El actual pulso de los independentistas catalanes comenzó en 2010. Cuatro años antes, habían aprobado en referéndum una ley autonómica (Estatuto) que el Tribunal Constitucional –un órgano que se ocupa de revisar las normas que puedan oponerse a la Constitución de España– recortó considerablemente. Después de que ese tribunal dictara sentencia, decenas de miles de catalanes salieron a la calle a protestar en la mayor manifestación en democracia en Cataluña.

Desde entonces, los independentistas catalanes se han esforzado en reunir multitudes en manifestaciones convocadas siempre el 11 de septiembre, el día de Cataluña, que conmemora la caída de Barcelona, en 1714, ante las tropas de la corona borbónica durante la Guerra de Secesión Española. La derrota dio lugar a la abolición de las instituciones catalanas. En aquella guerra civil del siglo XVIII, Cataluña no pugnaba por su independencia, sino por la legitimidad al trono de la Casa de Habsburgo, que había regido España desde la unificación de Castilla y Aragón.

Cataluña nunca ha sido una nación con un Estado propio, sino parte de la Corona de Aragón junto a Baleares y Valencia.

Organizadas por la Asamblea Nacional Catalana, que es una organización privada, las llamadas "diadas" se convirtieron en masivas protestas a favor de la independencia.

Desde 2010, el partido conservador catalanista Convergència i Unió gobernaba Cataluña. En 2012 su presidente, Artur Mas, dijo públicamente que era hora de que Cataluña tuviera estructuras de Estado, porque muchos catalanes ya se habían cansado de ayudar al resto de España. "No hay batalla más urgente que la soberanía fiscal de nuestro país... Producimos suficientes recursos y riqueza para vivir mejor de lo que vivimos", dijo. Por primera vez, un movimiento hasta entonces marginal veía sus anhelos reflejados en un presidente autonómico, que prometía "plenitud nacional".

Días después, Artur Mas llevó al parlamento una ley para convocar un referéndum de independencia, que fracasó. Inmediatamente convocó elecciones anticipadas, sólo dos años después de las anteriores. Perdió 12 escaños que en su gran mayoría fueron a parar a otro partido independentista, de izquierda: Esquerra Republicana de Catalunya.

Aunque los independentistas se quejan de que no se les deja votar, desde que se aprobara la Constitución española en 1978, en Cataluña se ha votado en 48 elecciones municipales, autonómicas y generales, además de referendos diversos. Aun así, los independentistas buscan que se vote sobre la independencia, algo que no contempla la Constitución española.

En 2013, los partidos independentistas pactaron un referéndum. Se celebraría el 9 de noviembre de 2014. Ante las denuncias del resto de los partidos catalanes y españoles, el Gobierno de Cataluña renunció a llamarle referendo y pasó a denominarlo "proceso participativo". Para evitar exponerse a una inhabilitación judicial, los gobernantes dejaron que lo organizaron voluntarios. La votación se celebró con urnas de cartón. Los partidos no independentistas la boicotearon y llamaron a sus bases a no participar. Al final votaron 2,3 millones de personas de un censo estimado de 5,4 millones de catalanes. El 80,76 % votó a favor de la independencia.

Paralelamente, se fueron descubriendo casos de corrupción que fueron minando al partido de Artur Mas, que ya había gobernado Cataluña entre 1980 y 2003. La policía y la justicia revelan que la formación solía cobrar el 3 % en comisiones ilegales de obra pública. Jordi Pujol, presidente de Cataluña durante dos décadas y mentor de Mas, develó que había ocultado una fortuna en Andorra, por lo que quedó imputado por blanqueo de capitales y delito fiscal.

Mas y su proyecto nunca han logrado mayoría absoluta (más del 50 %) en las urnas. En 2015 volvió a convocar elecciones y se presentó como cabeza de Junts pel Sí, una amplia coalición de izquierda y de derecha con el único fin de proclamar la independencia. Tampoco tuvo mayoría absoluta.

Desde entonces, todas las iniciativas legales aprobadas han dependido de un partido antisistema, radical y que predica la desobediencia civil, llamado CUP. De hecho, tras las elecciones, la CUP obligó a Artur Mas a abandonar la presidencia a cambio de otorgarles su apoyo para poder gobernar en Cataluña. Al dirigente nacionalista le sustituyó otro independentista, Carles Puigdemont, alcalde de Girona.

A pesar de las protestas de los partidos en la oposición y las advertencias del Gobierno, abogados, jueces, empresarios y las instituciones europeas, los partidos independentistas aprobaron el 7 de septiembre de este año una ley para convocar un referéndum el 1.º de octubre. Lo hicieron impidiendo las enmiendas de la oposición y después de que esta abandone sus escaños, dejando al parlamento medio vacío.

Ese mismo día, el Tribunal Constitucional español suspendió de urgencia esa normativa. Al día siguiente, los independentistas aprobaron otra ley, llamada ley de desconexión, que contempla todos los pasos para proclamar la república de Cataluña, con provisiones dudosamente democráticas, como que sea el propio presidente catalán el que elija y nombre a los jueces. Esta otra ley también queda suspendida por el Tribunal Constitucional. El proceso de los independentistas queda así al margen de la legalidad y en desobediencia abierta.