Gabriel Fidel es el candidato propuesto por el frente Cambiemos para representar a Mendoza en el Parlasur. Asume las dificultades que trae aparejadas la ausencia de un marco legislativo y cree que será difícil avanzar en la moneda común de los Estados miembros. En esta entrevista, su opinión de un órgano que en 2014 sólo sesionó dos veces.

¿Cómo definiría el grado de institucionalidad del Parlasur?

El Parlamento del Mercosur se constituyó el 6 de diciembre de 2006 sustituyendo a la Comisión Parlamentaria Conjunta y es el órgano que representa a los ciudadanos de los Estados parte. La creación del Parlasur en 2005 tuvo como objetivo superar las dificultades para la incorporación de las normas Mercosur en los ordenamientos jurídicos de los países y la falta de obligatoriedad del cumplimiento de dichas normas por parte de sus miembros. También buscó superar la pobre participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones del proceso de integración. De esta forma, se constituyó el Parlamento del Mercosur (Parlasur) como un órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónoma, que integra la estructura institucional del Mercosur.

En el Protocolo Constitutivo se establecieron las competencias, entre las que se destaca “velar por la observancia de las normas, la preservación del régimen democrático, elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los derechos humanos, recibir y examinar peticiones de cualquier particular –sean personas físicas o jurídicas– relacionadas con actos u omisiones de los órganos del Mercosur, elaborar dictámenes con el fin de acelerar los procedimientos internos de entrada en vigor de las normas por parte de los Estados parte y desarrollar acciones y trabajos conjuntos con los parlamentos nacionales”.

Desde su sesión inaugural, el 7 de mayo de 2006, el Parlasur ha tenido un funcionamiento extremadamente acotado. Las atribuciones y competencias con que cuenta la institución son escasas, y por ello la totalidad de las normas del Mercosur son aprobadas por actos administrativos de los ejecutivos.

Teniendo en cuenta que el Mercosur requiere una institucionalidad republicana, siguiendo la conformación de los países que lo integran, creo que aún no ha alcanzado el grado de fortaleza institucional que requiere como órgano legislativo. Precisamente ese es el desafío de quienes seamos electos en las elecciones de octubre: trabajar para que sea una realidad el Parlasur y a través del mismo, contribuir a que nuestro bloque regional de integración sea sólido y que responda a sus objetivos fundacionales y a las expectativas de los ciudadanos. Hasta ahora sólo Paraguay eligió en forma directa a sus parlamentarios. Uruguay, Brasil, Venezuela y Bolivia –nuevo miembro pleno del bloque– tendrán plazo hasta 2020 para designar por elección directa a sus representantes del Parlasur. En medio de esta transición, habrá un desfasaje de representación que es importante resolver con rapidez para adelantar ese plazo y poner en marcha el pleno funcionamiento del Parlasur.

Por ello es necesario que se apure su conformación definitiva y su pleno funcionamiento, para que se transforme en la verdadera caja de resonancia donde estén representados no solo los países miembros sino las realidades regionales y federales de cada país. Para ello es indispensable que quienes ocupen las 43 bancas que están en juego tengan la idoneidad necesaria para coadyuvar al fortalecimiento de este órgano, que obviamente está unido al fortalecimiento del Mercosur.

Si queremos que el Mercosur y el Parlasur se fortalezcan, debemos avanzar en forma simultánea con todos los países miembros en adelantar el proceso de transición y esperar que en un futuro inmediato este Parlamento emita decisiones vinculantes. La elección directa de los parlamentarios por parte de los ciudadanos es un paso importante. Nuestro desafío será fortalecer un espacio regional que tenga fuerza y respuesta a los intereses de los países miembro.

¿El Parlamento del Mercosur tiene facultades decisorias sobre las políticas de Estado?

El Parlasur no pesa todo lo que debería. En 2014 sólo sesionó dos veces, aunque por el art. 114 de su reglamento debería al menos sesionar una vez por mes y sus decisiones son solo resolutivas, que no gravitan lo que deberían. Esperamos que con esta elección directa que realiza la Argentina ayude a darle más fuerza y acelerar el proceso de conformación final. Los parlamentarios hoy tienen derecho de voz y voto en los dictámenes, proyectos de normas, recomendaciones y pedidos de informes. Pero sus resoluciones aún no son vinculantes y deben ser refrendadas por los Congresos de los países miembros. Recordemos que, por el artículo 95 inc. 24 de la Constitución Nacional reformada en 1994, a los tratados de integración se les otorga jerarquía superior a las leyes nacionales y también a las normas dictadas por los organismos supraestatales.

Sabemos los problemas que atraviesa el Mercosur. El arancel externo común está afectado por numerosas excepciones, la eliminación de restricciones al comercio intra-región no se cumple por las restricciones a las importaciones, la integración productiva está afectada por los obstáculos a la inversión entre sus socios. Además, no hay coordinación de políticas macroeconómicas entre los países miembros, lo cual lo pone en permanente zozobra. En el año 2014, las exportaciones cayeron el 9,6 % y, según la CEPAL, la inversión extranjera neta alcanzó en el Mercosur en 2014 unos 71 615 millones de dólares, mientras que en 2013 había sido de 83 788 millones de dólares y en 2012 había alcanzado 85 107 millones de dólares.

