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Unicef: la mayoría de los abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes son varones heterosexuales
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13 DE FEBRERO DE 2025
A juicio por lavado de activos.
Foto: Gentileza MDZol
A cuatro meses del juicio que condenó al dueño y a empleados del prostíbulo Pyme Vip, ubicado en pleno centro mendocino, la investigación continúa pero ahora por lavado de dinero, un delito conexo al de trata de personas con fines de explotación sexual. Es probable que la nueva causa sea elevada a juicio antes de fin de año.
El fiscal federal a cargo de la causa, Fernando Alcaraz, confirmó que la investigación continúa abierta y que hay otras personas implicadas en el caso de lavado de activos, que no fueron a juicio por el delito de trata de personas. Entre los involucrados están Sebastián Solé, el dueño del local; su esposa, Nadia Haro; su padre, Cristian Prado; un socio y Romina Tonolli, que se sospecha es testaferro de Solé.
Alcaraz explicó que quedó evidenciado el lavado de activos, ya que se incautó dinero en el local por un monto cercano a los 2 millones de pesos, además de propiedades y vehículos de alta gama, que estaban a nombre de Tonolli.
Foto: Gentileza Sitio Andino
El caso
E 6 de febrero de 2013, la Dirección Provincial del Registro de Personas Desaparecidas recibió una llamada anónima de una mujer que denunció la existencia de un prostíbulo llamado Pyme Vip, del cual había escapado. Tres meses después, la Justicia allanó el local ubicado en 25 de Mayo 1114, de Ciudad, e imputó a su dueño y a empleados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
Luego del juicio oral, que comenzó el 5 de junio de 2015, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a Solé a 10 años de prisión por explotación económica de la prostitución ajena; a la administradora del local, Paola González, a cinco años; al gerente, Cristian Prado, a tres años y medio, y al médico ginecólogo Osvaldo Pastorino, a dos años de prisión y a cuatro meses de inhabilitación profesional por haber practicado un aborto. Además, fueron condenados a dos años de prisión el agente municipal Raúl Cuquejo y los policías federales Ángel Arias Ibáñez y Nelson Bravo Cortez, por haber cobrado coimas para no realizar las inspecciones pertinentes en el local.
Durante el juicio se logró el decomiso del dinero del local, que, según confirmó Alcaraz, ascendía a 2 millones de pesos en distintas monedas, además de propiedades y autos de alta gama. Por esto, la investigación por lavado de activos continúa abierta.
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