La Unión de Trabajadores Sin Tierra-Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI) de Punta de Agua (San Rafael) realizará una marcha el lunes 27 pidiendo al Gobierno que se respete la “ley veinteañal”, luego de que la organización presentara una denuncia este martes 21 contra la empresa transnacional Laguna Blue-Agua Segura, la cual intentó usurpar violentamente las tierras el pasado viernes 17. La “ley veinteañal”, es una normativa que reconoce el derecho de acceso a la propiedad por el sistema de usucapión (usar y disfrutar la tierra pacíficamente durante más de 20 años).

Según Damián Segura (UST-MNCI), la concentración empezará a las 10.00 con una asamblea general en la biblioteca popular del distrito. Posteriormente, realizarán cortes de rutas exigiendo que se declare persona no grata del departamento a Eliana Olguín –representante legal de la empresa transnacional– y al italiano Victorio Dellatofola –dueño de la compañía–.

De acuerdo con la víctima del episodio del viernes –Juan José Bravo–, no es la primera vez que la firma transnacional –a través de Olguín– intenta usurpar sus tierras. No obstante, el último intento no fue como de costumbre. Al tratar de hacer valer sus derechos de poseedor, Bravo fue atropellado, golpeado y amenazado por la abogada y sus acompañantes. Tras vivir esa pesadilla, la víctima radicó este martes una denuncia por usurpación de tierras y amenaza de desalojo.

Si bien las tierras en cuestión han sido compradas por la empresa, al momento de la adquisición no se tuvo en cuenta que toda propiedad sólo puede ser trasferida siempre y cuando no sea habitada por nadie. De ahí que el movimiento campesino reclame la aplicación de la “ley veinteañal”, contemplada en el artículo 3948 de nuestro Código Civil, que permite la adquisición de inmuebles mediante la posesión continuada en el tiempo y luego de cumplir las exigencias requeridas por la ley.

La comunidad de Punta de Agua exige que se ponga en vigencia ese artículo, ya que gran parte de sus habitantes llevan viviendo allí más de 40 años, es decir que cumplen con el requisito de poseedores que establece la ley. Para que ellos puedan ser reconocidos como propietarios de los inmuebles por la ley, necesitan la escrituración. No obstante, para que la comunidad de Punta de Agua concrete ese trámite –de acuerdo con Segura–, se necesitan como mínimo $ 100 mil, cuya cifra es imposible de obtener si se tiene en cuenta que los habitantes del distrito se dedican a la cría de ganado caprino, bovino, caballar y mular.

Según Segura, la Dirección de Desarrollo Territorial hizo caso omiso al reclamo de los vecinos, tras pedir repetidamente su intervención en el conflicto. Solamente la Delegación Municipal de San Rafael ofreció su ayuda. En una primera instancia, la comunidad pide que se reconozca la titularidad de los terrenos, esto es, su escrituración. En caso de que esta etapa no se pueda llevar a cabo, exigirán al Gobierno la expropiación de las tierras que reclama la empresa de Dellatofola.
 

Punta del Agua, el distrito más codiciado de San Rafael

Esta localidad se encuentra a 146 km de San Rafael y a 80 de General Alvear. El distrito comprende un amplio sector del sudeste del departamento y su villa cabecera se sitúa en un pequeño oasis, en el cruce de las rutas provinciales 179 y 190.

Asimismo, se desataca por tener una ínfima cantidad de pobladores, ya que cuenta con cerca de 1500 habitantes. En ese lugar se ejerce la cría de ganado caprino, bovino, caballar y mular. Debido a que no posee escuelas, la mayoría de sus habitantes no sabe leer ni escribir, lo que los expone a ser víctimas constantes de intentos de usurpación.