El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, explicó que para aprobar el pedido de prisión domiciliaria de un interno, debe existir un equilibrio entre las recomendaciones de Salud respecto de quienes están en mayor riesgo ante el COVID-19, los factores sociales, psicológicos y la gravedad del delito cometido.

En diálogo con Radio U, Sarmiento, quien es juez de un Penal Tribunal Colegiado y cumple funciones de Ejecución Penal, es decir que controla el cumplimiento de las penas de los detenidos, explicó los factores y condicionantes que evalúa a la hora de otorgar o no la posibilidad de que algunos internos cumplan su pena en arresto domiciliario.

Esta semana la situación de los internos en las cárceles argentina -al igual que en el mundo- se convirtió en el centro de un debate mediático y de tires y aflojes político. Mientras de un lado se criticó la posibilidad de que un grupo de internos acceda al arresto domiciliario, otros aseguraron que si bien existen pedidos en este sentido, el o la magistrada será el encargado de analizar cada caso.

Hay 330 internos que han pedido la prisión domiciliaria en Mendoza

La Justicia Provincial y la Federal cuentan con 330 solicitudes de presos que han pedido la prisión domiciliaria. La mayoría de quienes la solicitaron son internos que han cometido delitos contra la integridad sexual, ya que gran porcentaje de los alojados en cárceles locales que superan los 60 años son los que han cometido violaciones, abusos y crímenes gravísimos, y están cumpliendo largas condenas.

Sarmiento enumeró los criterios que se tienen en cuenta para evaluar cada casa caso: los fijados por el Ministerio de Salud en la resolución Nº 627, donde establece las patologías que son más vulnerables frente a un contagio de Covid 19 y el rango etario más comprometidos, que son los mayores de 65, además de factores sociales, psicológicos y la gravedad del hecho cometido.

“Si hay un equilibrio entre todos estos factores se han otorgaron prisiones domiciliares, pero cuando hay una situación de gravedad en algunos de estos últimos tres factores, se ha rechazado el pedido”, fueron las palabras del magistrado.

Sarmiento también explicó cuál es el protocolo que existe para la prevención y abordaje de la pandemia en las unidades carcelarias mendocinas. Dijo que frente a un caso sospechoso se aislará dentro del penal a la persona y a sus compañeros de celda, se realizarán los análisis correspondiente y en el caso de ser positivo se los llevara a otro lugar de alojamiento específico para su monitoreo.

El magistrado comentó que si la evolución es favorable, el interno permanecerá en esa área específica, mientras que si es negativa  será internado a los efectos de buscar su mejoría.