La reforma tributaria es uno de los proyectos que presentó el presidente Mauricio Macri como parte de un paquete que busca reducir el déficit fiscal, mejorar el empleo y reducir la pobreza. El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se encargó de anunciar los cambios y uno de los más notorios fue la implementación de un impuesto al vino y a los espumantes. La noticia no cayó para nada bien en los bodegueros mendocinos y tampoco en el arco político que ya preparan proyectos que para que no se considere ese pago a la bebida provincial.

El diputado provincial Pablo Priore explicó esta situación. El referente del pro en la Legislatura explicó que el proyecto busca reducir la carga fiscal, reducir las cargas patronales y las cargas tributarias a las empresas. En este sentido aseguró que disminuirá el empleo informal. El gobierno nacional busca aumentar 1,5 puntos del PBI al término del quinto año de su aplicación por lo que la implementación de la reforma será gradual para garantizar la sustentabilidad.

Lo que se busca es que aumente la inversión. El propio Dujovne explicó que muchas empresas que reinvierten utilidades en el sistema argentino, estas se gravan con una de las tasas más altas de América Latina. Uno de los detalles es que se disminuirá la alícuota para dispositivos electrónicos. La alícuota actual de 17% para celulares, televisores o monitores se reduciría a cero. Además busca reducir los impuestos para los vehículos de gama media y aumentarlos para los de alta gama. El problema es que afecta las economías regionales.

El diputado consideró que se llegó a esta situación porque la provincia “perdió a los legisladores que defienden a la provincia. “Nos quedamos dormidos, pero estamos a tiempo de que se rectifique el resto del proyecto”, sentenció Priore.

En este sentido exclamó que la reforma tributaria perjudica a la principal actividad económica de la provincia, que genera mano de obra independiente y mejora la situación de las otras actividades económicas como el turismo. “Esta medida desalienta la actividad, mucha gente depende del vino”, exclamó. El legislador también reprochó el hecho que el proyecto considera al vino como una bebida no saludable y sí lo hace con otras bebidas como las gaseosas. “En 2013 el vino fue considerado bebida nacional y en ese momento los legisladores no se equivocaron, ahora sí”, concluyó.

Otros cambios

De acuerdo a lo que publicó el diario Ámbito financiero la iniciativa oficial toma en cuenta que el consumo de productos perjudiciales para la salud tiene costos individuales y costos sociales (daños a terceros, gastos del sistema de salud). Por esta razón se propone desincentivar su consumo (y de paso recaudar) a través del aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y bebidas con azúcar agregado.

Así, para la cerveza se propone una suba del 8 al 17% de la alícuota. Los espumantes y el champaña, que estaban exentos, pasarían a pagar 17%, y lo mismo sucedería con los vinos y sidras. En el caso de las gaseosas que actualmente tributan entre 4 y 8%, pasarían a estar exentas las que no tienen azúcar añadido y 17% las que contienen azúcar.

La utilización de servicios digitales pasaría a estar gravada con el 21% IVA (reservas de hoteles, pasajes, Netflix, spotify entre otras). Desde este punto de vista, el Gobierno sigue normativas de la OCDE que proponen cobrar impuestos en los países donde se consumen estos servicios y se contempla que las tarjetas de crédito operen en el futuro como agentes de retención.

En medio de una semana en la que el presidente Mauricio Macri presentó una serie de reformas en el sistema laboral, tributario y previsional, Priore agregó que se tratan de proyectos que necesitan del consenso y del trabajo de los diferentes sectores.