Hay varios puntos importantes que resaltan del proyecto de ley sobre aborto legal que comenzó a tratarse este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, como la aplicación obligatoria en todo el país y la objeción de conciencia de los médicos, pero no de las instituciones.

-El proyecto prevé que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción de la salud sexual y reproductiva de la población. 

-El Estado debe garantizar el derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, inclusive. El sistema de salud tendrá un plazo máximo de cinco días corridos para cumplir el requerimiento.

-Las autoridades de cada establecimiento público y privado no pueden pedir autorización judicial previa ni imponer requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso al aborto legal.

-Pasadas las 14 semanas se podrá acceder cuando el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud de la gestante o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

-Se sanciona con pena de prisión de entre tres y diez años al médico que obre sin consentimiento de la mujer; y con penas de entre tres meses y un año si realiza el aborto a partir de la semana quince, sin consentimiento de la gestante.

-Si se tratara de una menor de 16 años, el procedimiento se debe realizar con su consentimiento informado y debe respetarse el interés superior de la adolescente y su derecho a ser oída.

-Objeción de conciencia: el profesional de la salud solo puede eximirse de practicar la interrupción cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. Además, cada hospital o clínica debe llevar un registro de los profesionales objetores.

-Se crea un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyos datos deberán ser de estricta confidencialidad.