En la provincia hay más de 900 investigaciones sumariales iniciadas a empleados públicos de planta permanente por conductas plausibles de sanciones, muchas de ellas pendientes de resolución desde hace más de ocho años. En este contexto, en octubre pasado la Legislatura aprobó la Ley 9103, por la que se instituyó el Régimen General Disciplinario, el reglamento que ahora regula estos procedimientos. Pero la principal novedad es que en esa normativa se determinó la creación de la Oficina General de Sumarios, un ente nuevo que entrará pronto en funcionamiento y ya promete agilizar procesos.

Así, el objetivo que persigue el ente es el de acelerar la definición de las investigaciones. El subsecretario de Gestión Pública y Modernización, Ulpiano Suárez, habló de lo que significa para los empleados la demora de los trámites sumariales: “Tanto al que no cometió la falta como al que se le inició el sumario  están con el estrés, la angustia y la incertidumbre de tener un sumario cinco años sin que se resuelva. Y por otro lado, cuando un empleado sí cometió la falta y la cuestión no se resolvió durante años, lo más probable es que, cuando llegue la sanción, lo haga tarde y no corrija la conducta”, planteó a Unidiversidad el funcionario.

Habrá una etapa previa a la apertura de sumario en la que se analizará si realmente existen elementos para justificar la creación de mismo. Las denuncias pueden ser realizadas de oficio o por un tercero, es decir, por cualquier ciudadano. Si bien esto último ya sucedía, la nueva ley lo incluyó expresamente en su redacción.

En abril empezarán a trabajar los estatales que ingresaron por concurso

En abril comenzarán a trabajar los empleados estatales que ingresaron por concurso al Estado, un proceso que comenzó en febrero de 2018 y que está en su etapa final. En total, se concursaron 63 cargos de ascenso y 51 de ingresos de distintos escalafones y dependencias.

Las sanciones serán las mismas que ya se aplicaban: apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración.

La oficina solamente estará abocada a resolver los sumarios iniciados a partir del 16 de octubre del año pasado, cuando la Ley 9103 entró en vigencia. En el caso de aquellos que están en trámite en los distintos organismos desde antes de la sanción de la ley, se estableció un plazo máximo de 150 días corridos a partir del lunes 11 (día en que el Gobernador publicó el decreto reglamentario en el Boletín Oficial) para que sean resueltos. Esto quiere decir que más de 800 casos deberán estar zanjados en los próximos cinco meses.

La principal causa: inasistencias sin justificación

El subsecretario Suárez señaló que en la gestión actual se cesantearon a 300 empleados públicos. De estos, dos tercios fueron sumariados por faltar injustificadamente a sus trabajos.

Del total de 900 procesos en trámite, cerca de 300 vienen de la gestión de Celso Jaque, y la misma cantidad se acumulan de la época en que Francisco Pérez fue gobernador. Estos, junto a todos los demás sumarios que datan de antes del 16 de octubre de 2018, son los que se deberán resolver en los próximos 150 días.

El subsecretario Suarez amplió: “Hemos encontrado casos de empleados que han faltado 30, 60 o más días de manera injustificada, y por más que fuera tan clara la falta, sus casos no se resolvían. Nosotros entendemos que esto se debía a falta de voluntad política (…) Con esta oficina centralizada nosotros buscamos que quien investigue sea una oficina independiente que no tenga relación alguna con ese empleado que está siendo investigado”.

Quiénes formarán parte de la Oficina de Sumarios

El ente estará integrado por un coordinador (que deberá tener más de diez años ejerciendo de abogado) y otros cinco abogados sumariantes (a los que se les exigirá cinco años como mínimo). Los miembros serán designados por una resolución que el ministro de Gobierno Lisandro Nieri emitirá esta semana. Todos son empleados de planta en la actualidad, por lo que no habrá contrataciones nuevas, destacó el subsecretario de Gestión Pública.