El Parlasur con fuerza política real y no solo testimonial y en pleno funcionamiento ayudaría a fortalecer el proceso de consolidación del Mercosur. Tenemos muchos temas para llevar al debate en el Mercosur, tales como la energía, los recursos naturales y el medio ambiente, las exportaciones, la infraestructura, la educación, la ciencia y la tecnología. Debemos avanzar en el desarrollo de una relación estratégica que le permita a cada uno de los miembros aprovechar y potenciar las oportunidades que nos da el bloque regional y a la vez, juntos, enfrentar las oportunidades y amenazas que enfrentamos en un mundo globalizado.

¿Cuál cree usted que sería el beneficio para la provincia de formar parte del órgano?

Ser parte del Parlasur le va a permitir a Mendoza tener una inserción real en el proceso de integración del Mercosur. Hay una doble función que tiene el parlamentario. Una es la de participar como legislador y la otra es la de ejercer la representación de los intereses de los mendocinos negociando, participando, anticipándonos a los acontecimientos y estableciendo relaciones fuertes y estables con los países miembros, de manera de poder aprovechar y no padecer la integración regional.

Pongo a disposición de los mendocinos mi formación profesional que es específica en estos temas, mi experiencia nacional e internacional en el campo público, el académico y el privado. Es un cargo para el que creo tener la idoneidad necesaria para defender con fuerza e inteligencia los intereses de los mendocinos. Además, es una ventaja para Mendoza que yo sea parte del equipo del gobernador electo Alfredo Cornejo, ya que será mucho más fácil coordinar mi accionar con las políticas que lleve adelante su gobierno. Estoy convencido de que los funcionarios deben obtener resultados en su gestión. Mi participación deberá medirse en beneficios concretos para los mendocinos traducidos en logros dentro del ámbito del Mercosur.

El Parlamento del Mercosur en pleno funcionamiento, con representación y peso político, permitiría a las regiones de los países miembros, tal es el caso de Mendoza, tener la posibilidad de generar un proceso real de integración regional donde no solo pesen los centros políticos y económicos de poder. De los 43 representantes que se eligen en las elecciones, los 24 que llegamos desde nuestras provincias representamos la problemática territorial concreta del interior del país. Mendoza se ve beneficiada en la medida en que tenga una inserción y peso real y que pueda abordar su inserción en el Mercosur.

Una de las grandes deudas es la moneda común para los países miembros. ¿Cree que esta posibilidad es viable en las condiciones económicas actuales?

En su estado actual, como unión aduanera imperfecta y con las dificultades que se observan, veo difícil que el Mercosur adopte una moneda común, aunque me entusiasma mucho el tema, pues afianzaría el proceso de integración. Pero por ahora ni siquiera hemos logrado funcionar como una Unión Aduanera completa, permitiendo la creación de una reserva de mercado que amplíe los mercados locales, ofreciendo mejores oportunidades para sus productores, en especial las Pymes, integrar las cadenas de producción y favorecer una mejora de la competitividad regional para competir en un mundo cada vez más globalizado.

Desgraciadamente, a partir de los obstáculos puestos al comercio, el rol y los beneficios de la Unión Aduanera se han ido estancando. La vitivinicultura, el ajo y la producción frutihortícola fueron las más perjudicadas, pero también lo fue un sector industrial muy dinámico, como es la metalmecánica.

Sin embargo, las dificultades no me hacen renunciar a lo que creo debe buscarse como objetivo. En primer lugar, tal cual lo establece el Tratado de Asunción, la necesidad de la coordinación de la política macroeconómica (monetaria y fiscal), pues si no, nuestro proceso de integración siempre será muy débil. Si hay países con inflaciones altas, si hay fuertes variaciones cambiarias, si no hay las más mínima coordinación de las políticas fiscales, no hay previsibilidad y se dificulta el proceso de integración. Este es un tema que deberían tener más en cuenta los países del Mercosur. No descarto que en el futuro la región avance en un grado más alto de integración hacia una unión económica, pero por ahora habría al menos que cumplir con sus objetivos fundacionales.

En segundo lugar, en cuanto a una moneda común (y no única), me parece que sería un paso positivo. La Unión Europea llegó al euro como moneda única en 2002 después de un largo proceso de convergencia macroeconómica fijado por el Tratado de Maastricht (1992), que estipuló metas comunes de inflación, déficit fiscal, deuda pública y tasas de interés. En cambio, la moneda común podría crearse antes, y se usaría para ciertas operaciones regionales de comercio y turismo. Creo que el papel de una moneda común en la conformación de un mercado común regional es fundamental. El tratado de Asunción menciona la coordinación macroeconómica como elemento central.