? A partir de estas inquietudes, Unidiversidad consultó al fiscal de Estado, Fernando Simón; a Leonardo Da Via, director del Tribunal de Cuentas; y a Paula Allasino, contadora general de la provincia, sobre las funciones que cumple cada órgano y cuáles son sus objetivos generales. Además, explicaron qué características particulares tienen sus puestos y por qué son vitalicios.

Fiscalía de Estado

Según el fiscal de Estado, Fernando Simón, este órgano “tiene tres grandes funciones sobre los demás poderes: el control de legalidad, es decir que las actuaciones de los tres poderes estén enmarcadas en la ley; la defensa del patrimonio del Estado, que consiste en controlar que los fondos públicos se manejen adecuadamente, y también cumple algunas funciones de control ambiental, dadas por la vieja Ley 5961. Además, el funcionario detalló que la Fiscalía interviene en todos los juicios en que sea parte el Estado provincial o municipal, lo que significa que participa “desde una demanda por daños y perjuicios (como, por ejemplo, cuando una persona demanda a la provincia porque se le rompió una rueda producto de una calle en mal estado o porque se le cayó una rama en el cuerpo y le produjo una lesión), hasta cuando se ve afectado el patrimonio por desmanejos con la Nación (como ocurre con la demanda por las regalías de los hidronihuiles, en la cual, desde 1973, la provincia sostiene que el Estado nacional paga mal y debe abonar un retroactivo, o lo que ocurre con la puja entre provincias por Portezuelo del Viento)”.

"Las personas que viven en Mendoza tienen la posibilidad de demandar al Estado provincial si consideran que está actuando por fuera del marco legal correspondiente, como así también de asegurarse de que este defienda los intereses de la provincia en el marco legal. La Fiscalía de Estado es un organismo de control fundamental y debe existir para que esté asegurado el orden legal de la sociedad. Sin este órgano de extrapoder, es inevitable caer en el caos legal", aseguró Simón.

La Fiscalía de Estado interviene en toda actuación administrativa en la que la provincia es parte, sostuvo Fernando Simón, que además aclaró que el órgano no interviene en cuestiones disciplinarias de funcionarios y funcionarias, ya que esa función la cumple la oficina de Ética Pública de la provincia. En ese sentido, el fiscal de Estado aclaró que “el único caso en el que interviene Fiscalía es si se ve afectado el patrimonio provincial por la actuación de algún agente público. Si hay una mala actuación de algún funcionario o funcionaria, se realiza un jury de enjuiciamiento o un juicio político sobre la persona en cuestión”. En cuanto a su función específica, Simón sostuvo que si existe una actuación de ilegalidad por parte de alguno de los poderes del Estado, él emite una opinión sobre esa situación, y si se continúa con la misma postura, puede plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, tal "como ocurrió meses atrás con el endeudamiento que decidió tomar el Poder Ejecutivo".

Por otra parte, en cuanto a la estructura del órgano, su titular especificó que la componen alrededor de 140 personas, que en su mayoría son abogados y abogadas. Además, indicó que trabajan especialistas en temas económicos y financieros y personal administrativo.

“Está estructurada con una Dirección de Asuntos Judiciales, que realiza el seguimiento a todos los juicios; una Dirección de Asuntos Ambientales, que maneja las denuncias de tipo ambiental; y una Dirección de Asuntos Administrativos, que interviene en las actuaciones internas de los poderes”, reveló Fernando Simón. Agregó que hay una Dirección de Administración, que es la que "realiza la liquidación de sueldos y toda la parte administrativa interna de la Fiscalía".

El fiscal de Estado, Fernando Simón, en su oficina. Foto: Unidiversidad

Tribunal de Cuentas

Leonardo Da Via, director general del Tribunal de Cuentas, explicó a este medio que el organismo es el encargado de “ejercer el control externo sobre la administración y gestión de los recursos públicos a fin de garantizar su adecuado uso, determinar posibles responsabilidades y prevenir irregularidades”. Según el contador (egresado de la Universidad Nacional de Cuyo), “existen dos organismos en la provincia que controlan los fondos públicos: la Contaduría General de la provincia y el Tribunal de Cuentas”.

“El primero realiza un control interno que interviene previamente al gasto que hace el tesorero con la orden firmada por el contador de la provincia. El segundo es un ente constitucional que tiene por objeto aprobar y/o desaprobar a todos aquellos funcionarios que hicieran o percibieran fondos públicos y sus inversiones”, explicó Da Via.

Sobre el alcance que tiene el organismo, su director afirmó que se circunscribe exclusivamente al control de la legalidad de la gestión de funciones. “El Tribunal de Cuentas es un organismo que controla la legalidad de los actos públicos que los funcionarios deben realizar en lo que se refiere al manejo de los caudales públicos de la provincia. No efectúa el control de gestión, el que, según la Ley 8706, debía hacerse por la Auditoría General de la provincia, que nunca se constituyó, principalmente por cuestiones financieras y presupuestarias”, especificó Da Via.

Finalmente, el contador Da Via remarcó que el control de legalidad consiste en “revisar que los funcionarios de todo organismo público aporten la documentación respaldatoria, a través del sistema Sidico, que acredite que los estados contables registrados estén conformes con las leyes vigentes”.

"La función del Tribunal de Cuentas es clave para que la ciudadanía pueda evidenciar el orden financiero de la provincia y para que las personas elegidas como funcionarias sepan que existe un control sobre su desempeño. Si no existiera este organismo, los mendocinos podrían ser vícitimas de desmanejos de fondos y de libertinaje por parte de funcionarios. Su existencia es clave para el orden financiero y legal", avisó Da Via.

Contaduría General de la provincia

Paula Allasino, contadora general de la provincia, explicó a Unidiversidad que este órganismo tiene como objetivo revisar todas las órdenes de pago que no pertenezcan al presupuesto provincial, a leyes especiales y a los acuerdos del Poder Ejecutivo. “En Mendoza, la ley de contabilidad fue suplida por la ley de administración financiera en el año 2015 (Ley 8706). A partir de su sanción, se determinó que la Contaduría General de la provincia es la unidad rectora del sistema de contabilidad; por lo tanto, es el ente responsable de recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos y actos económicos y financieros, afecten o no patrimonialmente a la provincia”, puntualizó Paula Allasino.

Y agregó: “Por lo tanto, la contaduría tiene un doble rol: el control de legalidad de todos los procesos de pago que realiza la administración central para poder dar la conformidad a las órdenes de cancelación y es la responsable de que se contabilicen de los actos y hechos económicos y financieros”.

Paula Allasino es la contadora general de la provincia. Foto: gentileza Paula Allasino

Allasino remarcó que la Contaduría General registra los ingresos y gastos del gobierno provincial, asegurando que se realicen de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. La contaduría también elabora estados financieros y presupuestarios para brindar una visión clara y transparente de la situación financiera del gobierno. Estos informes permiten a ciudadanos, ciudadanas y a responsables de la toma de decisiones tener una idea precisa de cómo se están utilizando los recursos públicos.

Según explicó la titular de la Contaduría, para cumplir con sus objetivos como órgano de control, debe:

• Ejercer el control de la Administración provincial;
• Observar las órdenes de Pago de la Administración Central;
• Controlar y requerir a los organismos de la Administración provincial la información necesaria para el cumplimiento del cierre de ejercicio.

En cuanto a su función como unidad rectora, Allasino indicó que la Contaduría General de la provincia realiza las siguientes actividades:

• Elabora el sistema de información económico-financiero y define el sistema contable, estableciendo su metodología;
•  Define los sistemas contables para las jurisdicciones y unidades organizativas de la Administración provincial;
•  Realiza las operaciones de ajuste y cierre necesarias para la producción anual de los estados contables financieros que integran la cuenta general del ejercicio económico-financiero, presentando anualmente al Tribunal de Cuentas la cuenta general del ejercicio de las jurisdicciones;
•  Prepara y mantiene el plan de cuentas;
• Registra las liquidaciones de sueldos de la Administración provincial.